Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del problema.

La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y empresas españoles pero también a los dos partidos que forman el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los últimos datos publicados sobre la evolución de la deuda en todo el mundo vuelven a mostrarnos que estamos sentados sobre una bomba que va a estallar sin remedio, si no se adoptan medidas adecuadas para desactivarla.

Desde los años ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a liberalizarse los movimientos de capital y a crearse espacios prácticamente libres de impuestos, los paraísos fiscales que permiten eludirlos a las grandes empresas multinacionales, multitud de economistas críticos, activistas y organizaciones de todo tipo venimos pidiendo que se acabe con esa injusticia tan vergonzosa.