Ante la sentencia hecha pública en la madrugada de hoy por el Tribunal de Génova (Italia) condenando a un total de 24 años de cárcel a 15 imputados, entre policías («antiterrorista», penitenciaria y nacional), carabineros, médicos y enfermeros acusados de maltratar a 207 personas detenidas en el siniestro cuartel de Bolzaneto, durante la cumbre del […]
Ante la sentencia hecha pública en la madrugada de hoy por el Tribunal de Génova (Italia) condenando a un total de 24 años de cárcel a 15 imputados, entre policías («antiterrorista», penitenciaria y nacional), carabineros, médicos y enfermeros acusados de maltratar a 207 personas detenidas en el siniestro cuartel de Bolzaneto, durante la cumbre del G8 celebrada en esa ciudad en julio de 2001.
Los y las activistas anticapitalistas del estado español personadas como acusación civil en dicho proceso (trece personas de Zaragoza fuimos detenidas en aquellos días; nueve de ellas pasamos por ese cuartel y fuimos maltratadas) durante los últimos siete años, con el apoyo de la Secretaría Legal de Génova, tras haber sido objeto de «la brutalidad policial» y de un «trato inhumano y degradante» deseamos comunicar que:
Es un motivo de satisfacción que haya quedado demostrado legalmente (moralmente ya lo era) que en el cuartel de Bolzaneto hubo palizas y todo tipo de vejaciones a los detenidos, y que estos malos tratos no fueron hechos aislados, sino una estrategia de terror planificada para frenar la creciente movilización anticapitalista por otro mundo. Si no se ha condenado a todos los policías imputados es porque no se ha podido demostrar su implicación individual, pero ha quedado claro que los hechos existieron.
Esta sentencia representa un paso adelante en el reconocimiento público de la brutalidad policial contra el legítimo derecho a la protesta de la sociedad civil mundial. Sin embargo el hecho de que los funcionarios del estado italiano culpables no lleguen a cumplir las penas de cárcel impuestas debido a los indultos concedidos por el gobierno de Berlusconi y por la prescripción de los delitos que lo hacen posible, gracias a innumerables estrategias jurídicas de dilación que hemos padecido durante casi una década de largo proceso, así como la absolución de otros 30 imputados protagonistas de la misma violencia, nos hace sentir que la autoridades italianas se están riendo de nuestro sufrimiento y del de todas las personas por quienes nos movilizamos en aquellos difíciles días de Génova en contra del G-8.
Una vez más la llamada «Justicia» demuestra no ser otra cosa que la voz de su amo, en este caso del gobierno neofascista de Berlusconi. No esperamos nada de la justicia oficial, que forma parte del mismo aparato del estado que nos apaleó hace siete años. Así lo confirma el que los ejecutores continuarán prolongando el proceso como han hecho hasta ahora, esperando que prescriba, y los mandos responsables últimos saldrán impunes.
Nuestra mente y nuestro corazón están ahora mismo con el equipo legal que ha peleado durante 7 años para que se reconozca lo que sucedió en aquellos días de plomo pero también de júbilo de julio de 2001. Con ellos y con los movimientos sociales de la ciudad de Génova, que en todo este largo proceso nos han mostrado la mejor cara de la solidaridad. No somos víctimas, somos Movimiento y como tal seguimos y seguiremos luchando juntos por la dignidad y la justicia social en todo el planeta.
15/07/2008 AGENCIAS
Quince miembros de las fuerzas de seguridad italianas fueron condenados ayer y otros 30 agentes policiales fueron absueltos por su actuación durante la cumbre del G-8 en Génova (Italia), que se saldó con la muerte del joven activista Carlo Giuliani, de 23 años, en julio del 2001.
Según informó Ansa, el Tribunal de Génova hizo pública ayer una sentencia condenatoria a los policías en la que las penas varían entre los cinco meses y los cinco años de prisión. Los 45 miembros de las fuerzas del orden estaban acusados de trato vejatorio a los manifestantes. El proceso judicial continúa abierto.
De hecho, el pasado mes de diciembre 24 jóvenes antiglobalización fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco meses y los once años de prisión.