Traducido por S. Seguí
El caso Calipari es para muchos sólo un recuerdo brumoso. Pero, sin duda, no para nosotros. El encubrimiento de la investigación fue uno de los «éxitos» de la pareja Berlusconi – Bush jr. Una victoria de dos «grandes amigos» que ni siquiera fue cuestionada cuando llegó al Palazzo Chigi Romano Prodi, bajo cuya Presidencia del Consejo el Gobierno se constituyó en parte civil.
No teníamos ninguna razón para dudar de que la razón de Estado prevalecería sobre la memoria de los mejores servidores del Estado, pero ahora el sacrificio de esta memoria es confirmado por un despacho oficial secreto estadounidense, revelado por WikiLeaks. Y un escalofrío recorre la espalda con la idea de que los mismos hombres – Berlusconi, Fini, Letta y el entonces jefe del SISMI, general Pollari- que habían honrado a Nicola Calipari como un héroe lo despacharan después como un «efecto colateral» más de la guerra.
Nuestros gobernantes se han mostrado serviles hacia el poder estadounidense, hasta el punto de presentar un documento a la Embajada de EE.UU. que parecía tomar cierta distancia de la versión oficial estadounidense -por mor de acallar a la oposición- incluso antes de presentarlo al Parlamento italiano.
Es descorazonador pensar que el trabajo de expertos y jueces, un trabajo que condujo al enjuiciamiento del militar estadounidense Mario Lozano por homicidio voluntario político de Nicola Calipari y por intento de homicidio voluntario de Carpani y mío era sólo un ejercicio del poder judicial, sin ninguna posibilidad de éxito. Resultaron inútiles los debates sobre derecho internacional para hacer prevalecer la soberanía italiana, afirmando nuestra jurisdicción para celebrar un proceso que probablemente hubiera permitido conocer algunos detalles más sobre lo que ocurrió en Bagdad el 4 de marzo de 2005.
Por supuesto, todos los obstáculos que encontramos, incluso para enviar a la Secretaría de Estado de EE.UU. nuestra citación, ponían de manifiesto las intenciones del gobierno italiano de evitar un proceso y en especial de soslayar la participación del gobierno de los EE.UU.. Sin embargo, este exceso de celo plantea la cuestión (que no es sólo una duda) de si Italia tenía algo que ocultar, y de si tal vez era conveniente para todos echar cuanto antes tierra sobre el caso Calipari.
Agotadas ya todas las posibilidades que ofrece la vía judicial con la sentencia del Tribunal de Casación, que había rechazado nuestra apelación contra la sentencia del Tribunal de lo penal, esperamos que ahora, ante las revelaciones del sitio Internet fundado por Julian Assange, las fuerzas de oposición en Parlamento asumirán al menos la responsabilidad de revelar aquellas verdades hasta ahora deliberadamente ocultadas por el Gobierno.
La creación de una comisión parlamentaria de investigación, que nos negaron en 2005, resulta hoy indispensable para buscar la verdad sobre la muerte de Nicola Calipari y también las de todos los servidores del Estado que han sacrificado sus vidas en defensa de su país y nuestra democracia.
WikiLeaks ha revelado, una vez más, la hipocresía de los gobiernos, que acusan a este sitio Internet de socavar la seguridad del Estado. Pero, cabe preguntarse ¿quién atenta contra nuestra seguridad si el Gobierno no es ni siquiera capaz de garantizar nuestra soberanía?
Giuliana Sgrena es periodista italiana y escribe para Il Manifesto, Modus Vivendi y Die Zeit. Secuestrada el 4 de febrero de 2005 mientras efectuaba su trabajo en Baghdad por la organización Jihad Islamica, fue liberada por los servicios secretos italianos un mes más tarde. Mientras era trasladada a lugar seguro por agentes italianos, la comitiva fue objeto de disparos por parte de las fuerzas de ocupación estadounidenses, causando la muerte del agente Nicola Calipari y graves heridas a la propia Sgrena y otro agente. La responsabilidad del ataque está aún por establecer. (N. del t.).
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