Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales.
Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el «baguazo», como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.
Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos «Curva del Diablo» y «Estación 6», abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
«No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados», dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
«Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos», precisó.
El abogado aseguró que «todo el caso está plagado de irregularidades» y citó entre ellas que «no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
«Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación», apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el «baguazo». Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
«Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso», manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
«Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos», adujo.
Campos detalló que «hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados».
Pero el pedido fue rechazado, «así que hemos apelado», añadió Campos, antes de explicar que «estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso».
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el «baguazo», denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.
La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
«Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon», señaló Quispe.
Sin embargo, «ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados», afirmó.
A juicio de Quispe, «esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo».
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
«Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte», arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
«Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas», aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el «baguazo».
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 «leyes de la selva».
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las «leyes de la selva» todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.