Una nueva agresión neoliberal amenaza a los ciudadanos de la UE. En este caso se trata de la propuesta realizada por la dirección general de mercado interior que encabezaba el comisario Frits Bolkestein. Con el pretexto de dar un impulso al comercio del sector de servicios, estos días se debate una directiva para los 25 […]
Una nueva agresión neoliberal amenaza a los ciudadanos de la UE. En este caso se trata de la propuesta realizada por la dirección general de mercado interior que encabezaba el comisario Frits Bolkestein. Con el pretexto de dar un impulso al comercio del sector de servicios, estos días se debate una directiva para los 25 estados miembros cuyo objetivo fundamental no es otro que dar un paso más hacia la total liberalización y privatización de los servicios en general y los servicios públicos en particular. El sector servicios representa actualmente alrededor del 70% del PIB y del empleo de la mayoría de los países de la UE; un pastel demasiado apetitoso como para que la ambición sin límites del capital transnacional no se haya fijado en él. Es más, la liberalización de los servicios es uno de los ejes estratégicos que impulsa la OMC en su trayectoria de intervención de corto y medio plazo. Sin embargo, en la reciente cumbre de Hong Kong la pretensión de empezar a dar pasos hacia la liberalización de servicios en el marco del GATS fue un fracaso, aunque de carácter provisional. Es este contexto de clara apuesta de los agentes transnacionales por la desregulación del sector y de dificultad de alcanzar acuerdos multilaterales en este ámbito lo que anima a la Unión Europea a anticiparse en este terreno. La lista de los servicios a los que hace referencia la mencionada directiva se extiende a la práctica totalidad de los mismos: construcción, distribución, tu- rismo, medioambiente… y algunos tan sensibles e importantes desde la óptica del bienestar social como cultura y educación. Todo servicio al que se acceda previo pago de un precio o tasa en el caso de servicio público, entra dentro del ámbito de la directiva. Sólo quedan fuera de la aplicación los servicios proporcionados directa y gratuitamente por las autoridades públicas. También quedan fuera de la directiva servicios como los financieros, transportes y comunicaciones debido, en este caso, a que fueron objeto de regulación específica con anterioridad. En el caso de la sanidad, la oposición a la direc- tiva ha conseguido un pequeño triunfo al salvaguardarla en el último momento de su campo de acción. El objetivo de la directiva no es otro que desarrollar el mercado único también en el sector servicios llevando al límite las posibilidades de negocio y movilidad. Para ello se proponen normativas tales como las que hacen referencia a la libertad de establecimiento, y seguramente la que será más polé- mica: el principio del país de origen. Estas líneas propositivas se materializan en los siguientes contenidos. En primer lugar, con el objetivo de facilitar la libertad de establecimiento, se limitarán las capacidades de los estados para establecer requisitos previos ante la apertura de una empresa extranjera de servicios. Además, el principio del país de origen representa la aportación más negativa y antisocial de la directiva. De acuerdo con este principio los proveedores de servicios estarán sometidos sólo a las normativas nacio- nales de su país de origen. Con el mercado único que entró en vigor en la Unión Europea en 1992, los bienes pueden circular libremente a través de los países miembros. Teóricamente esta libertad de circulación también se extiende a los ser- vicios, pero dada la distinta naturaleza de éstos en comparación con las mercancías los servicios se comercializan como intangibles que requieren la presencia simultánea entre vendedor y comprador en la práctica el mercado europeo de servicios ha continuado estando muy fragmentado. Para evitarlo, la directiva facilita la movilidad de las empresas de servicios pero se pretende que al instalarse en otro país no se sometan a las normativas existentes en ese país de destino, sino que sólo se rijan por la normativa del país de origen. Nos encontramos ante un nuevo tipo de desregulación de un calado y trascendencia excepcional. En una Europa en la que la armonización social, laboral, medio- ambiental etc… no existe o existe de manera marginal, podemos entrever con facilidad la posible respuesta del capital ante las nuevas oportunidades de negocio que se le presentan: una empresa puede establecer su sede social, real o ficticia, en cualquier país de la Unión, y de manera evidente buscará aquellos países en los que se minimicen las cargas salariales, fiscales, medioambientales… Por ejemplo, una empresa de capital alemán, con sede social en Letonia y trabajadores letones o de cualquier otro país, puede montar una red de servicios de reparación mecánica en Euskal Herria con condiciones laborales en materia de salarios, de seguridad, control, forma jurídica, etcŠ según la normativa letona. Esta realidad precipitaría, sin duda, una nueva forma de dumping social. La consecuencia inmediata sería una competencia a la baja entre las empresas, que con el fantasma de la deslocalización planeando permanentemente en el ambiente, posibilitaría que las condiciones de trabajo fueran igualándose a la baja y, por lo tanto, empeorando irremediablemente. Con todo, los sectores que generan mayor preocupación son, sin duda, la educación y la cultura, puesto que aunque el proceso pudiera ir en estos casos un poco más lento, está claro que la puerta que se quiere abrir aquí no es otra que la de las privatizaciones y, a medio plazo, el desmantelamiento del estado del bienestar. Se pretende, como en otros ámbitos, seguir la estela del modelo liberal estadounidense; un modelo, digámoslo claro, que condena ahora mismo a 45 millones de personas a vivir sin cobertura social. Es, también, una normativa que limitaría aún más el desarrollo de la ya de por sí mermada industria cultural vasca ya que no contempla en ningún caso la excepción cultural como salvaguarda de las culturas nacionales y locales y de la diversidad cultural europea. Desde Aralar queremos unir nuestra voz a la de toda la izquierda europea en la defensa de los derechos sociales y culturales, en particular de aquellos sectores más débiles, reafirmándonos una vez más en la defensa de un modelo de sanidad y educación gratuito, universal y gestionado desde estructuras públicas con prioridades sociales. Además y como partido abertzale nos preocupa especialmente el riesgo de liberalización del espacio cultural. Somos un pueblo pequeño, con una lengua minorizada y una cultura que lucha por sobrevivir en un estado de permanente precariedad. Necesitamos un poder público propio y soberano que proteja nuestros derechos lingüísticos y nuestra diferencia cultural blindándola frente a la previsible competencia de las grandes corporaciones de la comunicación y de la cultura de ámbito transnacional. Es por esto que apoyamos el movimiento de rechazo a la directiva Bolkestein que se extiende de forma creciente por todo Europa. –