Julia Chuñil es mujer, mapuche y campesina, y tenía 72 años cuando desapareció. Su vida y su historia hasta el 8 de noviembre de 2024 están marcadas por la violencia racista, de género y la violencia de clase, a la que se sumó en los últimos años la violencia extractivista. Ahora la suerte de la defensora de bosques y aguas de su territorio ancestral, depende de una justicia patriarcal.

No hay aún juicio ni imputados. Se desconocen por completo las líneas de investigación desarrolladas por el fiscal Carlos Bahamondes en la demanda por secuestro y posible homicidio. No hay medidas urgentes adoptadas al respecto por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, o por el Presidente Gabriel Boric y su Plan de Búsqueda, o por la ministra Antonia Orellana del Ministerio de la Mujer, o el Director de CONADI, Álvaro Morales.

“No sirven los combates heroicos que sólo serán testimonio, nos sirve el lento y pesado trabajo en la base para construir las fuerzas necesarias”

Pablo San Martín Chuñil demandó al gobierno de Boric reforzar la investigación con participación directa de la Brigada de DDHH de la PDI de Santiago, porque los medios actuales y pesquisas no dieron resultado y solo aumentan el dolor de la familia. Anunció que si el 20 de enero aún no hay cambios, regresará a Santiago para buscar la intervención directa del Presidente Boric.

La dirigenta mapuche, de 72 años, con una vida marcada por la pobreza y la discriminación hasta su retorno al campo, preside su comunidad, reconocida por CONADI en 2014 y ha liderado la reivindicación de sus tierras ancestrales ante CONADI

En clave 2024, la biografía de Miguel Enríquez, lejos de alimentar un mito, constituye un insumo para la necesaria reflexión sobre los dilemas del presente.

El carácter anti popular de nuestra democracia quedó una vez más a la vista en esta oportunidad.

«Hacemos un llamado a que los parlamentarios abran un debate público sobre el tema, un debate que vaya mucho más allá de los muros del Congreso, pero en el que participen tanto diputados como gente del ámbito social, ambiental y de los Derechos Humanos, porque en realidad esto tiene que ver con el futuro de nuestro país, con nuestros territorios, con los bienes comunes naturales, así que no es un tema menor», señala Lucía Sepúlveda Ruiz, coordinadora de Chile Mejor Sin TLC.

El tratado compromete a Chile en futuras operaciones militares de la UE bajo el disfraz de “cooperación”.

La entrega del litio y el rol asignado a Chile de proveedor de insumos para la transición energética europea; la apertura de las compras públicas a empresas europeas; los impactos ambientales y en pueblos indígenas, entre muchas otras materias delicadas, recién podrán ser puestos en conocimiento de la ciudadanía y del parlamento, que hoy ignora los contenidos del tratado.