Abogados del caso Crucitas: Salida del magistrado Cruz podría inclinar la balanza en la Sala Constitucional La no reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, por parte de la Asamblea Legislativa, sería un intento de inclinar la balanza para que se acepte la acción de inconstitucionalidad presentada en el caso del proyecto minero […]
La no reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, por parte de la Asamblea Legislativa, sería un intento de inclinar la balanza para que se acepte la acción de inconstitucionalidad presentada en el caso del proyecto minero Las Crucitas, que pretende anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
Ese es el criterio de los abogados ambientalistas Edgardo Araya y Álvaro Sagot, quienes se unieron a las voces de repudio tras la votación de 38 diputados que se manifestaron en contra de la continuidad del magistrado Cruz.
Para los ambientalistas, es claro que el voto contra Cruz es una forma de «pasarle la factura» por haber votado en contra del proyecto minero en los recursos anteriores, pero también un intento allanar el camino para la acción de inconstitucionalidad que aún está pendiente.
Cabe aclarar que esta información se redactó el día 19 de noviembre, antes de que el martes 20 se conociera que la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo contra la votación del 15 de noviembre de la Asamblea Legislativa que cortó el nombramiento de Cruz, y, por lo tanto, suspendió dicho acto y el magistrado deberá continuar en el cargo mientras el órgano constitucional resuelve por el fondo.
«SACADA DE CLAVO»
Edgardo Araya, quien representó a la organización Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) en el caso Crucitas, consideró «un atentando a la democracia y a la división de poderes» la votación en contra del magistrado Cruz.
«Lo que se quiere es una Corte absolutamente servil y obediente a los intereses del poder económico y político, y en el caso Crucitas eso se dio. Don Fernando Cruz votó en contra del TLC y Crucitas, dándole énfasis al tema ambiental y de derechos humanos. Esto es una sacada de clavo», comentó Araya.
El abogado recordó que hace pocos días la empresa Industrias Infinito recusó al magistrado Cruz para dejarlo fuera del análisis de la acción relacionada con el caso Crucitas, y «curiosamente» ahora lo dejan fuera en el proceso de reelección, siendo el primero en la historia del país que no se le prorroga el nombramiento.
«Hay una acción de inconstitucionalidad que está pendiente, de la cual don Fernando también tenía que votar y están tratado de que no lo haga. No sé cuánto estará el magistrado en el limbo, ni sé si en ese ínterin intentará la Sala IV resolver este tema», indicó Araya.
Para Álvaro Sagot, la Asamblea Legislativa solo ha logrado aumentar su descrédito a nivel nacional e internacional, con un voto de no reelección que a su criterio refleja cómo a los grupos de poder les estorban los votos disidentes y criterios distintos como los del magistrado Cruz.
«No sé cómo va a votar el magistrado Cruz en el caso Crucitas, eso lo sabrá él; pero, sí creo, partiendo del hecho que es uno de los magistrados que declaró con lugar los recursos presentados ante la Sala Constitucional, que podría ser que sí le esté estorbando a un círculo en la Sala a la hora de admitir esa acción de inconstitucionalidad», consideró.
NO AFECTARÍA
En criterio de Sagot, si en el peor de los escenarios la Sala Constitucional acoge el recurso de Industrias Infinito para tratar de anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, esta no tendría mayor impacto sobre ella.
«No tendría mayor efecto, porque existe cosa juzgada que ya fue resuelta y ejecutada. La acción de inconstitucionalidad busca suspender el dictado de la sentencia, que ya se dictó. El Tribunal Contencioso Administrativo trató temas distintos a los que la Sala IV ya había analizado», aclaró Sagot.
Tampoco considera que pueda afectar los procesos de acusación en contra del exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y los otros funcionarios que ya han sido señalados por el Ministerio Público por su actuación en el tema del decreto que declaró de «conveniencia nacional» el proyecto minero.
Sobre este punto, Araya se manifestó «satisfecho» por las acusaciones que ya remitió el Ministerio Público contra el exministro Dobles, pero expresó que no se puede estar tranquilo hasta tanto no haya también una acusación contra el expresidente Óscar Arias, quien era el jefe de Dobles y que también firmó el cuestionado decreto.
Respecto al señalamiento que hizo la Corte Plena sobre la responsabilidad del exmagistrado Moisés Fachler en la filtración del borrador de sentencia de la Sala I, Araya y Sagot coincidieron en que puede caber la responsabilidad administrativa, aun cuando se haya descartado la causa penal.
Sin embargo, ambos reprocharon el accionar del Ministerio Público, pues consideran que se debió esperar que se completara la investigación administrativa contra el exmagistrado, antes de simplemente descartar su responsabilidad en el caso.
Salida de magistrado Cruz enciende rechazo contra la Asamblea Legislativa
Tras la votación de 38 diputados en contra de la continuidad del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional el pasado 15 de noviembre, empezaron a «llover» las muestras de apoyo al funcionario judicial, así como las manifestaciones de rechazo hacia los diputados oficialistas y sus aliados.
La reacción más fuerte provino del propio Poder Judicial, donde jueces, defensores públicos y fiscales expresaron su indignación y pidieron a los legisladores respeto por la independencia en este poder de la República.
El tema llegó hasta oídos de la Unión Internacional de Magistrados, entidad que emitió un pronunciamiento de repudio a la decisión legislativa y recordó la importancia de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
«Los jueces y juezas no pueden ser perseguidos en razón de sus decisiones. A la justicia por un lado le ha sido confiada la resolución de conflictos y el control de la regularidad y constitucionalidad de los actos de gobierno; es el Judicial, el poder llamado a garantizar la paz social y el que recuerda a los gobernantes, el límite de sus actuaciones y la fuente de sus poderes», señala la declaración.
De igual forma, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso y solicitó a la Asamblea Legislativa revertir su decisión sobre la continuidad del magistrado Cruz, al considerarla como una violación a la independencia judicial.
«…No aceptamos que se pretenda la existencia de una magistratura «alineada» a ningún partido político y rechazamos categóricamente las claras amenazas de la Jefatura del Partido de Gobierno para amedrentar a las magistradas y magistrados de esta Corte», señala el comunicado de la Corte.
¿Reelegido o no?
Sobre la votación de 38 diputados contra la reelección del magistrado Fernando Cruz, inmediatamente surgieron cuestionamientos y duras acusaciones que impiden pensar que se ha dicho la última palabra en el asunto.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana Luis Fishman fue de los primeros en señalar que el plazo para la votación sobre la continuidad del magistrado había vencido el día anterior a la votación, el 14 de noviembre, por lo que de inmediato anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la votación.
También el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un recurso ante la Sala Constitucional contra la votación; mientras que la directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Gloria Valerín, advirtió que el plazo se había vencido y que el magistrado Cruz debía quedar reelegido.
Para el 22 de noviembre los funcionarios judiciales y otros sectores convocaron a una manifestación, para reiterar su repudio a la decisión legislativa.
Aunque dice no saber con precisión cuáles son los motivos que impidieron su reelección como magistrado de la Sala Constitucional, para Fernando Cruz es claro que sus opiniones en temas sensibles «no son del agrado de las fuerzas políticamente mayoritarias».
Un día después de que 38 diputados del oficialismo y sus aliados votaran contra la continuidad de Cruz, el magistrado concedió una entrevista a UNIVERSIDAD en la que comentó algunas de las que considera «posibles razones» para su no reelección.
Pese a que la directora de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Gloria Valerín, aseguró que el magistrado quedaba reelegido por haberse vencido el plazo, Cruz asegura que no conoce con detalle esta situación y adelantó que no emprenderá ninguna acción o recurso en contra de la votación.
¿Se siente fuera ya de la Sala Constitucional?
-Básicamente sí, porque la reelección, la decisión legislativa fue esa, pero claro que como todo acto legislativo o administrativo, siempre puede tener objeciones. Pero eso hay que valorarlo.
¿Cómo se siente tras esa votación?
-Me siento tranquilo. Quizás en algún momento tuve la impresión de que algo de eso podría ocurrir, pero las personas a las que le consulté me comentaron que era poco probable. Pero, de todas maneras ya se dio la situación. No me siento como defraudado. Sí me llama la atención que nunca hubo ninguna objeción en la Comisión de Nombramientos, presenté mis informes, la Comisión recomendó mi reelección.
Me queda un sinsabor, porque yo no sé cuáles son los asuntos por los cuales estiman que no debo continuar. He escuchado al diputado Fabio Molina (PLN), que es un afán de renovación, para que la Sala retome el cauce y no sea una instancia que se exceda en sus funciones y no se olvide que es el Poder Legislativo el que tiene la dirección política del país.
¿Le están cobrando su criterio distinto en temas sensibles para el grupo gobernante: Crucitas o el TLC con Estados Unidos?
-No tengo idea de cuál sea, pero la única razón debe ser mi orientación ideológica. Es la única que se me ocurre. Ideológicamente se estima que mis posiciones no son del agrado de las fuerzas políticas mayoritarias y que tienen otra visión de la Constitución. No admiten que uno pueda ser disidente, o de minoría.
¿Estorba Fernando Cruz a algunos grupos de poder?
-Tal vez no tanto, pero sí me llama la atención el tema de la intolerancia o de la incapacidad para admitir criterios diferentes, cuando un tribunal constitucional es como una policromía de corrientes ideológicas.
¿Es esto un intento de «emparejar el terreno», según dicen los diputados oficialistas, para que las decisiones que este grupo quiere que se tomen encuentren «menos obstáculos»?
-Sí. Lo extraño es que no sé qué tengo que ver yo con que no haya fluidez, siendo un solo magistrado. No entiendo qué tiene que ver eso del «emparejamiento» cuando yo he dictado muchos votos que son de minoría. No entiendo qué significa eso.
¿Cómo describiría a quienes lo quisieron fuera?
-En política uno no tiene que ver solo el acto en concreto, sino el contexto. Me parece que no hay nada personal forzosamente. Creo que esto es parte de una serie de acuerdos entre fracciones que incluyen otras cosas; eso es normal en el Parlamento. Incluso algunos de los diputados como el señor (Luis Gerardo) Villanueva, que es una persona que yo conozco hace muchos años y con quién he tenido una buena relación, votó en mi contra. No creo que sea nada personal. En política a veces se hacen las cosas con un sentido desvinculado de la subjetividad. Esto responde a un acuerdo general de distintas cosas.
Pero, ¿se puede tomar como un voto en contra de las voces independientes dentro del Poder Judicial y de la Sala Constitucional?
-Sí, es lo único que puedo interpretar dentro de las especulaciones que yo puedo hacer frente a un acto que no tiene ninguna motivación y es un ejercicio de poder político puro. La forma en que visualizo la judicatura y los asuntos no es del agrado de las personas que votaron en mi contra.
¿En qué temas pendientes de la Sala Constitucional puede ser incómodo Fernando Cruz por su criterio distinto?
-He sido de criterio distinto en muchas cosas. Sin embargo, mis compañeras y compañeros han sido muy respetuosos siempre. Creo que hay temas como el de Crucitas en el que ha sido una polémica adentro y afuera. Pero, nunca tuve ninguna aprehensión de decir -con el debido respeto para todos- lo que pensaba de esos temas. Todavía está pendiente la acción de inconstitucionalidad del tema Crucitas, que tiene un año de espera, y eso sí no lo pude votar.
Pero, sacarlo a usted del juego es una forma de desempatar el caso Crucitas…
-Esa es una posibilidad; no lo puedo asegurar, porque no sabemos exactamente cómo puede ser la votación, pero es una posibilidad. Claro, cuando un caso se empantana un año, lógicamente los que están afuera especulan mucho y piensan que está trabado el asunto. Supongo que cuando Fabio Molina dice que se debe «desentrabar» la Sala Constitucional, no se está refiriendo a eso.
¿Este pulso con la Asamblea Legislativa es una muestra de que la Sala Constitucional está «cogobernando» el país por los asuntos que trata y el impacto de sus resoluciones?
-No, creo que es mucho decir. Lo que sí creo es que el país tiene un síndrome de consenso y de pensamiento único. Unas cuantas disidencias que la Sala le pone al Parlamento sobre decisiones importantes se convierten en un gran tema de ingobernabilidad, pero la gobernabilidad no pasa por la Sala. Si usted hace un análisis de los votos de la Sala, no hay una determinación en la que uno pueda señalar más de 5 votos en los que se pueda decir que ha tomado decisiones que hacen difícil la gobernabilidad.
Nosotros resolvemos aquí cantidades de amparos sobre ineficiencia estructural. Que la gente necesita un puente, una unidad de salud que ya pidió, tiene una contaminación seria y grave. Que las personas tienen que tomar agua en cisternas por la contaminación que se produjo. Si usted ve eso, nosotros no cogobernamos, lo que hacemos es señalar las disfunciones en el tema del Estado social, de medio ambiente y derechos individuales. Es el poder político el que define el contenido de la Constitución.
El hecho de que la Sala le haya devuelto a la Asamblea Legislativa leyes porque estaban mal hechas, porque hay deficiencias, porque van en contra de lo que dice la Constitución, ¿muestra eso una deficiencia en la elaboración de las leyes?
-No forzosamente. ¿Cuántos son esos casos? No sé cuántos. Nadie los ha contabilizado con certeza. No creo que sean muchísimos; creo que no llegan ni a 100 asuntos. Tampoco demuestra que es ineficiencia en el quehacer legislativo. A veces es posible que haya deficiencias, pero otras veces es porque el poder político trata de actuar al límite de lo que establece la Constitución, y en la labor de gobierno a veces eso se excede, por eso la Sala le marca límites.
Al final la elección de los magistrados siempre es un asunto político. ¿Le parece bien que sea así, o cree que hay algún mecanismo que resguarde mejore la independencia?
-No hay. La discusión se produjo en 1949 de si para asegurarles independencia los nombra vitaliciamente, o los nombra con las garantías que tiene actualmente la Constitución -donde para que no sea reelecto requiere 38 votos negativos-. No es posible evadir la acción legislativa, porque la Constitución es un documento en el que los que van a interpretarla deben ser nombrados por el cuerpo político más importante y de mayor dinamismo, que es la Asamblea.
Si se resuelve que usted ha sido reelegido y la votación fue nula, ¿se queda en el cargo o piensa que la votación es una señal de que debe irse?
-Es una cosa que tengo que meditar.
¿Valoraría irse a pesar de las muestras de apoyo?
-Tengo que meditarlo y pensarlo, pero no me lo he planteado todavía ni he tomado ninguna decisión.
¿Qué quiso decir con «no quiero vivir sobándole el lomo al becerro de oro»?
-Es una definición poética de cómo creo que debe llevarse la vida y la conducta personal…
Si finalmente se queda, ¿cambiaría en algo la forma en que ha venido desarrollando su trabajo como magistrado?
-No, no; ya después de esto uno echa más músculo; entonces menos todavía. El músculo de la independencia lo eché hace mucho tiempo, desde la época en que fui Fiscal General y tuve que hacer cosas donde recibí reproches y negativas.