La pobreza extrema en la región aumentó de 81 a 86 millones de personas entre 2020 y 2021, lo que representa un retroceso de 27 años, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al entregar este jueves 27 su informe anual Panorama Social.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo al presentar el informe en esta capital que “pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”.
Mientras que la pobreza extrema aumentó de 13,1 a 13,8 % de la población, la tasa de pobreza general disminuyó levemente, de 33 a 32,1 %, bajando de 204 a 201 millones de personas.
“La historia nos enseña que la pobreza extrema es más difícil de erradicar que la pobreza relativa, porque los pobres extremos están en peores condiciones de alimentación, salud, educación y acceso a oportunidades”, comentó Bárcena.
Un dato crucial es que “la crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia”, indicó el reporte.
La región presenta el mayor número de defunciones informadas por covid (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que “seguirá creciendo mientras la pandemia persista” y representa 28,8 % de las muertes por esa enfermedad en el mundo, pese a que su población apenas asciende a 8,4 % del total mundial.
“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”: Alicia Bárcena.
Al 26 de enero de este año, 62,3 % de la población de la región (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la Cepal pidió incrementar esfuerzos, de modo que a mediados de 2022 todos los países hayan vacunado a 70 % de su población con el esquema completo.
La crisis también evidenció la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, con bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva.
Ya desde 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios, se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez, y se constató un aumento de la desigualdad.
El coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso- aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020, un deterioro directamente relacionado con las repercusiones de la pandemia
La pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema sería alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos más elevada, según promedios de siete países.
En los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89 700 millones de dólares, mientras que en los primeros 10 meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad, 45 300 millones de dólares.
Bárcena pidió que esas transferencias monetarias de emergencia se mantengan en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
En lo que respecta a la educación, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades y riesgo de abandono escolar.
Asimismo, el cierre escolar ha impactado en la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres.
Bárcena dijo que “la pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
Parte de ese contrato social debe ser un nuevo pacto tributario, consensuado entre los Estados, el sector privado y toda la sociedad, para contar con recursos que permitan un desarrollo inclusivo y “sin dejar a nadie atrás”, subrayó Bárcena.
“Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, concluyó la secretaria ejecutiva de la Cepal.
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Colombia, Haití y Honduras son focos de hambre en la región
IPS, 28-1-2022
Roma. Colombia -incluida la fuerte migración desde la vecina Venezuela-, Haití y Honduras son los tres países latinoamericanos donde la situación de inseguridad alimentaria aguda se agravará entre febrero y mayo de este año, indicó un reporte divulgado este viernes 28 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El impacto económico de la pandemia covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias abonan la inseguridad alimentaria en esos países, según el informe “Focos del Hambre”.
El PMA indicó que en todo el mundo hay al menos 43 millones de personas que requieren alimentos de manera urgente, en 20 focos de hambre aguda que cubren 24 países, de los cuales 16 son de África al sur del Sahara y casi todos asaeteados por cruentos conflictos armados.
Cinco de los focos están en Asia: Afganistán, Líbano –que ha recibido centenares de miles de refugiados sirios-, Myanmar, Siria y Yemen, y los tres restantes en América Latina y el Caribe.
En una escala de uno a cinco, entre alimentación suficiente y situación de hambruna, los países con mayor cantidad de personas en las graves posiciones de tres a cinco son la República Democrática del Congo (25,9 millones), Afganistán (22,8), Nigeria (18), Etiopía (16,8) y Yemen (16,1 millones).
En Haití están en esa condición 4,5 millones de personas, y en Honduras 3,3 millones.
En Colombia se estima que cerca de 7,3 millones de personas (en una población de 50 millones) sufren algún grado de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. Esa cifra incluye 1,1 millones de los 1,8 millones de migrantes llegados de la vecina Venezuela en los últimos siete años.
Altos porcentajes de la población migrante venezolana en Perú y Ecuador también están en situación de inseguridad alimentaria, acotó el informe del PMA, y se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
En el caso colombiano influyen, según el PMA, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla FARC, que provocó violencia y nuevos desplazamientos masivos, así como la desigualdad amplificada por la pandemia, y la inflación que afecta el poder de compra de las familias pobres.
Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, la distribución de insumos agrícolas, establecer áreas para la producción rápida de alimentos, y atención médica veterinaria.
En el caso de Honduras, la poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia, son las dos principales causas de un empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses por venir, sobre todo en el Corredor Seco del país.
Aunque la producción de maíz disminuiría solo tres por ciento en comparación con la media de los cinco años anteriores, la reducción de 60 % que se espera en la producción de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.
Además, según el Banco Mundial, 32 % de las personas empleadas perdió o abandonó su trabajo como resultado de perturbaciones derivadas de la pandemia.
En la arena política, el estancamiento en el Congreso (con dos directivas confrontadas) y la desconfianza generalizada en las instituciones públicas sería un desafío para el nuevo gobierno, iniciado el jueves 27 con Xiomara Castro como presidenta, y obstaculizaría sus políticas de combate a la pobreza.
El PMA recomienda ampliar la cobertura y calidad de los programas nacionales de alimentación escolar, brindar asistencia de emergencia a las poblaciones más vulnerables, impulsar los mercados locales y ampliar las transferencias de efectivo.
En Haití, la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerban los de por sí alarmantes niveles de hambre, especialmente en los departamentos del sur del país.
Según cifras de las Naciones Unidas, para inicios de febrero unos 4,3 millones de personas requerirán ayuda alimentaria de emergencia, y de marzo a junio el horizonte se agravaría para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.
La depreciación de la moneda haitiana y el alza en los precios de los combustibles y las materias primas erosionarán más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta 40 % más que hace un año, por aumentos de precio de productos importados como aceite vegetal, harina de maíz y el trigo.
Para Haití se recomienda distribuir alimentos, implementar transferencias de efectivo e insumos para la agricultura y el ganado a las familias más necesitadas, y rehabilitar las infraestructuras agrícolas comunitarias afectadas por el terremoto, incluidas las áreas de almacenamiento de semillas, captación de agua y sistemas de riego.
Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/01/aumenta-la-pobreza-extrema-en-america-latina-y-el-caribe/