Debemos destacar que durante el tiempo en el que el Gobierno ha estado en funciones se ha aprobado la friolera de 4.340,42 millones de euros de nuevo gasto militar. Un importe que, por hacernos una idea, es superior a la suma de presupuestos aprobados de los ministerios de Agricultura, Cultura, Igualdad, Política territorial, Universidades, Presidencia y Consumo juntos.
Que se debata sobre una amnistía no es una impugnación de la Transición, sino la recuperación de su espíritu. Cualquier medida que se acuerde para “pasar página” será un paso adelante en la recuperación de un espíritu integrador.
El derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, como corresponde a un Estado social y Democrático de Derecho.
Hagamos, en primer lugar, la prueba del algodón: Si la amnistía de los delitos cometidos por Puigdemont y otras personas fuera realmente una solución democrática y auténtica de los problemas de Cataluña ¿por qué ni el PSOE ni Sumar llevaban esta «solución» en sus programas electorales?
Una visión del carácter emancipador del monumento y las fosas comunes, del rescate popular de la memoria y de la identidad política de las víctimas del fascismo.
Los autores sostienen que sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por el lehendakari Urkullu.
Las dificultades de acceso a la vivienda son un problema de raíces históricas bien analizadas en el Estado español. Este problema se torna más grave en las llamadas zonas tensionadas: las principales ciudades, así como territorios con fuerte actividad turística.
El viejo dogma falangista “España, como unidad de destino en lo universal” no resolverá los problemas derivados de la histórica descomposición del Estado borbónico.
La brecha entre la juventud en España y los jóvenes romaníes se agudiza: seis de cada diez chicos y chicas siguen sin terminar la educación obligatoria, según la Fundación Secretariado Gitano.
Cuarenta mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, víctimas de la violencia de género. 1.224, desde 2003 cuando se empezaron a recopilar datos.