El Parlamento Europeo reclamó que se reduzca la meta adoptada por la UE de que los biocombustibles representen 10 por ciento de los carburantes empleados por los vehículos para 2020.
Desde que los líderes de los 27 miembros de la UE (Unión Europea) adoptaron ese objetivo el año pasado han enfrentado una ola de protestas disparadas por ambientalistas y activistas por los derechos humanos.
Incluso los investigadores científicos y ambientales de la UE han puesto en duda la sabiduría de esa decisión, que apuntaba a contrarrestar el impacto en el recalentamiento global del uso de los combustibles fósiles.
En los últimos meses, la disparada en los precios de los alimentos ha sido explicada como una consecuencia del creciente empleo de granos y oleaginosas, entre otros cultivos, para producir biocombustibles.
Aunque los gobiernos de los Estados miembro de la UE no han renunciado aún al objetivo adoptado en 2007, el Parlamento Europeo votó el 11 de septiembre que se debería establecer una meta de cinco por ciento de uso de biocombustibles respecto del total de carburantes consumidos dentro del bloque.
Un estudio sobre el impacto sobre el bienestar humano y el ambiente debería ser realizado antes de adoptar nuevas metas, según el órgano legislativo de la UE, el único cuerpo político entre las instituciones del bloque que surge del voto de los ciudadanos de los estados miembro.
El eurodiputado por Luxemburgo Claude Turmes, un veterano de las campañas por el uso de energías «limpias», calificó a la decisión del cuerpo como «un claro desacople de la loca carrera hacia la adopción de biocombustibles».
El legislador señaló que, en base a la tendencia actual, casi seis por ciento del sector del transporte en la UE se movilizará de todas formas en dos años empleando biocombustibles, sin que su producción se encuentre sujeta a algún criterio ambiental o social.
A su juicio, la votación de los eurodiputados significa que están reclamando la adopción de «políticas responsables» en esta materia antes de continuar avanzando en el uso de esta alternativa.
El Parlamento Europeo reconoció los serios problemas asociados con el uso en gran escala de biocombustibles, dijo el portavoz del no gubernamental Amigos de la Tierra, Adrian Bebb.
«Se trata de un paso bienvenido en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer. Usar comida para alimentar automóviles es una falsa solución a nuestros problemas relacionados con el cambio climático y puede llevar a una irremediable pérdida de vida silvestre, así como a la miseria a millones de personas en el Sur», afirmó.
Un estudio de Amigos de la Tierra señala que la producción de biocombustibles ha llevado a la deforestación en países de América Latina, como consecuencia de la tala de árboles para ganar tierras para el cultivo de vegetales destinados a la elaboración de carburantes «verdes», lo que ha afectado a los habitantes y especies en peligro de esas zonas.
El informe señaló que ese proceso se produjo en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay.
Frecuentemente, se cultivan vegetales para la producción de biodiesel en tierras hasta entonces vírgenes, en las que el uso de fertilizantes y agroquímicos dañan severamente el suelo. Las condiciones de trabajo en esos campos son muchas veces opresivas, e incluyen el uso de mano de obra infantil en algunas instancias, según se informó.
El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, ha señalado que se acumulan evidencias sobre la magnitud de las grandes proporciones de agua y tierra que consume la producción de biocombustibles.
A su juicio, no ofrecen una alternativa ambiental válida al uso de petróleo, gas y carbón. Con la excepción de la caña de azúcar en Brasil, se pueden citar pocos ejemplos que hayan reportado beneficios ecológicos, agregó.
El secretario general de la no gubernamental Red de Acción e Información Alimentos Primero, Flavio Valente, sugirió que los esfuerzos de la UE para fomentar los biocombustibles están en colisión con las declaraciones del bloque regional acerca de su intención de promover los derechos humanos, incluido el de estar libre del hambre.
«¿A quién alimenta usted primero, a los camiones o a la gente?», preguntó.
El derecho a la alimentación fue consagrado en 1996 por el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se espera que la Asamblea General de la ONU apruebe este año un protocolo que permitirá a los individuos iniciar demandas contra los gobiernos que violan esos derechos.
Catarina de Albuquerque, una abogada portuguesa que preside un grupo de trabajo de la ONU sobre este tema, aseguró que «es esencial que los países que se consideran modelos en materia de derechos humanos, y estoy pensando especialmente en los europeos, ratifiquen ese protocolo».
«Ya es tiempo de otorgarle un fuerte apoyo y defender esos derechos con el mismo vigor que se otorga a los civiles y políticos», aseguró.