Sindicatos y ONG censuran la medida de la UE para traer trabajadores extranjeros cualificados y abogan por la formación de los inmigrantes que ya están presentes en España
Algunos llegarán con tarjeta de embarque. Otros seguirán perdiendo la vida en pateras, en cayucos, entre los ejes de cualquier camión. Para los primeros, los pocos trabajadores cualificados del tercer mundo, la tarjeta azul. Para el resto, la mayoría, no hay tan siquiera papeles.
Bruselas acaba de aprobar la tarjeta azul, una suerte de green card como la existente en EE. UU., con la que pretende cubrir huecos laborales allí donde no encuentra suficientes trabajadores autóctonos sobradamente preparados, léase, por ejemplo, el sector aeronáutico.
La idea, en una primera lectura, no deja de ser seductora para todos: dice la UE que la mentada tarjeta azul beneficiaría a los países de acogida, que sacarían provecho de una maniobra de calidad, y a los extranjeros diplomados, que accederían a un empleo bien remunerado.
Discriminación
Pero los sindicatos profesionales y las asociaciones de inmigrantes señalan que también hay gente que perdería mucho con esta copia de la tarjeta verde estadounidense: quienes ya trabajan en la UE (sean nacionales o inmigrantes) y los países emisores, que verían irse sus mejores profesionales.
Esta inquietud existe entre los inmigrantes ecuatorianos, una de las tres comunidades con más presencia en España. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, dice que «es evidente que es una discriminación» contra los trabajadores menos formados. Apunta que si se adoptara la propuesta de la Comisión Europea, «sería una división del trabajo añadida a las que ya existen: entre nacionales y extranjeros, entre comunitarios y no comunitarios, entre regulares y sin papeles…».
Desde la UGT, Gracia Herrera también considera que la propuesta es «discriminatoria». Sobre la posibilidad de crear una ventanilla única, que permitiría a los inmigrantes más cualificados solicitar de una sola vez un permiso de residencia y trabajo válido en los 27 Estados, explica que «no [le] parece mal, pero habrá que hacerlo para todos».
Mauricio Valiente, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), habla por su parte de «un mecanismo peligroso para el compromiso de la UE con el desarrollo de los países emisores». Dicho en otras palabras, «una fuga de cerebros», que debilitará a las economías en vías de desarrollo. Aunque la UE pretende que los trabajadores se reintegren en sus países después de algunos años, Valiente se muestra escéptico. «Dificilmente van a volver a su país si las empresas luchan para que se queden», observa.
Jiménez coincide con Valiente y añade que antes de «buscar fuera inmigrantes a la carta», habrá que «garantizar los derechos de los que ya están» en España. «No es egoísmo, pero hay inmigrantes que no son bien atendidos», dice.
Garantizar un trato similar
Los mismos argumentos han sido empleados en Bruselas. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) dijo el martes que la tarjeta azul propuesta hoy por la Comisión Europea para atraer a inmigrantes de alta cualificación no debe afectar negativamente a los trabajadores que ya están en la UE, sean inmigrantes o no.
La organización indicó, en un comunicado, que están a favor de una política global de empleo en la UE que ofrezca canales legales a la migración, pero al mismo tiempo aplicando «rigurosamente» las normas laborales y garantizando a los inmigrantes el mismo trato que para los trabajadores locales.
Añadió que la inmigración «no debe ser una solución fácil para remediar la penuria del mercado de empleo y la evolución demográfica». En el mismo sentido se pronuncian Rumiñahui y la CEAR, que defienden la necesidad de facilitar el acceso a la formación de los inmigrantes ya presentes en España, para que puedan cubrir los puestos vacantes.