En la misma semana, Berkeley ha amenazado con demandar al Estado español y reclamar hasta 500 millones de euros tras la inminente salida del Tratado anunciada por Teresa Ribera hace unas semanas.
Este 24 de noviembre de 2022, los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) han votado una resolución que insta a la UE y sus Estados miembros a iniciar la salida coordinada del del TCE. Una vez más, la demanda que la sociedad civil lleva años reclamando se ha escuchado. La victoria ha sido clara, con 303 votos a favor, 209 en contra y 63 abstenciones.
Dicha resolución también incide en que ni la UE ni sus Estados miembros pueden permanecer en el Tratado no modernizado, y asegura que el PE dará su consentimiento a la retirada en bloque de la UE cuando se le solicite su consentimiento.
Clàudia Custodio, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, señala que “hoy el Parlamento Europeo ha dejado claro que la modernización del TCE ha fracasado. La Comisión Europea no puede seguir eludiendo esta realidad ni un minuto más”.
Desde principios de octubre hasta la fecha, siete Estados de la UE –Polonia, Estado español, Países Bajos, Francia, Eslovenia, Alemania y Luxemburgo- han anunciado que abandonarán el TCE tras la falta de resultados logrados a la hora de alinear el Tratado con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.
De hecho, el viernes pasado el acuerdo preliminar para modernizar el TCE fue bloqueado por cuatro Estados en la votación del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros (COREPER): Francia, el Estado español, Alemania y Países Bajos se abstuvieron. Un resultado que ha hecho imposible obtener la mayoría necesaria para aprobar la propuesta en el Consejo de la UE y para conseguir una posición común dentro de la UE.
Ante la falta de acuerdo, la reacción de la Comisión fue pedir la retirada de este punto del orden del día de la Conferencia anual del TCE, celebrada el 22 de noviembre. Finalmente se ha decidido aplazar el debate sobre la adopción del texto modernizado a abril de 2023.
Marta García Pallarés, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, advierte que “este cambio continuo en los procedimientos y plazos pautados muestran los intentos de la Comisión para eludir una realidad que se abre camino a pasos de gigante: el fin del Tratado. Ahora el mensaje del Parlamento no puede ser ignorado”.
A propósito de la celebración, entre los días 6 y 19 de noviembre de la Cumbre del Clima en Sharm el-Sheij, la activista añade: “Durante la COP27 la Comisión se jactó de preservar el 1,5 ºC y de apostar por la mitigación en las negociaciones. Una careta que no se sostiene cuando al mismo tiempo promueve la pervivencia de un tratado que protege las inversiones fósiles.”
Clàudia Custodio insiste en que “la Comisión se está quedando sola en su empeño en preservar un tratado que va en contra de sus propios objetivos climáticos. Para eliminar la cláusula de supervivencia y poner fin a este Tratado que nos ata de pies y manos, la UE tiene que abandonarlo en bloque”.
La resolución aprobada también insta a todos los Estados miembro de la UE a apoyar y ratificar el acuerdo inter-se que neutralizaría dicha cláusula, evitando que los Estados puedan seguir siendo demandados 20 años después de la fecha de salida.
Al tiempo que el Tratado colapsa, las compañías e inversores extranjeros podrían estar viendo el fin de los enormes privilegios que les otorga este Tratado. Sin embargo, hasta que la salida de los países no se haga efectiva, pueden seguir demandando.
Hace una semana se hizo pública la intención de Berkeley, una empresa australiana con planes de construir la mayor mina de uranio a cielo abierto en la localidad de Retortillo (Salamanca), de demandar al Estado español bajo el TCE.
La empresa ha declarado que podría llegar a reclamar 500 millones de euros por la denegación –por parte del Miteco y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)– de un permiso para la instalación de una planta de concentrados de uranio. La demanda desafía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en mayo de 2021, que prohíbe claramente este tipo de prácticas por su elevado coste medioambiental y social.