1) El gobierno del Frente Amplio avanza en su política represiva contra la pobreza extrema. La ha declarado «zona de guerra». Coincidiendo con los partidos de la derecha que piden «mano dura»; alimentando la campaña mediática que criminaliza a los desposeídos de todo y difunde el miedo. El domingo 14 de octubre, en el barrio […]
1) El gobierno del Frente Amplio avanza en su política represiva contra la pobreza extrema. La ha declarado «zona de guerra». Coincidiendo con los partidos de la derecha que piden «mano dura»; alimentando la campaña mediática que criminaliza a los desposeídos de todo y difunde el miedo.
El domingo 14 de octubre, en el barrio Marconi, la Policía asesinó al joven Álvaro Nicolás Sosa Gutiérrez, alias el Bebe. No robaba, no molestaba a nadie. Su mayor «delito» era «requechear» de la basura. Su peor desgracia fue ser uno de los miles de «pichis» que habitan esos «territorios prohibidos» donde abundan el desempleo, la deserción estudiantil, la pobreza infantil. La desesperación.
La autoría del crimen fue confirmada por el juez de la causa. La bala mortal partió del arma de un policía. Sin embargo quedó en libertad. Por lo menos hasta que se realice una «ampliación de pruebas» pedida por la fiscal. Tanto el asesino como los otros cuatro policías «emplazados» por la Justicia, alegaron haber actuado en «legítima defensa propia». Que respondieron a los tiros para «defenderse de las pedradas» de unos vecinos en «desobediencia civil». Es decir, que se habían insubordinado frente al atropello.
El jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, respaldó a sus efectivos. Justificó la muerte de Álvaro: «está dentro de las previsiones» (El Observador, 17-10-2012). Como si apenas fuera un «daño colateral». El tupamaro Eduardo Bonomi, Ministro del Interior, también defendió la actuación de la Policía y aseguró que la «presencia del Estado» continuará para «garantizar la seguridad» en el Marconi. «¿A caso no es la policía la que puede ayudar a que no se priven de los servicios, es decir que haya una seguridad tal que permita el ingreso de ómnibus, taxis, ambulancias y proveedores?» (La República, 19-10-2012).
Para Bonomi, «los problemas de violencia en el barrio Marconi se deben fundamentalmente a una guerra entre bandas dirigidas por presos del penal de Libertad». (El País, 23-10-2012) Una «guerra entre bandas de narcos» donde su multiplican los «ajustes de cuentas». Lo que confirmaría el proceso de «favelización» de algunas zonas de Montevideo, entre las que están Marconi, Cerro Norte, Borro y 40 semanas. Como en cualquier guerra «contra el crimen organizado», la violencia del «Estado derecho» está plenamente legitimada. Por tanto, la Policía tiene licencia para matar.
2) En el Consejo de Ministros del lunes 22 de octubre, el Presidente José Mujica respaldó a Bonomi y a la Policía. En ninguna de sus (diarias) comparecencias ante la prensa, ni en su audición radial hizo mención al asesinato. Se entiende. Porque su gobierno resolvió instaurar la «tolerancia cero». Es decir, una política de limpieza social disfrazada de «guerra sin cuartel al crimen organizado». Donde las incursiones militarizadas de la Policía en los barrios de «contexto crítico», ejercen una intolerancia radical y selectiva contra los pobres del orden neoliberal.
En efecto, el brazo penal del Estado se concentra sobre las capas sociales «carenciadas». Esto es, sobre los pobres, los jóvenes desempleados, los clasificadores, los niños que comen de la basura, los «grupos excluidos» que han cometido algún delito, y sobre quienes son presentados como «potenciales» criminales.
En la versión oficial, la pobreza extrema y la segregación social no son causas que expliquen lo ocurrido en el Marconi o en otros barrios empobrecidos. No obstante, y por las dudas, recurre al asistencialismo. Por algo será. El mismo Consejo de Ministros, «acordó evaluar el impacto de los programas sociales dirigidos a sectores que se ven afectados por este aumento de homicidios, y mejorar y generar políticas para atender estas realidades». (Diego Cánepa, subsecretario de la Presidencia de la República, El País, 23-10-2012)
3) Seguramente, este nuevo crimen de Estado quedará impune. Como tantos otros bajo el gobierno del Frente Amplio. Sobre todo cuando las víctimas son hijos de la miseria social o «reclusos» que habitan «las peores cárceles del mundo». La «demanda de seguridad» justifica los medios. Incluso la ejecución del «delincuente». El joven asesinado en el Marconi era parte de esa tropa delictiva que la «ciudadanía honesta» detesta.
Lamentablemente, el gobierno cuenta con un dato a su favor. Que se puede registrar. Muy pocos alzarán la voz de condena cuando la baja sea un «malandra». El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado al respecto. Ni otras entidades de Derechos Humanos. Tampoco lo hicieron el PIT-CNT, la FEUU, ni otras organizaciones sociales. Los sindicatos del transporte -hasta el momento- guardan un silencio vergonzante, a pesar que sus «enemigos de clase» -las patronales de ómnibus y de taxis-, no dudaron un instante en apoyar la represión policial.
Desde el Colectivo Militante repudiamos este nuevo crimen de Estado. Denunciamos la represión policial y rechazamos la política de «seguridad pública» del gobierno del Frente Amplio. Nos solidarizamos con los vecinos del Marconi. Y acompañamos la demanda de María Teresa Conde, la madre de Álvaro: los asesinos de su hijo deben ser castigados.