Grecia, Irlanda y Portugal son los primeros tres países de la eurozona que sufren la tutela directa de sus acreedores, al aceptar planes de «ayuda» concedidos por la «Troica», compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europea (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero estos acuerdos, que generan nuevas deudas y que imponen a las poblaciones unas medidas de austeridad sin precedentes, pueden ser cuestionados con los fundamentos del derecho internacional. En efecto, estos acuerdos son «odiosos» y por lo tanto ilícitos. Como subraya la doctrina de la deuda odiosa, «las deudas de Estado deben ser contraídas y los fondos que provienen de ellas utilizados para las necesidades y en los intereses del Estado».[2] Y, por supuesto, los créditos de la Troica son condicionados a medidas de austeridad que violan el derecho internacional impidiendo que estos Estados salgan de la crisis.