Leonel Fernández deja ocho años de gobierno atrás. Antes ejerció la presidencia por cuatro años -su primer periodo de gobierno 1996-2000- catapultado por un pacto con Balaguer y el balaguerismo que impregnaría de lodo y sangre toda su trayectoria posterior. Examinada su gestión de gobierno con ojos críticos y mente abierta, no hay manera de […]
Leonel Fernández deja ocho años de gobierno atrás. Antes ejerció la presidencia por cuatro años -su primer periodo de gobierno 1996-2000- catapultado por un pacto con Balaguer y el balaguerismo que impregnaría de lodo y sangre toda su trayectoria posterior.
Examinada su gestión de gobierno con ojos críticos y mente abierta, no hay manera de llegar a conclusiones mediatintas.
Corrupción y delitos de Estado
Leonel Fernández cargará eternamente -durante toda su vida y mas allá de la muerte- con el fardo de haber roto todos los récord en materia de corrupción y delitos de Estado, incluidas formas de criminalización de las protestas populares y modalidades de asesinatos y torturas policiales a nombre de la lucha contra la delincuencia, siempre entrelazadas con el desprecio a sociedad empobrecida y a la marginalidad social.
En los últimos ocho años el Estado dominicano ha pasado a ser de un Estado delincuente a un narco-estado, en el que las asociaciones y complicidades con los cárteles de las drogas, las bandas de sicarios y las operaciones conjuntas de lavado de dinero sucio, han hecho metástasis dentro de la Policía, la DNCD, la DNI, las FFAA, el gabinete de gobierno, el Congreso y el sistema judicial; hasta conformar, bajo el mando presidencial, una institucionalidad garante de la impunidad de sus principales protagonistas y beneficiarios, siempre bajo la sombrilla palaciega.
Patrimonio público y natural del país
El presidente saliente ha sido el gran liquidador -para beneficio propio, de sus íntimos colaboradores, de su generalato y de los grupos empresariales afines (criollos y extranjeros)- del patrimonio público y natural del país, crimen de lesa humanidad.
El reparto de las riquezas del CEA, CORDE, CDE, Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano, INESPRE… siempre a nombre de las supuestas bondades de la privatización -capitalización- no deja dudas del saqueo y la entrega de los bienes y recursos públicos a favor de onerosas concesiones a consorcios privados, políticos favoritos y personas allegadas al mandatario.
Así, en los últimos dos periodos de gobierno del PLD, valiosas tierras costeras, urbanas, agrícolas, forestales, fuentes de agua, yacimientos mineros, maquinarias, empresas y propiedades diversas del Estado… han pasado a manos privadas «a precio de vaca muerta».
Las operaciones bajo soborno a las autoridades de las grandes granjeras, casi todas vinculadas a personeros del régimen, han devenido en crimen incalificable contra la naturaleza y la sociedad.
Crecimiento, desigualdades, empobrecimiento y macro-economía
Leonel Fernández y su equipo económico han sido los responsables de un crecimiento económico destinado a provocar las más grandes y profundas desigualdades en la historia del país y a expandir sobretodo el capital especulativo y comercial.
La culpa resulta entonces superior, pues pudiendo destinar ese crecimiento al bienestar social colectivo, optaron por aplicar en términos drásticos la ley del embudo: lo ancho para arriba y lo estrecho hacia abajo.
La estabilidad macroeconómica funcional a esa política de crecimiento con empobrecimiento ha estado basada en el endeudamiento público (externo e interno) a niveles alarmantes, en la tolerancia sin límites y promoción del lavado de dinero sucio (dinero de la corrupción administrativa y la droga), en la sobre-explotación de la mano de obra y del talento de los/as dominicano/as que han emigrado a EEUU y Europa y en el flujo perverso de capitales aventureros e inversiones extranjeras irresponsables.
La fragilidad de esa estabilidad es obvia, sometida permanentemente a una erosión soterrada a consecuencia del crecimiento constante de la corrupción de Estado y del enorme derroche de recursos vía clientelismo, sobornos, y fatuidades en las altas esferas a nivel de gobierno y Estado, cada vez más peledeízadas.
Así las cosas:
· La deuda pública asciende a los 25 mil millones de dólares y compromete el 40 del presupuesto nacional en pago de servicios.
· El déficit comercial supera lo 4,000 millones de dólares, presionando permanentemente hacia un mayor endeudamiento externo.
· El déficit fiscal e lo que va de año supera en algo los 50 mil millones de pesos.
· La mayoría de los empleos son precarios, el 53% son informales y el desempleo real, aunque el gobierno lo oculte, supera el 25% de la población económicamente activa; registrándose cifras de pobreza y pobreza extrema, que sumadas superan con creces el 60% de la población del país y afecta dramáticamente a una gran cantidad de emigrantes y descendientes de haitianos/as sobre-explotados/as.
Servicios públicos
En nuestra historia republicana es difícil encontrar un periodo de mayor deterioro y caotización relativa de los servicios públicos, por demás cada vez más encarecidos y privatizados.
– Es una vergüenza que el presupuesto educativo a penas supere el 2% del PBI, con una ejecución de alrededor del 1.7%, en la que una parte de los recursos son asignados a las empresas privadas de la educación y otra es presa de la corrupción y el dispendio.
Ni la ley del 4% del PBI, que es muy limitada, ni la ley del 5% del Presupuesto Nacional para la UASD, han sido respetadas; mientras las cifras de deserción escolar, la baja de la calidad y la limitada cobertura de la educación publica son motivos de justificada alarma; encontrándose la educación dominicana en los últimos lugares de América y el mundo.
– La salud pública ha sido seriamente erosionada por la salud como negocio. Igual la seguridad social. La privatización recibe los mayores estímulos del sistema para garantizar el afán de lucro en los servicios médicos y en los seguros de otra índole, con calidad y si calidad.
Las ARS privadas se sirven con la cuchara grande en el sistema de seguridad social, mientras gran parte de la sociedad empobrecida sigue fuera del sistema o con escasas coberturas, muchos hospitales públicos se deterioran recurrentemente y los nuevos o viejos modernizados cobran una parte de los servicios o caen en manos de fundaciones privadas.
– El transporte está cada vez mas caotizado, deteriorado y caro. El área pública ha sido desfalcada y en las áreas privatizadas no destinadas a las elites sociales reinan el soborno, clientelismo, las competencias desgarrantes, el abuso sobre los más débiles y la extorsión y la especulación contra los usuarios.
– La seguridad pública no existe dado que los organismos encargados de prevenir, perseguir y castigar la delincuencia forman parte de ella en todos los niveles.
– El sistema eléctrico, y en general todo lo relativo al tema energía, ha sido convertido en pasto de la especulación, del afán desmedido de lucro y de la corrupción, mezcla de intereses privados insaciables y corruptela estatal. Los apagones no cesan, las crisis son recurrentes, el precio de la electricidad es abusivo e irracional y las facturaciones están impregnadas de extorsión.
Magnates y funcionarios de alto rango han hecho fortunas escandalosas dentro del sistema eléctrico semi-privatizado y con el manejo de los hidrocarburos, a lo que no han sido ajeno el presidente Fernández y sus testaferros.
Impunidad y Justicia
En la actualidad, con nuevas modalidades, formalidades modernas y reformas cosméticas, el sistema judicial (tribunales y ministerio publico) compite en materia de garantizar impunidad, ejercer la discriminación social y asociarse a la delincuencia de Estado y común, con los periodos mas cuestionables de su historia.
Con contadas excepciones que no anulan la regla, tenemos una justicia que imparte injusticia, sin que falten los tribunales claves, jueces y procuradores que el Presidente de la República, jefe de una dictadura institucionalizada, manipula periódicamente para proteger a los suyos y sus asociaciones dolosas.
Dictadura constitucionalizada e institucionalizada
Es lo fundamental, mas allá de sus adornos retóricos, la Constitución del 2010, promovida e impuesta por el presidente y su maquinaria político-estatal, sirve a la concreción de un sistema institucional controlado por Leonel Fernández y su gran corporación económica y policía.
El modelo institucional, debidamente modernizado y readecuado, se inspira en el trujillismo y en el balaguerismo trujillista, cuenta con un caballo de Troya en el PRD representado por la facción de Miguel Vargas Maldonado, pacta periódicamente con una u otra de las facciones perredeístas, cuenta con la matricula del PRSC y una serie de partiditos satélites, para subordinar muchas de sus instancias a un poder tutelado por la burguesía transnacional y por una mega-fortuna de una mega-corporación forjada a través del robo colosal a los contribuyentes y el tráfico de influencias en contubernio con las elites empresariales criollas.
El progreso material, propio de este tipo de régimenes, han sido a beneficio de minorías sociales y a favor de la creación de una especie de gran burguesía burocrática, en la que esta vez las asociaciones y complicidades con los carteles de la construcción, de la droga y de los combustibles, han jugado roles relevantes.
Capacidad de Simulación
En ese reglón Leonel Fernández puede estar próximo al campeonato mundial, rompiendo record de hipocresía, trucos mediáticos, reemplazo de la realidad, alteración de cifras y volúmenes de mentiras y medios verdades.
Su esmero en ese orden ha sido mayor del aeropuerto hacia fuera, encubriendo su condición de político orgánico a la globalización neoliberal, a la recolonización y a la corrupción de la partidocracia propia de esta era «postmoderna».
Aspiraciones para el 2016
Frente a este balance, la sociedad dominicana se coloca ante la disyuntiva de o tolerar pasivamente la re-postulación de Leonel Fernández cara a los comicios del 2016, ya insinuada por él y sus acólitos, o proceder desde ahora a promover su condena histórica y el procesamiento judicial que posibilite conducirlo, junto a su claque política-empresarial, a la cárcel de Najayo u otra similar.
Pese al llamado «blindaje» judicial, y en lucha contra esa camisa de fuerza institucional, esto último podría ser posible si el pueblo se moviliza intensamente en esa dirección y debilita esos mecanismos estatales tutelados por el presidente saliente, lo que podía explicar el evidente nerviosismo propio de quienes están a punto de dejar el poderoso poder presidencial; miedo expresado por ellos en recientes declaraciones defensivas, no porque Danilo Medina vaya a asumir una línea contraria a la impunidad de esos señores, algo impensable por su condición de componente esencial de esa partidocracia asociada a la gran burguesía, sino por que Leonel, después del 16 de agosto del 2012, no podría auto-defenderse desde el poder ejecutivo y porque cobra cada vez más fuerza el anhelo nacional de comenzar a ponerle fin a una impunidad realmente vergonzosa e indignante.
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