Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015. En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país: la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en […]
Nuevamente hay crisis política en Guatemala. Nuevamente hay gente en la plaza, y una vez más vuelven a sonar las vuvuzelas. Pero esto es distinto a lo que aconteció en el 2015.
En aquel entonces, un factor de poder determinante en la escena política del país: la Embajada de Estados Unidos, quería esa gente en la calle, pero solo con vuvuzelas y entonando el himno nacional. Eso era necesario para poder implementar ese «golpe suave» en que consistió la maniobra que posibilitó sacar de la casa de gobierno al entonces binomio presidencial: Pérez Molina y Baldetti. Hoy día el escenario es otro.
La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas. Una crisis palaciega donde, una vez más, la población de a pie queda al margen. O, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen.
¿Por qué se da la crisis? Obviamente no es solo una cuestión visceral de un presidente que se siente acorralado por posibles juicios que se le avecinan; eso puede contar, pero en todo caso es un elemento más que evidencia las preocupaciones que sienten ciertos sectores, a los que representa el primer mandatario, que son su base de apoyo. Jimmy Morales, cuya figura fuera usada dos años atrás para salir de la crisis política que se había creado jugando el papel de «no corrupto», tiene como grupo de apoyo (en su partido FCN-Nación) sectores de ultra-derecha ligados a la represión durante la guerra, quienes presentan nexos con negocios no muy santos. De ahí que ahora salen a relucir financiamientos turbios durante su campaña presidencial, donde la narcoactividad es protagonista.
La misión de la CICIG * * , financiada y direccionada por Washington, es la persecución de hechos de corrupción. Pero ahí hay agenda oculta: se persiguen funcionarios de gobierno corruptos (la Línea 1), pero nunca se tocan -ni pareciera que se vayan a tocar en el futuro- a los verdaderos beneficiados de la corrupción: la «Línea 2» (empresariado que se sigue manejando en la más completa impunidad, no tributando impuestos, pagando salarios por debajo de lo fijado por ley (los cuales ya son de miseria), desviando ríos y contaminando irresponsablemente el medio ambiente, entre otras preciosidades). La CICIG, como parte del proyecto de hipercontrol que desarrolla el gobierno de Estados Unidos con los países de Centroamérica, choca así con ciertos grupos de poder que se han venido formando en décadas a la sombra del Estado contrainsurgente, y que siguen actuando aún con mucha impunidad.
La crisis actual habla de ese enfrentamiento. Esa confrontación llevó al presidente a pedir la salida del comisionado Iván Velásquez. La dinámica se dio de tal manera que todo pareció reducirse a la dicotomía si Velásquez se va o se queda. O: si Jimmy se va o se queda. La cuestión es más compleja.
Ante esa dinámica, y reeditando lo sucedido en el 2015, alguna población volvió a salir a la calle (mucho menos que dos años atrás) pidiendo la renuncia del mandatario. Pero ahora el plan estadounidense no parece ser sacar de en medio al presidente (como lo fue con Pérez Molina). A partir de cierta gimnasia participativa que comenzó a darse desde aquellas manifestaciones, más de alguno sintió que nuevamente la gente en la calle podía decidir los destinos del país.
Eso es así: la gente en la calle, la población movilizada, cambia el curso de la historia. ¡Eso son las revoluciones! Pero ni en el 2015, ni mucho menos ahora, hay espacio para cambios reales. Es probable que la actual crisis termine negociándose la permanencia de ambos: Morales y Velásquez, con acuerdos por debajo de la mesa. La «lucha contra la corrupción» llevada adelante por la CICIG seguirá, pero siempre de la misma manera: podrá haber nuevas «Líneas 1», pero nunca «Líneas 2». Y a la población (urbana y clasemediera) no se le permitirá pasar de sonar vuvuzelas. La población (rural, campesina, trabajadora, indígena), cuando protesta, seguirá siendo criminalizada.
¿Se puede ir más allá de las vuvuzelas? ¡Es imprescindible para cambiar algo de verdad!, pero la situación muestra que hoy no hay mayor espacio para eso: no hay izquierda organizada, el campo popular está fragmentado y los medios de comunicación comerciales (y las iglesias neoevangélicas) tienen la iniciativa.
¡Pero no está todo perdido! Las movilizaciones del 2015 (con más vuvuzelas que otra cosa) permitieron, por ejemplo, el renacer del movimiento estudiantil en la USAC, y hoy tenemos una AEU * * * depurada. Conclusión: ¡¡por supuesto que se puede ir más allá de las vuvuzelas!! ¡Es imprescindible!
Notas
* Material aparecido originalmente en Plaza Pública el 4/9/17.
* * Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU.
*** Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, recientemente recuperada en elecciones democráticas por una lista de jóvenes estudiantes progresistas, contrarios a las mafias que la habían secuestrado por décadas.
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