«Eran varios hombres con pistolas. Nos encañonaron, nos golpearon, nos quitaron nuestros documentos de identidad. Nos dijeron que si seguimos ‘robando’ luz, y exigiendo la nacionalización de la electricidad nos matarán (…)», se queja compungida Dña. Digna Pineda, de 54 años de edad, una de las vecinas organizadas en resistencia en la comunidad de Cayuga, […]
«Eran varios hombres con pistolas. Nos encañonaron, nos golpearon, nos quitaron nuestros documentos de identidad. Nos dijeron que si seguimos ‘robando’ luz, y exigiendo la nacionalización de la electricidad nos matarán (…)», se queja compungida Dña. Digna Pineda, de 54 años de edad, una de las vecinas organizadas en resistencia en la comunidad de Cayuga, Municipio de Morales, Departamento de Izabal, a 260 Km. de la ciudad de Guatemala.
Junto a Ella, en una reunión improvisada, Ana Sandoval…, otra de las víctimas agredidas por el grupo armado, se queja: «La empresa ENERGUATE ya había perdido la batalla en la comunidad. Por eso, al no poder vencernos, se alió con los COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) y vino con ese grupo de hombres armados para golpearnos y obligarnos a que dejemos la resistencia. Pero, nosotros no vamos a dejar de luchar por la nacionalización de la electricidad. Nos golpearon delante de la Policía Nacional. Detuvieron a tres compañeros. Secuestraron un carro y un moto, y se los entregaron a la Policía».
Esta violenta agresión armada ocurrió el pasado 10 de marzo, cerca de las 14:00 horas, en la comunidad de Darmos, Municipio de Morales. Cuando, integrantes de la comunidad de Cayuga, organizados en resistencia, con un técnico intentaban reinstalar el fluido de energía que la empresa ENERGUATE (distribuidora de electricidad) había cortado desde hacía 18 días atrás, como castigo a la comunidad en resistencia desde hace ya seis meses.
Al igual que centenares de comunidades en el país, Cayuga se encuentra en resistencia, demandando la nacionalización de la energía eléctrica, amparados en leyes nacionales y convenios internacionales, porque las facturas de energía eléctrica en el área rural son exorbitantes.
«Sólo tengo dos foquitos en casa, y los enciendo sólo por dos horas, de 7 a 9 de la noche. No tengo ni tele, ni refrigeradora. Nada. Pero la factura no baja de 200 quetzales», indica Don Romeo García, abuelo campesino de 74 años de edad.
El cobro de energía promedio mensual en esta comunidad, según testimonios de usuarios, es de Q. 400.00 (50 dólares). El campesino, si encuentra trabajo, gana un promedio equivalente a 5 dólares por día. En Cayuga, de las más de 500 viviendas, 430 se encuentran desconectadas de los medidores de ENERGUATE.
La Policía Nacional ¿al servicio de quién?
Según las víctimas de la agresión armada, elementos de la Policía Nacional Civil «miraban riendo la golpiza que sufrió la comunidad». Los comunarios indican que los sujetos armados, luego de golpearlos, detuvieron a tres personas (entre ellos dos abuelos mayores de 60 años) y secuestraron dos movilidades, y los entregaron a la Policía. Y, efectivamente, dichas personas se encuentran encarcelados Zacapa, por el delito de «atentado».
Ante esta denuncia fuimos hasta la Comisaría Policial de Morales (a 250 Km. de la ciudad de Guatemala), pero los elementos policiales se negaron a dar información argumentado que era el Jefe de la Comisaria Departamental quien manejaba el caso. Así, fuimos hasta la ciudad de Puerto Barrios en busca del jefe policial, pero cuando llegamos, el Of. Martinez nos indicó que su jefe se encontraba en reunión con ENERGUATE sobre el conflicto de la energía eléctrica, y que no podía dar mayor información sin autorización.
Al momento que redactamos esta nota, un dirigente campesino de Cayuga nos informa que técnicos de ENERGUATE ingresaron a la comunidad, acompañados de 15 patrullas policiales, para reinstalar de manera obligatoria en las viviendas la electricidad. Además, un dirigente nacional del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) señala que al momento existen 9 dirigentes indígenas campesinos, organizados en resistencia, encarcelados, sin previo proceso judicial, acusados por ENERGUATE.
ENERGUATE reconoce que sufre un creciente rechazo social, pero niega recurrir a grupos armados para frenar la resistencia organizada
El responsable del área de comunicación, en la ciudad de Guatemala, Don Mainor Mezquita, como voz oficial de la empresa de ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS), reconoce que todas las semanas reciben denuncias de comunidades campesinas que se desconectan de los medidores y se conectan directamente al fluido eléctrico. Este fenómeno social de resistencia, que en palabras del Ministro de Gobernación, «crece como cáncer en el país», alcanzaría ya casi al 15% de los usuarios de ENERGUATE.
El comunicador nos indica que este fenómeno social de resistencia es bastante particular, «rechazan el servicio de electricidad, pero se conectan directamente», indica apesadumbrado. Además, indica que quienes se están beneficiando con dicho fenómeno son algunos dirigentes campesinos que cobran a campesinos organizados.
Cuando le preguntamos sobre las denuncias de la utilización de grupos armados en contra de las comunidades por parte de ENERGUATE, nos responde: «Nosotros descartamos cualquier uso del personal armado. Tenemos cinco años, y jamás hemos hecho un acto de tipo violento. Al contrario, nosotros hemos sido víctimas de constantes amenazas (…) Que yo recuerde de la versión oficial del caso del conflicto de Darmos, no eran técnicos, ni personal armado nuestro».
Lo evidente en este desencuentro entre los sectores excluidos y la empresa de ENERGUATE es que los altos cobros por la energía ha activado un sin precedente fenómeno de resistencia social creciente en todo el territorio nacional.
Las comunidades en resistencia no están dispuestas a pagar ni las deudas acumuladas, ni el consumo, según las altas tarifas oficialmente establecidas, pero tampoco ENERGUATE está dispuesta a renunciar al negocio. Es más, crece la conciencia social de que «la electricidad es un derecho, no una mercancía». El gobierno nacional de turno, y algunos gobiernos locales, tomaron la determinación de defender a la Empresa, aunque saben que eso electoralmente no les conviene.
Jubenal Quispe, es comunicador social
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