Tres encuestas de opinión publicadas en Grecia durante esta semana fueron tomadas por los principales medios de comunicación para legitimar el camino impuesto por las medidas de austeridad que lleva a cabo el gobierno del primer ministro Antonis Samarás. Los órganos de prensa afines a las políticas neoliberales defendieron la actuación del dirigente y celebraron […]
Tres encuestas de opinión publicadas en Grecia durante esta semana fueron tomadas por los principales medios de comunicación para legitimar el camino impuesto por las medidas de austeridad que lleva a cabo el gobierno del primer ministro Antonis Samarás.
Los órganos de prensa afines a las políticas neoliberales defendieron la actuación del dirigente y celebraron que su partido, el conservador Nueva Democracia (ND), encabezara los sondeos de intención de voto, pues era un reconocimiento por parte de la ciudadanía de que los recortes son un mal necesario. Tales afirmaciones se aprovechan para sus fines de un dato empírico, las preferencias de una exigua mayoría entrevistada, pero no dudan en ocultar otros muchos que sin duda contradicen la lectura realizada por los medios corporativos.
ND se presenta como la primera fuerza política del país con un apoyo aproximado de entre el 29 y el 25 por ciento de los votantes, seguida muy de cerca por el principal partido opositor, la Coalición de Izquierda Radical (Syriza), con una intención de voto de 28-24 por ciento. Sin embargo, las encuestas también presentan a una mayoría de descontentos y opuestos a las medidas de austeridad del 60-65 por ciento, mientras que la coalición de gobierno proclive a estas cae en intención de voto con respecto a las elecciones de junio entre 8 y 13 puntos porcentuales. Es claro que mientras el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) continúa su imparable caída, ND va aglutinando el voto de quienes apuestan por los recortes pero sin que esto le reporte un aumento de votantes, pues en los últimos comicios rozaron el 30 por ciento. En cualquier caso la falta de confianza en estos dos partidos, tradicionalmente mayoritarios, resulta evidente si se tiene en cuenta que antes del inicio de la crisis recababan el 80 por ciento de los sufragios, mientras en la actualidad cada vez les resulta más difícil conseguir siquiera la mitad.
La principal razón para este descrédito proviene de su apoyo incondicional y acrítico a unas políticas neoliberales impuestas desde Bruselas, las cuales a lo largo de tres años han dejado bien claro que son agresivas, perjudiciales e injustas para el conjunto de los ciudadanos y para la economía en general. Otro motivo de indignación popular son los continuos casos de corrupción que periódicamente salen a la luz pública pero que rara vez llegan a los tribunales y jamás alcanzan a los altos responsables políticos.
Según el estudio realizado por el canal televisivo Alfa, una mayoría ciudadana considera que ni los jueces ni el ejecutivo hacen nada para acabar con la corrupción, con un 93,7 por ciento de los consultados convencidos de que ni en el pasado se procesó a los responsables de este tipo de delitos ni en la actualidad existe voluntad política de hacerlo. Sirva de ejemplo el escándalo relativo a la denominada «lista Lagarde», una relación de más de dos mil presuntos defraudadores griegos con cuentas bancarias abiertas en Suiza y en la que figuran los nombres de diputados y exministros, pero que el gobierno trata sofocar con una cercenada comisión parlamentaria de investigación. La decisión es inapropiada para el 93,5 por ciento de los encuestados, quienes con toda razón consideraron que el caso debería estar en manos de la justicia, pues de otro modo no se llegará a depurar responsabilidades, como así lo expresó el 75,9 por ciento de los participantes en la muestra.
Una tercera cuestión que alimenta el distanciamiento de la clase política se debe a los descarados privilegios económicos en una época de crisis, en la que dos de cada tres familias no pueden pagar ni sus préstamos ni sus impuestos. Los diputados de la Asamblea Nacional ganan entre 10 y 15 veces el salario mínimo aplicado a todos los empleados públicos, pero a la hora de tributar dos tercios de su sueldo está libre de impuestos y para el resto cuentan con el mismo gravamen que un funcionario de nivel medio.
Así las cosas no es de extrañar que cuando el primer ministro insiste y asegura que no impondrá más recortes salariales, un 83 por ciento de los griegos se echen a temblar y muestren su convencimiento de que en 2013 se endurezcan las medidas de austeridad.
Antonio Cuesta es corresponsal de la agencia Prensa Latina en Grecia.
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