Cada año los Estados pierden miles de millones de dólares por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar, dinero producto de la actividad criminal, de la corrupción y, sobre todo, de la actividad comercial. De forma directa, los flujos financieros ilícitos erosionan las bases imponibles de […]
Cada año los Estados pierden miles de millones de dólares por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar, dinero producto de la actividad criminal, de la corrupción y, sobre todo, de la actividad comercial. De forma directa, los flujos financieros ilícitos erosionan las bases imponibles de los países, frenan y retrasan el desarrollo, afectan a la población e incrementan las brechas de la desigualdad pues recortan los recursos financieros que los gobiernos podrían destinar a programas sociales básicos como salud, alimentación y educación.
La pérdida por flujos financieros ilícitos en América Latina se ha incrementado en la última década en más del 100%; problemas como la evasión y elusión fiscal obstaculizan el desarrollo de la región. Según el último Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza afectó en 2014 al 28% de la población y la indigencia aumentó a 12% respecto a 2012, estas cifras revelan un estancamiento en el proceso de reducción de la pobreza. Es claro que, entre algunas de las medidas que requieren ser abordadas urgentemente para revertir esta situación, los países deben frenar las salidas de estos flujos y generar entradas a través de una mayor recaudación que permita invertir en el sector social.
Las últimas cifras sobre los flujos financieros ilícitos publicadas por Global Financial Integrity[1], muestran que los países en desarrollo, dentro de ellos América Latina, han perdido 6,6 billones de dólares entre el 2003-2012, de los cuales alrededor de 1.5 billones de dólares se refieren a fugas en la balanza de pagos; es decir dinero no registrado ni relacionado con las cuentas del Estado, lo cual representa alrededor del 23% del total. Estos flujos tienen una tendencia creciente y se han incrementado en promedio 9.4% cada año, lo cual revela que las medidas para combatir dichos flujos son insuficientes y no cuentan con la institucionalidad necesaria.
El mecanismo más empleado para mover ilícitamente el dinero fuera de los países en desarrollo ha sido la falsa facturación en el comercio (manipulación de los precios de transferencia), la cual representa el 77.8% del total de flujos financieros ilícitos fugados entre 2003 y 2012.
Los montos perdidos por los flujos financieros ilícitos a lo largo de la última década son los mismos que hacen falta para generar propuestas públicas destinadas al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos sociales como la erradicación de la pobreza, acceso a servicios de salud gratuitos y educación de calidad.
En el 2012 se registraron 991,2 mil millones de dólares como flujos ilícitos que fugaron de economías en desarrollo, siendo ese año el máximo registrado en los últimos 10 años. Estos flujos representaron salidas de capitales que provienen de actividades comerciales de empresas, la delincuencia, la corrupción y otras actividades ilícitas. Para este mismo periodo la ayuda oficial al desarrollo fue 89.7 mil millones de dólares y la inversión extranjera directa 789,3 mil millones, lo cual significa que los flujos ilícitos representaron aproximadamente 1,3 la inversión extranjera directa, y 11,1 veces la ayuda oficial al desarrollo que recibieron las economías en desarrollo.
En lo que se refiere a América Latina solo en el 2012 los flujos ilícitos significaron más de 150 mil millones de dólares, lo que representó aproximadamente el 3% del PBI de la región. Este monto es superior a la inversión extranjera directa y 15 veces más que lo que recibe como ayuda oficial al desarrollo. Las tasas de evasión fiscal del IVA fluctuaron entre 17,8% y 37%, y la evasión del impuesto sobre la renta varió entre 46% y el 49% de la recaudación total para el período comprendido entre 2006 y 2010, esta evasión es cerca del 1% del PBI de la región.[2]
Dentro de los países de la región cinco de ellos se encuentran entre los veinte primeros países del mundo que perdieron más debido a los flujos financieros ilícitos en el periodo 2003-2012. Chile ocupa el lugar veinte con 45,6 mil millones de dólares, Panamá está en el puesto dieciocho con 48,4 mil millones, Costa Rica es el décimo cuarto con 94 mil millones, Brasil ocupa el séptimo puesto, los flujos ilícitos de este país representan el 1.5% del PBI y México es el tercero del mundo (y primero en la región) después de China y Rusia, con 514 mil millones.
En el caso de Costa Rica, este monto representa el 47% de su PBI, siendo el máximo dentro de toda la región seguido por Nicaragua, Honduras y Paraguay. Los flujos ilícitos salidos de estos países representan en promedio el 20% de su PBI en 2012.
Los países con mayor salida de flujos ilícitos en relación a su PBI, también son aquellos que registran altos niveles de pobreza como Nicaragua, Honduras y Paraguay, que alcanzan niveles de pobreza que fluctúan entre el 69% y 49 % de su población, superando el promedio de la región, confirmando que existe una correlación positiva entre los flujos financieros ilícitos y los índices de pobreza.
Estas cifras significan que cada año los países de la región pierden enormes ingresos tributarios que pueden ser empleados en políticas de desarrollo; dada la magnitud de los montos involucrados en estas actividades, los flujos financieros ilícitos son una de las principales limitantes para el progreso de los países en desarrollo minando así la estructura de los Estados.
Sin embargo la salida de los flujos ilícitos no sería viable, sin la existencia de facilitadores, los cuales brindan servicios de offshore[3]. Los facilitadores son entidades de profesionales que actúan como intermediarios para que las empresas y personas adineradas puedan sacar su riqueza del país hacia paraísos fiscales, proporcionándoles estructuras jurídicas y esquemas de planificación impositiva.
Dentro de los principales facilitadores están las grandes firmas contables e impositivas, encargadas de diseñar, desde las casas matrices, la planificación fiscal internacional de todo el grupo económico. Los grandes estudios de abogados son los creadores de las estructuras jurídicas necesarias para poner en marcha los esquemas fiscales y financieros y de defenderlos ante los tribunales.
Los bancos internacionales ofrecen los canales de transferencia de los capitales y administran las inversiones de los grandes ricos globales y de las corporaciones, tal como lo sucedido en el caso del Banco HSBC en Argentina donde se descubrió la apertura y ocultamiento de 4040 cuentas no declaradas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de dólares en una sucursal suiza del Banco.
Ante esta situación, el reto de la región es frenar los flujos ilícitos provenientes del lavado de dinero, fuga de capitales y las malas prácticas de las multinacionales, las cuales se valen, además, de una serie de acuerdos tributarios que terminan siendo acuerdos para eludir impuestos.
Para poner fin a este tipo de actividades es necesario que los gobiernos construyan e impulsen mecanismos de integridad y trasparencia financiera, una administración tributaria eficiente, permitiendo controlar la evasión y la elusión tributaria.
Es en ese sentido que actualmente se viene presionando desde la sociedad civil para incorporar mecanismos que promuevan la transparencia de las empresas transnacionales, que incluyen:
+ Reporte público país por país
En la actualidad, ni las administraciones tributarias, ni la ciudadanía conocen la forma en que se estructuran las empresas transnacionales. El reporte financiero país por país les impone la obligación de divulgar con precisión todas las subsidiarias que tienen en el mundo, su número de trabajadores, el volumen del negocio, las ganancias obtenidas y los impuestos pagados. Dicha información permite ubicar rápidamente los esquemas agresivos de elusión tributaria y los paraísos fiscales usados como soporte. Es clave que esta información sea de carácter público a fin de que autoridades, prensa y sociedad civil puedan acceder a ella.
+ Registro público de los beneficiarios efectivos
Si bien es fundamental el reporte país por país de carácter público, se requiere además conocer a los beneficiarios reales de las empresas, fundaciones y fideicomisos que sirven como fachada muchas veces para no pagar impuestos. Estos beneficiarios deben estar listados en registros de carácter público.
Y del mismo modo impulsando medidas para lograr la transparencia fiscal y cooperación entre los Estados a través de:
+ Intercambio multilateral y automático de información
Los Estados de la región y el mundo deben implementar mecanismos eficaces para intercambiar información tributaria de manera multilateral entre todos y automáticamente. Apenas una persona física o jurídica abre una cuenta bancaria, la administración tributaria recolecta y reenvía esa información al país de origen de esa persona a fin de identificar si hay elusión, evasión o fraude.
+ Intercambio no recíproco a favor de los países en desarrollo durante un periodo de transición
Los Estados con mayor poder agrupados en el G-20 y la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE) se organizan para el intercambio arriba descrito, pero se excluye a los países en desarrollo que aún no tienen capacidad para implementarlo. Por ello es importante que el intercambio de información empiece, en primer lugar y sin reciprocidad, desde estos países y los paraísos fiscales hacia la mayoría de países de América Latina y el Caribe.
Notas:
[1] Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 Dev Kar and Joseph Spanjers December 2014.
[2] Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
[3] «Industria offshore» se refiere a los servicios para el perfeccionamiento de la fuga de capitales.
Jessica Portocarrero es economista. Ha trabajado en el área de Coordinación académica de la Especialidad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte del equipo de la Secretaría de LATINDADD.
Artículo publicado en la edición 506 (julio 2015) de la revista América Latina en Movimiento, sobre «La hora de la justicia fiscal» – http://www.alainet.org/es/