Después de casi dos años de cruda polémica, el primer ministro conservador británico, David Cameron, vuelve a desenfundar las tijeras de los recortes sociales y como verdadero fígaro cercena el estado de bienestar nacional. La aprobación del primer paquete de las reformas a la salud, la ayuda social, legal y de vivienda a los más […]
Después de casi dos años de cruda polémica, el primer ministro conservador británico, David Cameron, vuelve a desenfundar las tijeras de los recortes sociales y como verdadero fígaro cercena el estado de bienestar nacional. La aprobación del primer paquete de las reformas a la salud, la ayuda social, legal y de vivienda a los más desfavorecidos y la reducción de casi un 50 por ciento de los impuestos a los sectores de mayor ingreso, parecen poner de relieve el conservadurismo de Cameron.
Con la reducción de los impuestos a los más ricos, éstos contarán con al menos 150 mil dólares anuales adicionales.
Pero el camino es tortuoso, sobre todo si las intenciones del jefe de Gobierno es mantenerse en Downing Street 10 después de los comicios del 2015, en medio de una estrepitosa caída del apoyo en los sondeos del Partido Conservador (PC).
Además, son cada vez más los británicos que miran con preocupación lo ocurrido en Grecia, Portugal, España y Chipre, tras adoptarse recetas dictadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo con nefastas consecuencias sociales.
Lo más curioso es que con la reducción de gastos sociales para buscar la eficiencia y el recorte de abultados déficits, sólo se multiplica el desempleo y la depauperación de las condiciones de vida de la población.
Tal círculo vicioso parece acercarse al Reino Unido, donde el gobierno hace malabares para evitar un crecimiento cero por segundo semestre consecutivo, lo cual obligaría a declarar una recesión económica.
Ello ocurriría pese a los recortes de todo tipo en materia de educación y facilidades sociales que se aplicaron en los primeros dos años de mandato de la coalición de conservadores y liberal-demócratas.
Ahora, toca el turno al capítulo más polémico de las reformas que ya recibió la crítica de la oposición laborista, de al menos cuatro iglesias anglicanas, de organizaciones no gubernamentales y en general de la población, la cual lo manifestó por miles en las calles.
Las medidas incluyen el llamado impuesto de la habitación vacante, que afectaría a unos 700 mil ciudadanos, en su mayoría discapacitados, beneficiados con las viviendas sociales y que podría convertir a barrios enteros en verdaderos guetos.
Así, los ciudadanos con viviendas sociales que el Estado considere poseen un espacio superior a las necesidades de una familia, se le aplicará un impuesto de 14 por ciento, mientras las de dos habitaciones vacías abonarán un gravamen de 24 puntos.
En muchos casos, los discapacitados emplean tales habitaciones para acoger a enfermeras o algún familiar que los debe asistir permanentemente y por ello están en realidad ocupadas.
La recomendación del ministro de Trabajo y Pensiones, Ion Duncan Smith, no puede ser más polémica: esas personas deben mudarse a otra vivienda con menos capacidad, algo que para ellas resulta casi imposible fuera del programa de ayuda.
Para Duncan Smith, a quien los ciudadanos invitan a vivir con 53 libras esterlinas semanales (62 dólares) que propone la reforma, pese a los elevados gastos de las familias, sería «injusto» entregar subsidios a personas sin empleo superiores al salario de quienes trabajan.
Además, el gobierno conservador congela a solo un uno por ciento el aumento de la ayuda anual social del Estado, pese a una inflación muy superior.
En teoría, por encima de ese uno por ciento podrían recibir ayudas los discapacitados, pero ahora una comisión determinará qué personas están incapacitadas para trabajar. Por cierto, esta categoría también será flexible.
Así, cerca de un millón de personas podrían perder su asistencia social, pues el estado determinará si su incapacidad le resta realmente posibilidades laborales, afirma la prensa británica.
El diario The Guardian destaca que en el norte de Inglaterra el número de viviendas superpobladas triplica a las de las familias con un dormitorio vacante, mientras dos tercios de los afectados son discapacitados.
De esa forma, agrega el rotativo, el gobierno, en busca de ahorrar unos 500 millones de dólares al año, obligará a las personas de bajo ingreso a pagar casi 800 dólares adicionales.
Según un estudio de la ONU, Reino Unido quedaba en el 2010 como la segunda nación de Europa, solo superada por Portugal, con mayor índice de diferencia social, cuando el 10 por ciento de los ricos gana 273 veces más que el 10 por ciento de los más pobres.
Además, uno de cada cinco adultos no genera los ingresos suficientes como para pagar vivienda, comida y calefacción, mientras son 13 millones las personas por debajo del umbral de la pobreza, sobre una población de más de 61 millones.
De acuerdo con Richard Orr, encargado de campañas de Shelter (refugio), de ayuda a los sin techo, la mayoría de las familias británicas dedica gran parte de sus ingresos a pagar la renta de la vivienda.
La plaza Trafalgar Square, como mismo lo fue en 2011 con la variante británica del movimiento Occupy, fue escenario de protestas de unas mil 500 personas contra el impuesto del dormitorio, indicó el Daily Mirror.
Solo en el barrio de Liverpool, unas 202 mil personas deberán pagar mil libras esterlinas (mil 514 dólares) adicionales al año.
Pero los tijeretazos del fígaro conservador se extienden a la sanidad, uno de los puntos más polémicos del paquete de reformas que entró en vigor el 1 de abril de este año y por el cual Cameron debió convencer a diputados de su partido.
Así, se constituyen los llamados consejos médicos en 240 localidades, integrados por doctores de cabecera, enfermeras y otro personal de apoyo que pese a su escasa experiencia en materia administrativa, serán los encargados de conciliar los gastos para el sistema de sanidad.
Los consejos estarán auxiliados en sus decisiones por otras instituciones y podrán solicitar el servicio de entidades tanto estatales como privadas para atender a pacientes, lo cual es visto aquí como una privatización solapada y un ataque al Servicio Nacional de Salud, vigente desde 1948.
De esa forma, las estratégicas autoridades de medicina primaria desaparecen, advierte The Guardian.
Además, el gobierno también reduce las erogaciones para atención a adultos, lo que podría afectar a cinco millones 800 mil personas, según la misma fuente.
Con las propuestas de Cameron, el estado pretende desestimar gastos por mil 400 millones de libras esterlinas (unos dos mil 119 millones de dólares) en 2014 y otros cinco mil millones de libras esterlinas (siete mil 570 millones de dólares) al año siguiente.
La semiprivatización de un sistema, en que el seguro médico distribuía gran parte de las medicinas de forma gratuita, excepto en las autonomías (Escocia e Irlanda del Norte), donde no se cobraba nada, ahora le cambia radicalmente su esencia.
Tampoco escapó de la barbería conservadora el sistema de ayuda social a los más desposeídos y la excepción del pago municipal de la vivienda, de la que se dejará fuera a casi seis millones de familias, por cuyos bajos ingresos eran exceptuados de ese gravamen.
El sistema de ayudas se traslada ahora a las instancias municipales, cuyos presupuestos se contrajeron en un 10 por ciento en los últimos tiempos, mientras las familias necesitadas tendrán un techo máximo de asistencia de 26 mil libras esterlinas (casi 39 mil 364 dólares) al año.La medida busca reducir gastos estatales por otros 480 millones de libras esterlinas (más de 726 millones de dólares).
Tampoco parece que será más justo el sistema judicial, cuando el gabinete de Cameron elimina la ayuda a las familias, al solo pagar servicios legales de quienes cuenten con ingresos inferiores a 32 mil libras esterlinas (alrededor de 48 mil 448 dólares) para prestaciones legales.
Ello se limita a reclamos de divorcios, custodia infantil y casos de inmigración y desempleo, lo cual obligará a personas de menos ingresos a pensarlo más de una vez antes de presentar quejas en el juzgado, con lo que se da una estacada a la igualdad de la defensa.
De acuerdo con el diario Daily Telegraph, los desempleados también se las verán difícil a partir de ahora, pues para acceder a los subsidios les será necesario recibir los cheques de pago de forma personal.
El 26 de abril de este año entra en vigor la integración de seis tipos de subsidios en uno solo, para lo cual se iniciará esa actividad en un centro de atención a desempleados en Ashton-under-Lyne, en Greeter Manchester.
Para septiembre próximo, se pondrá a prueba un centro para analizar la justificación de entrega de subsidios por desempleo, mientras se conoce que solo entre los jóvenes se registra un millón de desocupados.
Todo ello ocurre cuando la Oficina para Responsabilidades del Presupuesto redujo las previsiones de crecimiento para este año a solo 0,6 por ciento, casi la mitad de lo planificado.
Además, el déficit presupuestario se sitúa en 181 mil millones de dólares por segundo año consecutivo, mientras la deuda pública puede llegar al 87 por ciento del Producto Interno Bruto en el periodo 2016-2017.
Las tijeras de Cameron parecen dar un paso más en el paulatino desmontaje del estado de bienestar que tiene lugar en Europa, sobre todo en el último lustro, y del cual el Reino Unido está lejos de ser la excepción.
*Antonio Rondón García es Jefe de la redacción Europa de Prensa Latina.
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Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1284461&Itemid=1