Unos 6.000 manifestantes han acudido al pueblo de Guéret, en la región francesa de Creuse, para protestar contra la privatización de los servicios públicos y comenzar desde los movimientos sociales la campaña francesa contra la ratificación del Tratado Constitucional de la Unión Europea. La nieve y el frio no han impedido que el pequeño pueblo […]
Unos 6.000 manifestantes han acudido al pueblo de Guéret, en la región francesa de Creuse, para protestar contra la privatización de los servicios públicos y comenzar desde los movimientos sociales la campaña francesa contra la ratificación del Tratado Constitucional de la Unión Europea. La nieve y el frio no han impedido que el pequeño pueblo de 15.000 habitantes recogiese por unas horas el calor de los Foros Sociales y se transformase en un pequeño Porto Alegre.
La convocatoria surgió de un comité regional en el que participan ATTAC, la Liga de los Derechos del Hombre, padres de alumnos, los sindicatos CGT, SUD-Solidaires, FSU, CFDT y la Confederación Campesina, los partidos PSF, PCF, Verdes, LCR, Les Alternatifs. El pasado 23 de octubre, ante el cierre de 5 oficinas cantonales de hacienda, 263 cargos electos de la región presentaron su dimisión como protesta y llamaron a la «resistencia colectiva» contra el desmantelamiento «de los servicios públicos, que son un derecho fundamental de los ciudadanos». El Gobierno Raffarin de la derecha francesa reaccionó cesando al prefecto de la región y al delegado de hacienda. Pero la protesta se extendió rápidamente a otras regiones de Francia.
Todos los dirigentes políticos de la izquierda francesa han acudido a manifestarse. François Hollande, secretario general del PSF, ha tenido que escuchar una bronca de protesta por la posición de su partido a favor del SI en el referendum sobre el Tratado Constitucional de la UE. El contingente del PSF estaba dividido entre los partidarios del SI y del NO a la Constitución europea. En Francia, la casi totalidad de los sindidatos, con la excepción de la CFDT, se han declarado por los el NO.
La iniciativa de Creuse se está extendiendo por toda Francia con la creación de Comités en Defensa de los Servicios Públicos. Se están convocando distintas jornadas de lucha locales para mantener hospitales, escuelas, oficinas de correos y otros servicios. Solo en el 2004 más de 600 oficinas de correos han sido cerradas en las zonas rurales o pequeñas ciudades. Tras las primeras protestas, el Gobierno Raffarin ha prometido una moratoria de los cierres.
Estas iniciativas coinciden con la campaña que se desarrolla en toda la Unión Europea contra la Directiva Bolkestein para la privatización de los servicios públicos. La izquierda ha conseguido ya derrotar una moción de la derecha a favor de la Directiva Bolkestein y la Comisión ha reconocido que no podrá mantener su propuesta de Directiva sin enmiendas cuando se vote en el Parlamento Europeo en junio. Francia y Alemania han expresado ya su desacuerdo a la cláusula de «país de origen», verdadero caballo de Troya del dumping social en el sector servicios.