Empezaré de un modo inhabitual: dando una buena noticia. Para darla, me pondré en el pellejo del currante de a pie, que se informa por lo que dice el telediario. Tendrá la imagen de una juventud que sólo se moviliza para hacer macrobotellones («500 jóvenes se emborrachan en tal sitio…»). Pero yo voy a darles […]
Empezaré de un modo inhabitual: dando una buena noticia. Para darla, me pondré en el pellejo del currante de a pie, que se informa por lo que dice el telediario. Tendrá la imagen de una juventud que sólo se moviliza para hacer macrobotellones («500 jóvenes se emborrachan en tal sitio…»).
Pero yo voy a darles la buena noticia de que este mismo curso ha habido en Sevilla dos manifestaciones (12 de diciembre y 6 de marzo) en defensa de la educación pública con al menos dos mil estudiantes cada una.
Recurriendo a las matemáticas, los medios de comunicación tenían que haberle prestado a esta movilización de dos mil personas 4 veces más atención que al macrobotellón de quinientas. Pero le prestaron infinitamente menos: ocultaron el hecho, en una demostración más de lo que para ellos significa la libertad de expresión.
Este guiño a las matemáticas no ha sido en vano. Más allá de los habituales análisis impresionistas del Plan Bolonia, se impone la necesidad de un análisis riguroso, científico y que vaya a las fuentes legales.
Tal es el objetivo de este artículo.
¿Qué es el Plan Bolonia?
Su verdadero origen está en el Acuerdo General de Comercios y Servicios, firmado por la OMC en 1995. Así, 151 Estados acuerdan «liberalizar el comercio de servicios», ya que «la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados».
Después de varias reuniones, los ministros de educación europeos se citan en Bolonia (Italia) en 1999, emitiendo la famosa declaración. En ella, se habla de transformar radicalmente la educación universitaria a nivel europeo.
A partir de aquí, se inicia un proceso que en el Estado español se ejecuta a través de leyes y decretos. La odiada LOU de Aznar (la misma que Zapatero, desde la oposición, prometió derogar, mintiendo a todo el país) fue la estructura, que los sucesivos Reales Decretos del PP y del PSOE han ido llenando de contenido.
¿Qué significa en la práctica?
Significa una reestructuración radical que atañe a la estructura de las carreras, a los métodos de enseñanza, a los medios de financiación y al propio espíritu universitario.
a) Reestructuración de las carreras
El Real Decreto 13/93 de octubre de 2007 anunció que en 2010 se suprimirán definitivamente las Licenciaturas y Diplomaturas, creándose los Grados y Posgrados.
El Grado se define, en el Capítulo II, Artículo 9 como simple «formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional». Es decir, el Grado será una FP especial.
En el Artículo 12 de este capítulo se define la estructura del Grado: serán 4 años, y sólo 2 específicos de cada titulación: el resto, materias comunes de formación básica y prácticas en empresas, sin que se contemple remuneración.
Hay que aclarar que el Grado no sustituye a las licenciaturas, sino que se trata de algo diferente. De hecho, al perder especificidad pierde también atribuciones profesionales: con un Grado de Derecho no podrás ejercer de abogado, y con uno de Arquitectura no podrás firmar proyectos. Para trabajar, será preciso hacer (y costearse) un Posgrado.
El Posgrado, que será la especialización, se divide en Máster y Doctorado. Pero, como expondremos más adelante, los Posgrados tendrán precios prohibitivos y pocos estarán becados.
b) Reestructuración de los métodos de enseñanza
En el año 2000 un grupo de universidades privadas elaboran el Proyecto Tuning («armonizando»). Este proyecto plantea reducir los conocimientos e incrementar las «competencias, habilidades y destrezas».
Los estudiantes deben aprender a aprender, buscando la información en Internet. Así, se diseña el nuevo crédito europeo (ECTS), según el cual sólo el 30% de los créditos corresponderán a clases magistrales. El resto, serán tutorías, seminarios, horas estimadas de estudio… Pero lógicamente pagaremos el 100% de los créditos, por lo que pagaremos por estudiar en casa.
En 2003, se emite un Real Decreto sobre el crédito europeo. Según este Decreto, «el venir a clase no será obligatorio o recomendable, será imprescindible para poder aprobar».
En consonancia, las universidades que aplican proyectos piloto de estos planes han establecido ya la asistencia obligatoria. Además, en el Artículo 4 se resalta la idea de un «estudiante a tiempo completo», que dedique 7 horas diarias a sus estudios. Esto es muy grave, puesto que hasta ahora muchas personas han hecho carreras compaginando estudios y trabajo, lo que pasará a ser imposible.
Este mismo Decreto, en su Artículo 5, establece que se marcará la distribución de las calificaciones sobre el total de la clase. Por ejemplo, el 10% mejor será de la categoría A, el 25% siguiente de la categoría B… Esto es fomentar la competitividad, y puede generar un clima insano e insolidario en las clases, un clima en el que cada cual se calle sus progresos para que no se entere el de al lado.
c) Reestructuración de los medios de financiación
En el Modelo de Financiación de Universidades Públicas de Andalucía del 2007 al 2011, publicado en el BOJA número 146, leemos que el objetivo para final del periodo es que la financiación privada haya llegado ya al 30% del presupuesto universitario.
El punto 4.2.3 de este documento atañe a la «Financiación vinculada a resultados» y establece determinados indicadores para financiar más a aquellas carreras cuyos titulados monten empresas propias en los 3 años siguientes a la graduación. Podemos imaginar lo que esta financiación competitiva y mercantilista significará para las todas las humanidades.
Las tasas suben: el Grado costará un 150% más que las actuales Licenciaturas (de 600 euros de media a 1500). Las becas disminuyen: en la Universidad de Sevilla, el curso 2001-2002 se concedieron 14.638 becas, y este curso han caído a 10.859, un 25% menos.
Como dijimos, el Posgrado va a tener por su parte precios prohibitivos. Esto se debe a que el Artículo 13 del Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla establece el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos: las universidades tendrán que autofinanciarse (aumentando las tasas por ejemplo). La universidad pasa a ser una empresa y los estudiantes, clientes.
El CAP (curso necesario para hacer oposiciones a profesor) pasa a ser un Máster. De tener una duración de entre 10 y 30 créditos actuales (entre 100 y 300 horas por tanto) pasará a durar 60 créditos ECTS (entre 1500 y 1800 horas). De costar entre 150 y 200 euros, pasará a costar 1500 euros.
Además, la Universidad de Sevilla ya ha ofertado Másteres de 15.000 euros, y no se cree que ninguno baje de los 3500 euros. Dado que la mayoría de ellos no estarán becados, habrá que acudir a algo nuevo en el Estado español: las becas-préstamo, ofertadas en Sevilla por el Banco Santander, Banco Popular, Caja Duero y la Caja Rural.
Se trata de préstamos que, tras acabar la carrera, una vez que estés trabajando, tienes que devolver (en algunos casos con intereses). Sabemos que en Inglaterra las becas-préstamo arrinconaron a las becas a fondo perdido, haciéndolas incluso desaparecer totalmente durante algunos años. También sabemos que para un graduado inglés el resto de su vida consiste en pagar las deudas que ya ha contraído: casa, coche, estudios…
d) Reestructuración del propio espíritu universitario
La LOU está plagada de expresiones del tipo «la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad», «la sociedad tiene que colaborar en la financiación de la universidad». Pero ¿qué quiere decir la LOU cuando habla de «sociedad»?
En el Artículo 14 de la LOU se establece que el Consejo Social es el órgano de «participación de la sociedad en la universidad». Pero la mayoría de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Sevilla son empresarios vinculados a empresas como Inés Rosales S.A., Auna, Caja Sur, Fundaciones Caetano S.A., etc.
Sólo hay 6 miembros de la comunidad universitaria (entre ellos el Rector). Sin embargo, el Consejo Social toma decisiones sobre los presupuestos de la universidad y sobre becas.
Por su parte, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) fue también creada por la LOU de Aznar, y su Consejo Asesor está compuesto por «18 personalidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio del ámbito académico, profesional y empresarial» (http://www.aneca.es/quees
Según el Real Decreto 13/93 de Zapatero, Capítulo VI, Artículo 25, la ANECA «tendrá carácter preceptivo y determinante» sobre los planes de estudio. Sin un informe positivo de la ANECA, un título «causará baja» y «se considerará extinguido», opinen lo que opinen la comunidad autónoma y el Consejo de Universidades.
Esto no casa con la filosofía universitaria, como tampoco casan con ella los cierres de titulaciones. Al subordinar la financiación pública a la previa obtención de financiación privada, muchas carreras no rentables para el mercado van a desaparecer. En la Complutense de Madrid, van a cerrar todas aquellas carreras que tengan menos de 25 alumnos, por lo que desaparecerán todas las Filologías salvo la Inglesa.
En Sevilla, quisieron quitar Historia del Arte, pero una marea humana gritando bajo el rectorado los disuadió de esta idea. Esto nos lleva también a reflexionar sobre la posibilidad de luchar y vencer contra los Planes de Bolonia, de lo que hablaremos más adelante.
Un último apunte, muy ilustrativo. El nuevo gobierno del PSOE acaba de transferir las competencias de gestión de la universidad del MEC al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, gran empresaria farmacéutica y miembro de la Junta Directiva de la CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales).
La universidad está en manos de la patronal.
Conclusiones
Hasta aquí los datos (se piense lo que se piense de ellos, parezcan buenos o malos, todos estos datos son absolutamente verificables). Ahora tomemos partido, extraigamos conclusiones en función de los intereses de los estudiantes llanos de familia trabajadora (es decir, del 90% de los estudiantes).
Para la OMC y la patronal, hay demasiados licenciados (y sobrecualificados). Hace falta mano de obra adaptable para un mercado laboral precario. Por eso diseñan un Grado de «información general» y un Posgrado carísimo, asequible sólo a unos pocos.
Bolonia es, matemática y lógicamente, un círculo vicioso. Si no tienes dinero no podrás pagarte la carrera. Pero si no trabajas no tendrás dinero. Pero al haber asistencia obligatoria no podrás trabajar. Ergo estás jodido.
Si después de un añito de prácticas gratuitas consigues acabar el Grado, ¿quién va a contratarte? Tu puesto de trabajo será cubierto también al año siguiente por otro estudiante en prácticas. ¿Qué empresa va a contratarte si puede disponer de trabajadores gratuitos cada año?
La lucha sigue
Sin embargo, Bolonia no es invencible. Este año ha habido movilizaciones en Barcelona, Sevilla, Madrid, Vizcaya, Santiago, Tenerife, Granada, Córdoba, Cádiz…
Han surgido grupos de trabajo plurales, de estudiantes de a pie que se oponen al Espacio Europeo de Educación Superior. Estos grupos, a su vez, se han reunido en un encuentro estatal de estudiantes, convocando una jornada de lucha común para mediados de noviembre.
Estamos ante la privatización de la educación pública, y los estudiantes responden, aunque se enfrenten a un gigante de apariencia invencible. Como gritaba un cortejo estudiantil en Sevilla durante la manifestación del 1º de mayo, «el hijo del obrero, a la universidad».