Nos dan gato por liebre. Nos dan una Constitución y en realidad es un Tratado. Nos lo presentan como una «Constitución» y esto no es verdad. El título es el siguiente: «Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa» (18 de Junio de 2003). Y esto quiere decir que el texto […]
Nos dan gato por liebre. Nos dan una Constitución y en realidad es un Tratado. Nos lo presentan como una «Constitución» y esto no es verdad. El título es el siguiente: «Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa» (18 de Junio de 2003). Y esto quiere decir que el texto que tenemos entre manos es un Tratado, no una Constitución. Porque las Constituciones son actos de derecho interno, nacional, de un país, de un Estado, y no pertenecen al campo del derecho internacional, cuya herramienta tradicional es el Tratado. Hablar de Constitución europea significaría que los 25 Estados miembros de la Unión, y sus pueblos, se reconozcan como una comunidad de destino fundada en el sufragio universal. Pero, este no es el caso, en absoluto. Una Constitución funda un Estado, mientras que un Tratado puede, a lo sumo, crear una organización internacional. Y tanto la Comunidad europea, como la Unión europea han continuado siendo organizaciones internacionales. No se trata, por tanto, de una Constitución, sigue siendo una pacto entre los Estados que atribuyen facultades a la Unión. Este Tratado solo tiene, pues, la apariencia de una Constitución. Es realmente un Tratado y como todo Tratado será obligatorio y aplicado al conjunto de las instituciones europeas y nacionales.
Se le puede llamar en todo caso «Tratado constitucional», pues hay una utilización abusiva del término Constitución.. Recurrir a un Tratado que establece una Constitución significa tratar de pasar por alto la soberanía popular para imponer, mediante un acto solemne, los principios del liberalismo económico. La sanción de una Constitución proviene siempre de la soberanía popular. El perjuicio infligido a la democracia es proporcional a la mención de imponer una Constitución a través de un Tratado. Es un engaño, un fraude.
Lo trágico es que mediante este Tratado constitucional nos quieren legalizar, introducir en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, toda una serie de disposiciones concretas y restrictivas de muchos temas. Se consolida el modelo Neoliberal de la dominación del Mercado, la libertad de acción del capital, de los empresarios, y la soberanía de las multinacionales. Se hará Ley la liberalización (privatización) de los servicios públicos (educación, sanidad, transporte, vivienda, agua, etc.) y ahora los llaman «servicios de interés económico general» (III,55), abriendo estos a la competencia y a las multinacionales. Estarán sometidos estos servicios a la Organización Mundial del Comercio (OMC), por medio de los Acuerdos Generales de Comercio de Servicios (AGCS) con capacidad de sancionar a los Estados cuyas políticas sociales y de servicios públicos sean un obstáculo al mercado de las empresas multinacionales. Se hará Ley la flexibilización (prolongación) de la jornada laboral y la reducción de plantillas.
El texto de este Tratado que es el que tenemos la mayoría fue editado el 18 de Julio de 2003. Por supuesto sin contar con la gente. Pero, es que ahora ha aparecido un nuevo texto el 13 de Octubre de 2004, firmado por el Rey de España y por J. Zapatero en las págs, 4 y 13. Y casi nadie se ha enterado. Será este nuevo Tratado el que tengamos que votar en el referéndum del 20 de Febrero. Y tiene unas formulaciones distintas y contenidos distintos.
Para muestra, un botón: veamos el Artículo III-8: dice así
«1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por la misma, podrán establecerse mediante ley o ley marco europea del Consejo de Ministros medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Consejo de Ministros se pronunciará por unanimidad previa aprobación del Parlamento
Europeo»
Y el nuevo texto, dice esto: Artículo III-118
«En la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».
El subrayado es mío. El nuevo fraude está servido.