Recientemente fue aprobada la ley que permite el establecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas privadas (MPYME) en Cuba y uno de los elementos más divulgados por la prensa, ha sido la posibilidad de que los emigrados inviertan en las mismas.

Las manifestaciones de descontento ocurridas el pasado 11 de junio en Cuba, han reforzado la idea de la necesidad de un diálogo nacional, que sirva para articular nuevos consensos y ampliar los mecanismos democráticos existentes.

Los congresistas republicanos cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, presionados por los reclamos de sus bases electorales respecto a la cancelación del Programa de Reunificación Familiar (PRF) para los cubanos, llevada a cabo por el expresidente Donald Trump en 2017, ahora se aparecen con la engañosa propuesta de convertirlo en ley y así ocultar su complicidad con el daño que esta medida ha ocasionado a miles de familias cubanas. Ahora pretenden remplazarlo con la Ley de Reunificación Familiar Cubana de 2021.

Funcionarios del gobierno norteamericano han insistido en que Cuba no es una prioridad para Estados Unidos. No puede serlo, en las condiciones actuales, para Estados Unidos no existe otra prioridad que los propios Estados Unidos.

La política de Cuba hacia la emigración responde a factores básicamente endógenos, cualquiera sea la política de Estados Unidos hacia Cuba. No obstante, no deja de ser cierto que los vaivenes de la política doméstica norteamericana siempre han tenido una influencia extraordinaria en el comportamiento de los emigrados residentes en ese país y sus posiciones respecto a Cuba.

En Estados Unidos existe una escuela de pensamiento encargada de establecer el papel de las sanciones en la política exterior de ese país. La conclusión primaria de estos investigadores es que, en términos prácticos, la sanción ocupa un lugar intermedio entre la diplomacia y la guerra. Visto de esta manera, Estados Unidos está «casi en […]

En 1998, apenas dos años después de ser aprobada la ley Helms-Burton, el Center for Public Integrity (CPI), una reconocida organización no lucrativa dedicada a la investigación periodística con el fin manifiesto de «revelar abusos de poder y la corrupción de instituciones públicas y privadas» de Estados Unidos, publicó un extenso informe sobre el origen […]