Tony Blair perdió su primera batalla parlamentaria con la reforma, en 2005, de la legislación antiterrorista. El entonces primer ministro pretendía elevar a 96 días el periodo máximo de retención sin cargos de los detenidos bajo sospecha de algún delito relacionado con el terror islamista. Un amplio número de diputados laboristas se opuso y, con […]
Tony Blair perdió su primera batalla parlamentaria con la reforma, en 2005, de la legislación antiterrorista. El entonces primer ministro pretendía elevar a 96 días el periodo máximo de retención sin cargos de los detenidos bajo sospecha de algún delito relacionado con el terror islamista.
Un amplio número de diputados laboristas se opuso y, con los votos de la oposición, tumbó la propuesta del Gobierno. El compromiso se selló limitando el umbral de retención de los vigentes 14 días a 28.
Este plazo máximo se ha aplicado a 11 personas y, de acuerdo con la ministra del Interior, Jacqui Smith, «no ha habido un caso» en estos dosúltimos años «en que haya sido necesario ir más allá de los 28 días».
El sucesor de Blair, Gordon Brown, insiste sin embargo en alargar una vez más el periodo de detención por supuestos delitos terroristas. El primer ministro lo anunció al poco de tomar posesión de su cargo, el pasado junio, y la medida centra su plan antiterrorista para la nueva legislatura que arranca el próximo mes.
«Creemos que es posible que, en un reducido número de casos, llegará el momento cuando se necesitarán más de 28 días para interrogar a alguien», anticipó Smith esta semana ante el Comité Parlamentario en política interior.El Gobierno busca el «consenso» en sus filas y entre la oposición en torno a la polémica cuestión. Intenta también persuadir a las comunidades musulmanas de que «la respuesta» será «apropiada» a la amenaza interna y externa.
Los atentados en el transporte público londinense de 2005 fueron perpetrados por jóvenes británicos de origen asiático. A radicales islamistas, nacidos o criados en Reino Unido, se atribuye igualmente el supuesto plan para derribar aviones en ruta hacia Estados Unidos, que se desarticuló el año pasado.
Prevenir abusos
Brown ha desechado el plazo de 96 días en su propuesta antiterrorista. El líder laborista opera bajo la premisa de que un periodo intermedio, probablemente de 56 jornadas de retención límite, no tropezará con serias trabas en los Comunes.
Este nuevo techo irá acompañado de salvaguardas judiciales de forma que se equilibre en cierta medida el derecho de la libertad de cualquier individuo con la obligacióndel Estado de proteger a los ciudadanos.
Abonando el terreno, el primer ministro anunció anteayer una revisión de las distintas instancias que justifican un registro domiciliario para prevenir abusos de poder. Forma parte de su gran proyecto constitucional, que incluye una propuesta de Ley de Derechos y Obligaciones Británicos adicional a lavigente legislación de derechos humanos.
La extensión del plazo de detención preventiva es una constante demanda de los servicios de seguridad desde 2001. Al justificarla ante el Comité parlamentario, Smith expuso la «creciente complejidad de las investigaciones» antiterroristas, con sus ramificaciones internacionales, complicaciones tecnológicas y comunicaciones en lenguas extranjeras. La ministra puso de ejemplo un caso reciente en el que se tuvo que analizar tres terabytes de datos informáticos, equivalentes a un tercio del contenido de la Biblioteca del Congreso de EEUU.
Para los grupos de derechos civiles, la nueva propuesta incrementará el antagonismo de la minoría musulmana y será tan desastrosa como la política de detenciones sin juicio de los años setenta. Se aplicó en Irlanda de Norte con el llamado internment de miembros de la población católica y sólo contribuyó a la expansión del IRA, tanto en número de reclutas como en apoyo popular.
«No funcionó en Irlanda del Norte y será igualmentecontraproducente», denuncia Shami Chakrabarti, directora de Liberty.