España no puede permanecer al margen de los drásticos desarrollos que tienen lugar en los terrenos de su antigua colonia adyacente del Sáhara Occidental. Ha quedado claro que Marruecos pretende involucrar a potencias externas en un juego geopolítico para complicar la solución del conflicto. Sin embargo, las obligaciones de España como potencia administradora del territorio le permiten abogar por la aplicación del derecho internacional para evitar cualquier escalada en la región y salvaguardar sus intereses.

Si el nuevo gobierno usamericano no se apresura a remediar el daño causado a la legalidad internacional por la política de quid pro quo (intercambio de favores) seguida por el gobierno anterior, no habrá consenso internacional. Su alocada inclinación socava las aspiraciones que tiene la humanidad de progreso, seguridad y estabilidad. En cambio, fomenta la injusticia, la autocracia, la tendencia a la expansión y el terrorismo de Estado.

Tan pronto como el presidente Donald Trump tuiteó el 10 de diciembre que firmaba una “proclamación” reconociendo la ocupación ilegal marroquí del Sáhara Occidental, surgieron las condenas dentro y fuera de Estados Unidos considerando la decisión del presidente saliente contrarias al derecho internacional.