La violencia contra las comunidades que defienden sus derechos fundamentales marca hoy la agenda política en el Perú. En Espinar, Cusco, la policía ha disparado contra los manifestantes, causando cuatro muertes y decenas de heridos, y ha detenido a los dirigentes, incluido al alcalde provincial Oscar Mollohuanca, en el marco de un estado de emergencia. […]
La violencia contra las comunidades que defienden sus derechos fundamentales marca hoy la agenda política en el Perú. En Espinar, Cusco, la policía ha disparado contra los manifestantes, causando cuatro muertes y decenas de heridos, y ha detenido a los dirigentes, incluido al alcalde provincial Oscar Mollohuanca, en el marco de un estado de emergencia.
La detención del alcalde Mollohuanca violó principios fundamentales del debido proceso reconocidos por la Constitución y las leyes, como el del Juez natural, el no ser detenido sino en casos de flagrancia o mandato judicial, el no ser desviado de la jurisdicción predeterminada (se le procesa en Ica y el lugar donde sucedieron los hechos materia de juzgamiento fue Cusco), entre otros. Aunque la Sala Superior de Apelación de Ica ha anulado la orden detención, el proceso contra el alcalde de Espinar continúa.
Esta situación muestra una vez más como en el Perú y en toda la Región Andina los Estados incumplen sistemáticamente los acuerdos internacionales de proteger los derechos de los pueblos indígenas. En vísperas de iniciarse la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, es oportuno recordar que el 13 de junio de 1992, 178 países votaron a favor de adoptar la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro (Río’92). Esta Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial, nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan directamente a la Madre Tierra.
En su Capítulo 26, titulado Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, la Agenda 21 reconoce que las tierras de las poblaciones indígenas y sus comunidades deben estar protegidas contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población indígena de que se trate considere improcedentes desde los puntos de vista social y cultural. Y acuerda celebrar consultas con las poblaciones indígenas y sus comunidades con miras a tener en cuenta sus necesidades e incorporar sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o de otra índole en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y conservación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que puedan afectar a esas poblaciones.
Sin embargo, en la misma década de los noventa se inició, con la globalización neoliberal, la implementación en nuestros países del desarrollismo basado en las actividades extractivas, que en el caso de los Andes es sobre todo la minería. Los Estados desde entonces aplican políticas de fomento a esta actividad, con mínimos requisitos ambientales y sociales, ignorando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, despojando el territorio, contaminando la Madre Tierra. Es decir, en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, nada de la Agenda 21 ha sido cumplido.
Incumplimiento sistemático
En el Perú, además de los compromisos internacionales, también se incumplen las promesas electorales. En 1990, Alberto Fujimori se presentó como el candidato del no shock y lo primero que hizo al llegar al gobierno fue decretar el ajuste económico más severo de la historia del país, para luego dar un autogolpe de Estado e imponer una Constitución neoliberal que recortó los derechos territoriales de las comunidades, además de emitir un Código de Minería totalmente retrógrado y firmar convenios de estabilidad tributaria con las grandes multinacionales mineras.
El retorno de la democracia no significó el cambio de este modelo. A la caída de Fujimori le siguió un breve gobierno de transición y luego llegó Alejandro Toledo, quien, tras una gigantesca marcha indígena, prometió crear una comisión tripartita (Estado-empresas mineras-comunidades indígenas) para revisar la legislación y los impactos de la minería. Nunca cumplió.
Después fue elegido Alan García para un segundo mandato, ofreciendo aprobar un impuesto a las sobreganancias mineras, que luego cambió por un vergonzoso «óbolo voluntario», así como revisar «línea por línea» el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Lo que hizo, en cambio, fue emitir un paquete de decretos legislativos para implementar ese TLC, los cuales vulneraban derechos territoriales indígenas. La protesta contra esos decretos desembocó en la Masacre de Bagua.
Es que junto con este mantenimiento e incluso profundización del neoliberalismo extractivista, en el Perú los gobiernos implementan una creciente criminalización de las protestas sociales, a través de la emisión de decretos legislativos, la estigmatización, la persecución policial y judicial e incluso la tortura y el asesinato de líderes, dirigentes y autoridades indígenas.
El año pasado llegó al gobierno Ollanta Humala, quien entre la primera y la segunda vuelta electoral ya había cambiado su programa de «gran transformación» por una «hoja de ruta». Durante su campaña, prometió en Cajamarca que daría prioridad al agua sobre el oro, pero una vez en el gobierno sentenció que «Conga va» y la represión y la criminalización continúan.
Desarrollismo y minería
El neoliberalismo impuesto en nuestros países significa la implementación de un modelo de desarrollo basado en las actividades extractivas (minería, petróleo y gas, forestales), cuyo único horizonte es el crecimiento económico y que profundiza las brechas de la pobreza, vulnera los derechos humanos y colectivos, depreda y contamina la Madre Tierra y sustenta las economías nacionales en la exportación de materias primas.
Para los Estados centralistas de los países andinos, el desarrollo es sinónimo de infraestructura, no para el beneficio de los pueblos, sino para facilitar el saqueo de los bienes naturales, dentro del modelo económico primario exportador. Para hacerlo, en el Perú el gobierno central recorta las atribuciones de los gobiernos regionales y locales, haciendo pasar sus proyectos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y postergando las necesidades de los pueblos. Como resultado, las regiones con mayor población indígena son las que tienen los índices más bajo de desarrollo humano y los más alto de pobreza y desnutrición crónica infantil.
En lugar de garantizar los derechos de sus ciudadanos, el Estado peruano legisla e implementa políticas públicas para beneficiar a las empresas mineras, reduciendo al mínimo los requisitos ambientales y laborales. Las grandes multinacionales mineras cuentan con contratos de estabilidad tributaria, merced a los cuales solo pagan los impuestos vigentes a la firma del contrato de concesión, evaden el pago de regalías y tienen la mesa servida para la elusión tributaria. Pese a que en el Perú el Convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995, ni una sola concesión minera ha pasado por la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados.
Mientras tanto, la minería se instala en cabeceras de cuenca, contamina fuentes de agua vitales para la agricultura, la ganadería y el consumo humano, despoja territorios, impacta en las culturas y en las organizaciones comunales, desplaza poblaciones, corrompe y divide. Miles de pasivos ambientales y las prácticas actuales, sobre todo la minería a tajo abierto, evidencian estos impactos. No hay minería antigua y minería nueva, los avances tecnológicos solo son para acelerar la extracción de mineral, no para cuidar el medio ambiente y menos para respetar derechos.
En la región Pasco, la minería ha convertido la capital, Cerro de Pasco, en un enorme tajo abierto que sigue creciendo y provocando el desplazamiento de la población. En Huancavelica ha contaminado los ríos. En Cajamarca ha arrasado con las lagunas de donde nacen los ríos que abastecen de agua a la ciudad. En Ancash ha desplazado poblaciones, como lo ha hecho en Cusco, contaminando ríos, dividiendo a las comunidades, incumpliendo acuerdos.
En todos estos lugares y muchos otros del Perú, las protestas de las comunidades son respondidas con la represión, la estigmatización y la criminalización. Los muertos, heridos, detenidos y procesados en Espinar son parte de esta práctica sistemática del Estado, para la cual los gobiernos han emitido normas que penalizan la protesta social y dan a las fuerzas del orden licencia para matar.
Más de lo mismo
Mientras los Estados se aferren a este modelo de desarrollo impuesto por los países ricos y sus corporaciones multinacionales, toda discusión sobre «sostenibilidad» será solo discurso hueco. Hablar de «economía verde» es insistir en la mercantilización de la Madre Tierra, es profundizar la dependencia y la pobreza, es ampliar aun más las desigualdades sociales.
Y junto con todo ello, multiplicar la represión y la militarización, con estados de emergencia, con muertos y heridos, con perseguidos, presos y procesados. El Estado sustenta la economía nacional en el extractivismo y los sucesivos gobiernos pagan con favores políticos y económicos los aportes de las empresas mineras a sus campañas electorales.
Ese es su único compromiso, las promesas hechas a los pueblos son solo parte del juego político para llegar al poder. El Presidente Ollanta Humala se atreve a hablar en la Asamblea de la OIT de respeto a la consulta previa, de las comunidades indígenas como aliados estratégicos del Estado, de respeto del medio ambiente, mientras envía tropas policiales y militares para sofocar los crecientes conflictos socioambientales, interviene las cuentas de gobiernos municipales y regionales que se ponen del lado de sus pueblos, encarcela autoridades y dirigentes, dispara a matar en las movilizaciones.
Los hechos lo demuestran: el gobierno de Ollanta Humala es más de lo mismo, sin cambios en las políticas económicas y represivas, con un discurso de inclusión que se reduce a programas asistenciales. Con dependencia y criminalización.
El poder de las corporaciones multinacionales se impone sobre los Estados y sobre los organismos internacionales, incluida la propia ONU. Se minimiza los Estados para ellas. Se legisla para ellas, se convierte la Madre Tierra en una mercancía para que ellas se enriquezcan. Esta es la verdadera esencia de la globalización neoliberal y de los discursos sobre desarrollo sostenible y economía verde.
Los pueblos indígenas y sus organizaciones lo tenemos muy claro.
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI
Fuente: http://alainet.org/active/55616