A días de culminar su mandato, el representante de la Cuarta Sección Electoral y empresario del agronegocio, Oscar Sánchez, impulsó una normativa que no delimita ninguna distancia de fumigación sobre las «zonas de amortiguamientos». Además, establece 30 metros de franja de protección para escuelas rurales y cursos de agua.

Es un insecticida altamente tóxico que la Unión Europea prohibirá desde enero. Sólo en la campaña sojera bonaerense se aplican seis millones de litros al año. Está presente en el agua. Y se detectaron residuos de clorpirifós en 33 alimentos, entre ellos tomate y lechuga.

Argentina está entre los países que más pesticidas utilizan en el mundo, con 500 millones de litros al año. Organizaciones ambientales y médicos buscan bajar el uso «sin que el productor ni el país pierdan plata».

Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.

Un estudio elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en colaboración con expertos, concluyó que «existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades indígenas» que viven en la zona.

La muerte de la docente Ana Zabaloy, afectada de cáncer y fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida, desnuda un panorama desolador: según el Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, 700.000 alumnos estudian con glifosato en el aire.

Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de «amortiguamiento», es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales