La adhesión incauta de miles de activistas a causas que persiguen la reducción de la pobreza puede tener consecuencias imprevistas, debido a la falta de análisis socioeconómico y la creencia ingenua en la efectividad de la manifestación espontánea. Debe iniciarse un debate multidisciplinar que refleje las verdaderas consecuencias institucionales de la redistribución de la renta, en relación con las intenciones de las protestas, y de la posible existencia de intereses desviados en el seno del activismo.