Gilberto López y Rivas

Artículos

El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

En bello texto, nuestra colega de Cuba Rosa Miriam Elizalde dio a conocer el caso de Ana Belén Montes, de familia puertorriqueña, ciudadana estadunidense, quien acaba de cumplir 64 años, y desde hace dos décadas se encuentra encarcelada en una lúgubre prisión federal en Fort Worth, Texas.

Múltiples iniciativas de organización y resistencia se están desplegando en los frentes de lucha de los pueblos, pese a la emergencia sanitaria de una pandemia que agrava, amplía y profundiza la crisis sistémica y civilizatoria del capitalismo.

Es significativo que entre las últimas acciones de gobierno de Donald Trump, acusado formalmente de instigar un ataque violento al Capitolio por una multitud enardecida de sus seguidores, reintegrase a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

En abril de 2018, publiqué un artículo titulado El proyecto Chemours Laguna y los gobiernos de traición nacional, (La Jornada, 6/4/18), en el que me sumé a la denuncia del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en contra de la empresa estadunidense The Chermours Company, que ha buscado instalar, desde 2016, una planta química para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en Durango, después de que en Guanajuato encontró la férrea resistencia, primero en Salamanca, por parte del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera y, posteriormente, en San Luis de la Paz, al norte de la entidad, por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.

En la madrugada del 23 de noviembre, aprovechando la emergencia sanitaria de Covid-19, que cayó como anillo al dedo, expresaría el Presidente, cientos de militares con uniforme de la Guardia Nacional, acompañados de policías estatales y municipales antimotines, desalojaron y desmantelaron dos plantones-campamentos que ejidatarios mantenían pacíficamente en resistencia activa al Proyecto Integral Morelos (PIM), desde 2016, en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, ubicado en las márgenes del río Cuautla.

Kenia Inés Hernández

La criminalización de la lucha social por aparatos judiciales del Estado capitalista ha sido una constante en México.

El derecho de asilo ha sido una tradición del pueblo mexicano, instituida como política de Estado por el general Lázaro Cárdenas, desde los años aciagos en que abrió las puertas del país a los refugiados de la República Española, tras el triunfo de la asonada fascista de Francisco Franco.

La historia del México contemporáneo está marcada por crímenes de Estado y lesa humanidad, como el que se llevó a cabo hace 52 años en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para aniquilar, literalmente a sangre y fuego, el Movimiento Estudiantil-Popular de 1968.

Oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM) y equiparar la hidroeléctrica de Huexca con un basurero toxico en Jerusalén quedaron en el baúl de compromisos incumplidos de la campaña electoral, desde que el 11 de febrero de 2019, ya como jefe del Ejecutivo, anunciara un cambio de 180 grados en sus posiciones, forzando a los pueblos […]

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