A tres meses del impacto de la pandemia, la situación se agrava en Ecuador con la supuesta “nueva normalidad” y las decisiones gubernamentales que debilitan aún más al sistema de Salud y generan más crisis con los recortes presupuestarios, leyes y ajustes de corte neoliberal que implican despidos masivos, desempleo, hambre y miseria.
Existe en Ecuador, como en gran parte de Occidente, un estado de guerra entre la oligarquía financiera parasitaria y la economía real de la producción y el consumo de bienes y servicios. Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, esta guerra se manifiesta de manera descarada.
El CDH se contactó con 368 personas que reportaron haber perdido un familiar durante la emergencia sanitaria en Guayaquil. A la fecha de cierre de este informe preliminar, hay 76 personas fallecidas cuyos cuerpos continúan extraviados.
El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.
En la decimonovena entrega de la serie, el activista por la memoria Arturo Atkinson repudia el decreto presidencial que ordena el cierre de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador dejando sin trabajo a más de 300 personas. El ferrocarril fue declarado en 2008 bien patrimonial histórico e inalienable de la nación. En su condición de nieto de un jornalero jamaiquino que trabajó en la construcción del ferrocarril, hijo de ferroviario y miembro del colectivo Memorias del Ferrocarril recuerda a los 2000 jornaleros jamaiquinos que murieron en la construcción del ferrocarril y afirma: «El Estado quiere borrar un bien cultural. Esto nos duele, pero seguiremos trabajando por la memoria colectiva para que los jóvenes sepan qué significa esta obra inaugurada el 25 de junio de 1908».
Se reproduce como marco teórico una falacia política, toda vez que se niega la existencia y los derechos de las personas y grupos que usan drogas, desconociendo a nivel normativo su consumo como un hecho y realidad social.
Las redes de corrupción: planifican, organizan y ejecutan actividades fraudulentas.
Hoy, la matanza del 3 de junio de 1959, debe ser traída a la memoria del pueblo, cuando el ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, ha pisoteado la Constitución de la República al dictar, de puño y letra, el Acuerdo Ministerial 179 diseñado para sofocar el derecho de protesta y resistencia de la ciudadanía.
En tiempos de crisis del capital, solo el pueblo salva al pueblo.