El gobierno dominicano arranca una mejora en la distribución de ingresos del polémico contrato de explotación de oro de la transnacional en Pueblo Viejo. Organizaciones sociales contra la minería a cielo abierto siguen denunciando los daños ambientales y sociales causados por la compañía en la zona. «Se ordena nacionalizar de inmediato la Barrick Gold, rescindir […]
El gobierno dominicano arranca una mejora en la distribución de ingresos del polémico contrato de explotación de oro de la transnacional en Pueblo Viejo. Organizaciones sociales contra la minería a cielo abierto siguen denunciando los daños ambientales y sociales causados por la compañía en la zona.
«Se ordena nacionalizar de inmediato la Barrick Gold, rescindir su contrato y confiscar todos sus bienes como compensación por los daños morales y materiales causados al pueblo dominicano. Se condena al expresidente Leonel Fernández a veinte años de cárcel y a bañarse cada día en el Río Margarita. Se otorga un plazo de quince días al presidente Danilo Medina para hacer cumplir esta sentencia». La resolución que dictó el tribunal popular contra la minera canadiense Barrick Gold y sus «cómplices locales» el pasado 5 de mayo en Santo Domingo está lejos de cumplirse. Mucho más cerca queda, sin embargo, la ratificación por parte del congreso dominicano del acuerdo preliminar suscrito con la transnacional minera para modificar las condiciones con que opera en el país.
Desde que el pasado 27 de febrero el presidente dominicano, Danilo Medina, hiciera un «último llamado» a Barrick Gold para renegociar el contrato de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo -una de las más grandes del mundo-, la tensión entre ambas partes no había hecho más que aumentar. El gobierno consideraba «inaceptable» el contrato vigente dados el alza del precio del oro y la actual distribución de ingresos que contempla. Desde entonces, los llamados al diálogo y la negociación han sido interrumpidos por multas a la minera por falsificar declaraciones de exportación de oro y múltiples manifestaciones populares en su contra. Anoche, la minera canadiense y el ejecutivo de Medina sellaron un acuerdo que supondría el ingreso de un 51,3% de los beneficios para el estado dominicano, siempre que la cotización del oro no bajara de los 1.600 dólares por onza [hoy la onza está a 1.400].
El origen del conflicto se remonta al 2009, cuando bajo el mandato de Leonel Fernández, copartidario del actual presidente Danilo Medina, se aprobó por abrumadora mayoría la modificación del contrato firmado tres años antes, tras adquirir Barrick Gold los derechos de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo: de cada 100 dólares generados, la empresa canadiense se quedaría con 97 y el estado, con los 3 restantes, un 47% menos respecto al contrato anterior. En el año de la modificación contractual, el precio del oro alcanzaba un récord histórico en su cotización de 1.000 dólares por onza. Teniendo en cuenta ese valor y el nuevo acuerdo, algunos estudios aseguran que el estado dominicano dejaría de percibir 1.200 millones de dólares durante los primeros seis años de producción de oro.
Más allá del contrato, los movimientos sociales contra la minería a cielo abierto y la comunidad científica aportan otras pruebas de peso para condenar a Barrick Gold: contaminación de la presa de Hatillo y el río Margarita, contaminación de parte de la población y el ganado de Cotuí, la zona donde opera, complicidad con las fuerzas policiales en la represión de activistas, soborno a periodistas, expropiación de tierras con compensaciones mínimas, cierre de caminos públicos… En los múltiples campos pagados en la prensa local, la compañía asegura que los daños ambientales causados son responsabilidad de la anterior gestión de la explotación y que su inversión, «la más grande en la historia de la República Dominicana», beneficia a más de 400 empresas del país, además de contribuir a proyectos de educación, producción y salud.
Fuente: http://otramerica.com/radar/pulso-entre-barrick-gold-republica-dominicana/2910