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La brigada política se reunió el 16 de abril de 2016 con un confidente venezolano, redactó un informe y el 5 de mayo Okdiario publicó la información con la cuenta falsa en un banco de Granadinas, a menos de dos meses de las elecciones generales en las que Rajoy se jugaba su continuidad en La Moncloa.
El abogado José Aliste es un colaborador policial con un amplio historial delictivo que buscó confidentes, viajó a Miami y trabajó con la brigada política con la tesis de que Podemos había recibido 30 millones de Venezuela por orden de Hugo Chávez.
Testimonios de policías que actuaron cumpliendo órdenes y contradicciones entre los imputados acreditan las maniobras para evitar que Podemos alcanzara un acuerdo de Gobierno en 2016.
Podemos invitó a una jornada en el Congreso a las imputadas, quienes calificaron de “valiente iniciativa” los ataques de Hamás del 7 de octubre y destacaron cómo lograron devolver la atención mundial al sufrimiento del pueblo palestino.
Guerra sucia contra Podemos desde su nacimiento
El rastreo de los diputados de Podemos en las bases de datos policiales es solo el último capítulo de cómo el Partido Popular utilizó al Ministerio del Interior para sabotear a la formación política desde poco después de su creación.
Los agentes atribuyen al colectivo 65 acciones de protesta que habrían provocado daños superiores al medio millón de euros y atribuyen a tres de ellos el papel de “coordinadores”
Los vocales conservadores del CGPJ y asociaciones corporativas de jueces y policías se suman a los pronósticos apocalípticos de PP y Vox sobre el fin de la democracia si se consuma el acuerdo de investidura.
Un tribunal militar anula la única sanción impuesta: cinco días de empleo y sueldo al comandante encargado de investigar la filtración de uno de los informes manipulados, tras sabotear sus propias pesquisas y destruir la copia de 40 discos duros
Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales.
Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del extranjero, son posteriores a la abdicación del rey emérito, por lo que no están amparados por la inviolabilidad constitucional que le protege de ser juzgado en otros casos