El 7 de agosto de 1987, la firma del «Acuerdo de Esquipulas II» por parte de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y […]
El 7 de agosto de 1987, la firma del «Acuerdo de Esquipulas II» por parte de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y dejaron un saldo de centenares de miles de víctimas en la región.
Ese histórico evento no sólo mostró, por primera vez, un distanciamiento de los gobiernos centroamericanos de las políticas guerreristas de las dos superpotencias de entonces – Estados Unidos y Unión Soviética -, sino que despejó el camino para la pacificación y la desmilitarización de Centroamérica, por medio de una reducción drástica de las fuerzas militares y de armamento.
Veinticinco años después, esa misma región está siendo sacudida por una ola de violencia sin precedentes. El avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, asociado con los altos índices de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población, han convertido los países centroamericanos en corredores de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En muchos casos, las instituciones han sido permeadas por los cárteles de la droga y las bandas criminales, mermando de manera significativa la ya débil institucionalidad democrática que, con dificultad, se había venido construyendo en la posguerra.
Una situación muy complicada sobre todo para los países del Triángulo Norte – Guatemala, El Salvador y Honduras – que han alcanzado índices de violencia y criminalidad entre los más altos a nivel mundial y una tasa de homicidios que supera la de varios países en guerra.
Según William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, hoy en día la amenaza más grande para Estados Unidos se ha mudado a Centroamérica,»donde los traficantes y las pandillas criminales facilitan el flujo de hasta el 95% de toda la cocaína que llega» a territorio norteamericano». El departamento de Estados Unidos asegura que más del 70% por ciento de esta cantidad transita por Honduras.
Ante este escenario preocupante y con el objetivo declarado de combatir los daños causados por la narcoactividad, Estados Unidos ha vuelto nuevamente su mirada hacia Centroamérica. Por un lado ha fomentado e impulsado su presencia militar, el trabajo de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad nacionales, por el otro ha implementado las técnicas y tecnología militar de punta aplicadas a nuevas tácticas de guerra.
Los principales instrumentos de esta nueva estrategia «guerrerista» han sido la Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central, lanzada por el presidente Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), la versión centroamericana de la Iniciativa Mérida y del Plan Colombia.
De hecho, se trata de la principal estructura de aplicación y financiación de Estados Unidos en la región, con la que pretende coordinar los países centroamericanos con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), «para formar, profesionalizar y dotar a las fuerzas de seguridad de los Estados», así como apoyar en el combate directo a la narcoactividad, subraya Brownfield.
Remilitarización
Durante su visita a Honduras en marzo del año en curso, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado por el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Dan Restrepo, dijo que, pese a la crisis económica, su país iba a mantener los compromisos asumidos con la región.
Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y 2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado del 75%, alcanzando un total de 496 millones de dólares. Para el 2013, la administración Obama ha solicitado al Congreso la aprobación de una nueva partida de 107 millones.
Un informe del SIPRI (Instituto Internacional de Investigación de la Paz) evidencia que, en 2011, Centroamérica y el Caribe totalizaron un gasto militar conjunto de 7 mil millones de dólares, un 2.7% más que el año anterior. El tercer país con mayor incremento fue Guatemala con un 7.1%. A la cabeza de los países que más invierten en el sector bélico en el mundo continúan los Estados Unidos, con 711 billones en 2011.
Guatemala, con el apoyo económico y técnico de Estados Unidos, creará una fuerza militar para combatir el narcotráfico en el Océano Pacífico y en la región de San Marcos, fronteriza con México. Lo mismo está haciendo Honduras con la creación de la nueva fuerza de seguridad Tigres (Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad). Mientras tanto, los gobiernos del Triángulo Norte, en coordinación con el gobierno norteamericano y la participación de otros países de América Latina y Europa, lanzaron la «Operación Martillo», un esfuerzo multinacional que forma parte de la nueva estrategia de seguridad regional del gobierno norteamericano y de la CARSI, para combatir el crimen organizado trasnacional.
El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies) registró que, entre los años 2009 y 2010, hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las fuerzas militares de Guatemala y El Salvador, y lo mismo espera hacer Honduras en los próximos años. Dicho incremento fue menor en el resto de países de la región.
De la misma manera, el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe (2010), elaborado por la RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina), evidencia que, del 2006 al 2010, El Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa, Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, mientras que el aumento en Honduras fue del 64%.
En el caso particular de Honduras, durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe de Estado del 2009 y a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crímen organizado dirigidas a la Polícia Nacional, Estados Unidos aportó 53.8 millones de dólares y tiene previsto continuar con sus programas.
Aunque sin contar con ejército – pero sí con fuerzas de seguridad fuertemente militarizadas – Panamá y Costa Rica no se quedaron atrás en esta carrera armamentista. Según Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de RESDAL, ese proceso de remilitarización se expresa de diferentes formas, como por ejemplo, con la adquisición de nuevo armamento aéreo, naval y de tierra, pero también a través de la masiva presencia de efectivos militares y medios navales, terrestres y aéreos estadounidenses, a solicitud de las instituciones del Estado, como es el caso de Costa Rica.
En 2010, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de guerra y de siete mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región. En julio del año en curso, los diputados autorizaron el ingreso, atraque, desembarque y permanencia en aguas territoriales del buque de guerra USS Elrod.
Nicaragua mantuvo un bajo perfil y una escasa información acerca de la gestión y uso de su presupuesto anual, así como de la inversión militar ejecutado. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno sandinista y de sus diputados, logró importantes modificaciones a su base jurídica mediante la aprobación de leyes que le otorgan importantes cuotas de poder y nuevos y mayores espacios de autonomía.
Militarización de la seguridad pública
Otro elemento destacado por Cajina es la acrecentada participación de los ejércitos en la susodicha ‘guerra contra las drogas’, la cual «está conduciendo a la militarización de las policías y la ‘policialización’ de los ejércitos». En efecto, en los países del Triángulo Norte se ha legislado para que los militares cumplan tareas de órden público. «Poco a poco va desapareciendo la delgada línea roja que separa Defensa Nacional y Seguridad Púbica, una amenaza emergente real a los endebles procesos de construcción de institucionalidad democrática en Centroamérica», dijo Cajina.
A ese propósito, el VI Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, elaborado por varias instancias de derechos humanos en la región, señala que la militarización a que ha sido sometida la seguridad pública en Centroamérica estaría desnaturalizando a las instituciones policiales.
«El hecho mismo de desplazar nuevamente al ejército en las ciudades centroamericanas no sólo no se ha traducido en la reducción de los índices de violencia y criminalidad, sino que los ha incrementado, sirviendo de herramienta para frenar rebeliones de índole social contra sistemas opresores que les lanzan a la marginalidad social y la pobreza», señala el informe final.
Y si eso fuera poco, hay que recordar que, en Centroamérica, existe un verdadero ejército de agentes de seguridad privada. Se calcula que serían casi 70 mil los guardias fuertemente armados que trabajan en 717 empresas de la región, formando parte de la nueva militarización regional que, además, tiene matices muy particulares.
«En la nueva organización militar centroamericana post años 90, la mayoría de los ejércitos han dirigido sus pasos a la administración de empresas productivas o de servicios. Son los nuevos empresarios, los nuevos inversionistas, en donde se conjuga el poder militar y el poder económico del nuevo liberalismo de los tiempos modernos», asegura la periodista Dea María Hidalgo.
EE.UU. envía tropas
La otra cara del proceso de remilitarización en Centroamérica es el reposicionamiento militar de Estados Unidos. Los norteamericanos han vuelto a pisar suelo centroamericano con sus botas militares, esta vez, con nuevas técnicas y tecnologías.
Después de haber reactivado la Cuarta Flota en 2008, instalado nuevas bases militares (Isla Guanaja y Caratasca) y tres bases de Operaciones de Avanzada (Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón) en Honduras y reforzado las bases ya existentes, Estados Unidos ha profundizado el trabajo de capacitación y entrenamiento militar de la tropas nacionales, ha intensificado las maniobras militares en torno al Canal de Panamá, ha promovido el uso de contratistas para las tareas de respuesta rápida y ha desplegado fuertes contingentes de agentes especiales de la DEA (Drug Enforcement Administration).
Todd Robinson, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró recientemente en una entrevista con BBC Mundo que no existe una guerra contra la droga, sino «una decisión política para ayudar a que estos gobiernos protejan a sus ciudadanos y nosotros protejamos a los nuestros».
Sin embargo, resulta cada día más evidente que la administración del presidente Obama está impulsando y desarrollando su fórmula para un nuevo modo de guerra estadounidense. Según el portal web TomDispatch, en esta segunda década del nuevo siglo hay que olvidarse de las invasiones a gran escala como en el pasado reciente, sino que hay que pensar en «fuerzas de operaciones especiales que actúan independientemente, pero que también entrenan o combaten junto a militares aliados en puntos álgidos de todo el mundo».
Además de eso, hay que esperar una inversión cada vez más profunda hacia «la militarización del espionaje y la inteligencia, el uso de drones (aviones no tripulados), así como el lanzamiento de ataques cibernéticos y operaciones conjuntas del Pentágono con organismos gubernamentales ‘civiles’ cada vez más militarizados», explica el portal.
Se trataría de «operaciones militares confusas», es decir una especie de versión organizativa de la guerra en la cual «un Pentágono dominante fusiona sus fuerzas con otras agencias gubernamentales, como la CIA (Agencia de Inteligencia Central), el Departamento de Estado y la DEA, y fuerzas testaferras extranjeras, en complejas misiones combinadas».
Es una estrategia que ha impactado fuertemente en las poblaciones y ha levantado fuertes críticas de parte de amplios sectores de las sociedades centroamericanas. Según ellos, no solamente la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y no ha resuelto los graves problemas relacionados con este fenómeno, sino que detrás de este proceso de remilitarización de la región estarían ocultos los verdaderos objetivos de los Estados Unidos y de sus aliados centroamericanos: su reposicionamiento político-militar en la región, el control y la explotación de los principales recursos naturales y la criminalización de la protesta social, con un muy probable aumento de la violencia y la represión.
Fuente Original: Opera Mundi (portugués)