Foto: Kostas Papadakis
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
En los últimos años, los crecientes llamamientos a la disuasión han intensificado la violencia física a que se enfrentan los migrantes en la frontera de la UE. La externalización de la frontera a través de acuerdos con los países de origen y tránsito señala la expansión de este proceso de securitización. Las ganancias financieras de las empresas internacionales de armamento en esta tendencia de militarización constituyen un gran obstáculo para el cambio de políticas.
En marzo, abril y mayo de este año, varios países europeos desplegaron fuerzas militares en sus fronteras nacionales. Se hizo para reforzar los controles y patrullas a raíz del cierre de fronteras y otras restricciones al movimiento debido a la crisis de la covid-19. Polonia desplegó 1.460 soldados en la frontera para apoyar a su guardia fronteriza y a la policía como parte de una operación militar más amplia en reacción a la covid-19. Y la policía portuguesa utilizó drones militares como complemento a sus controles de fronteras terrestres. Según reseñas de la OTAN, la República Checa, Grecia, Letonia, Lituania, Holanda (policía militar), Eslovaquia y Eslovenia, todas ellas estacionaron fuerzas armadas en sus fronteras nacionales.
Aunque algunos de estos despliegues se han revertido o lo serán a medida que se supere la crisis del coronavirus, no son desarrollos excepcionales. Muy al contrario, el uso de las fuerzas armadas para la seguridad y el control fronterizos es un hecho común en las fronteras exteriores de la UE desde la llamada crisis de refugiados de 2015. Forma parte de la continua militarización de las políticas europeas de fronteras y migración, bien conocida por incrementar los riesgos a que se enfrentan los refugiados y que cada vez se expande más a terceros países. El éxito de los grupos de presión de la industria militar y de seguridad ha sido un motor importante para estas políticas, de las cuales se han beneficiado las grandes compañías europeas de armas.
La militarización de las fronteras tiene lugar cuando los Estados miembros de la UE envían ejércitos a las regiones fronterizas, como lo hicieron en la Operación Sofía frente a la costa libia. Esta fue la primera misión militar de la UE para impedir la migración. Pero la militarización fronteriza también incluye el uso de equipos militares para el control de la migración, como helicópteros y patrulleros, así como el sistema de vigilancia de la UE Eurosur, que conecta los datos de la vigilancia de todos los Estados miembros. Además, los países de la UE ahora tienen más de 1.000 kilómetros de muros y vallas en sus fronteras equipados con tecnologías de vigilancia, control y detección, junto a un uso cada vez mayor de drones y otros sistemas autónomos. La UE también financia un flujo constante de proyectos de Investigación y Tecnología (I+T) para desarrollar nuevas tecnologías y servicios para supervisar y gestionar la migración.
Es un proceso que lleva décadas produciéndose. El Acuerdo de Schengen de 1985 y la posterior creación del Área Schengen, que combinó la apertura de las fronteras internas de la UE con un fuerte control en las fronteras externas, puede valorarse como el punto de partida de estos desarrollos. Después de 2011, cuando la llamada “Primavera Árabe” provocó temores de una migración masiva a Europa, y especialmente desde la “crisis de refugiados” de 2015, la UE aceleró enormemente el impulso y la militarización de la seguridad fronteriza. Desde entonces, impedir la migración está a la cabeza de la agenda de la UE.
Una parte cada vez más importante del proceso de militarización fronteriza no tiene lugar en las fronteras europeas, sino mucho más allá de ellas. La UE y sus Estados miembros están incentivando a terceros países para que detengan a los migrantes mucho antes de que lleguen a Europa. Esta externalización de las fronteras ha adoptado muchas formas, desde ampliar los objetivos de las misiones EUCAP en Malí y Níger para incluir la prevención de la migración irregular, hasta financiar y capacitar a la Guardia Costera de Libia para devolver a los refugiados a la tortura y el hambre en los infames centros de detención libios. También incluye la donación de equipos de seguridad fronteriza, por ejemplo, de Alemania a Túnez, y fondos para compras, como la adquisición de buques de guardia costera por parte de Turquía para fortalecer sus capacidades operativas.
Además de las consecuencias directas de los esfuerzos de externalización de la frontera europea, estas políticas causan y empeoran los problemas de los terceros países afectados: desvían fondos y prioridades de desarrollo, arruinan las economías basadas en la migración y fortalecen regímenes autoritarios como los de Chad, Bielorrusia, Eritrea, y Sudán, proporcionando fondos, capacitación y equipamiento a sus fuerzas militares y de seguridad. Precisamente son estos órganos estatales los más responsables de la represión y los abusos de los derechos humanos. Todo esto alimenta los factores que impulsan la migración, incluida la violencia, la represión y el desempleo. Como tal, es casi una garantía para más refugiados en el futuro.
La agencia de seguridad fronteriza de la UE, Frontex, ha extendido también sus operaciones a países no pertenecientes a la UE. Las negociaciones en curso y las conclusiones de acuerdos con los países de los Balcanes dieron como resultado que la primera operación en Albania comenzara en mayo de 2019. Y esto es solo una pequeña parte del papel de expansión del Frontex en los últimos años. En respuesta a la “crisis de refugiados” de 2015, la Comisión Europea lanzó una serie de propuestas que incrementaron en gran medida los poderes de la agencia, que incluyen una asesoría vinculante con los Estados miembros para que aumenten su seguridad fronteriza y la concesión al Frontex del derecho a intervenir en los asuntos de los Estados miembros (incluso sin su consentimiento) por decisión de la Comisión o el Consejo de Europa.
Estas propuestas también incluyeron la creación de un cuerpo permanente de 10.000 guardias fronterizos y un presupuesto para comprar o arrendar su propio equipamiento. En concreto, el Frontex comenzó con un presupuesto de 6 millones de euros en 2005, que se aumentó a 143 millones de euros en 2015. Después ha ido creciendo de forma veloz de 239 millones de euros en 2016, hasta alcanzar la cifra de 460 millones de euros en 2020. La enorme expansión de la seguridad fronteriza de la UE y el control han ido acompañados de un rápido aumento de los presupuestos en general. En los últimos años, se han gastado miles de millones de euros en fortificar fronteras, establecer bases de datos biométricos, aumentar las capacidades de vigilancia y pagar a países no pertenecientes a la UE para que participen en este proceso de expansión.
Las negociaciones sobre el presupuesto para los próximos siete años para la UE, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, están aún en marcha. En la última propuesta de la Comisión Europea, que se posiciona claramente como respuesta a la pandemia de la covid-19, el fondo para fortalecer la seguridad fronteriza de los estados miembros, el Fondo Integrado de Gestión Fronteriza, ha asignado 12.500 millones de euros. Sus predecesores, el Fondo de Fronteras Exteriores (2007-2013) y el Fondo de Seguridad Interna-Fronteras (2014-2020), tenían presupuestos mucho más pequeños: 1.760 millones de euros y 2.700 millones de euros, respectivamente. Para el Frontex se reservan 7.500 millones de euros, con 2.200 millones de euros destinados a la compra o alquiler de equipos como helicópteros, drones y lanchas de vigilancia. Estos enormes aumentos de presupuesto son un ejemplo de la prioridad que la UE atribuye a detener la migración.
La narrativa que subyace en estas políticas y crecimientos presupuestarios es la percepción de la migración como una amenaza, como un problema de seguridad. Como escribe la investigadora, Ainhoa Ruiz (Centre Delàs): “el proceso de securitización incluye asimismo la militarización”, porque “el paradigma predominante para proporcionar seguridad se basa en principios militares: el uso de la fuerza y la coerción, más armas equivale a más seguridad, la seguridad se logra eliminando amenazas”.
Esta narrativa no ha salido de la nada. Está promovida por políticos de derecha y seguida a menudo por partidos centristas e izquierdistas que temen perder votantes. Es importante destacar que está también impulsada por un amplio y exitoso lobby industrial. Según Martin Lemberg-Pedersen (profesor asistente en Estudios Globales sobre Refugiados, Universidad de Aalborg), las compañías de armas “se establecen como expertas en seguridad fronteriza y utilizan esta posición para enmarcar la inmigración hacia Europa como una amenaza para una seguridad cada vez más necesitada de productos [de seguridad] cada vez más avanzados”. La narrativa de la migración como un problema de seguridad prepara el escenario para que los militares, y las compañías de seguridad detrás del lobby del armamento comercial, ofrezcan sus productos y servicios como solución al problema. La gama de políticas de militarización mencionadas hasta ahora refleja una amplia adopción de esta narrativa.
Las organizaciones de presión de las grandes compañías militares y de seguridad europeas interactúan regularmente con la Comisión Europea y las agencias fronterizas de la UE. Tienen reuniones, organizan mesas redondas y se encuentran en ferias y conferencias militares y de seguridad. Los representantes de la industria también participan en grupos asesores oficiales, son invitados a presentar nuevas armas y tecnologías y a redactar propuestas de políticas. Estas propuestas pueden a veces ser tan influyentes que se adoptan como políticas, casi sin modificaciones.
Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando la Comisión decidió inaugurar el Instrumento que contribuye a la Seguridad y la Paz, un fondo destinado a la construcción de la paz y la prevención de conflictos. Los términos del fondo se ampliaron para cubrir, por ejemplo, la provisión a terceros países de equipos de seguridad no letales con fines de seguridad fronteriza. El nuevo documento de política resultó ser una reproducción, paso a paso, de una propuesta anterior de la organización de lod lobbys Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD). Sin embargo, quizás el éxito de mayor alcance de este tipo es la expansión del Frontex en una Guardia Europea de Fronteras. Años antes de que realmente sucediera, la industria ya había estado presionando para conseguir este resultado.
Las mismas compañías que están a la vanguardia del lobby de seguridad y control fronterizo son también, como era de esperar, las grandes ganadoras de los contratos de la UE y los Estados miembros en estos ámbitos. Entre ellas se incluyen tres de las mayores compañías de armas europeas (y globales), a saber, Airbus (Paneuropean), Leonardo (Italia) y Thales (Francia). Estas compañías están muy activas en muchos aspectos del mercado de seguridad y control fronterizo. El principal producto de Airbus y Leonardo en este campo son los helicópteros, con fondos de la UE que pagan muchas compras de la UE y de terceros países. Thales proporciona radar, por ejemplo, para buques de patrulla fronteriza, y está muy involucrada en la identificación biométrica y digital, especialmente después de haber adquirido al líder del mercado, Gemalto, el pasado año.
Estas tres empresas son las principales beneficiarias de la obsesión europea contra la migración. Al mismo tiempo, estas tres compañías favorecen también nuevas corrientes migratorias a las costas de Europa a través de su comercio de armas. Son responsables de partes significativas de las exportaciones de armas de Europa a países en guerra, y proporcionan las armas utilizadas por las partes en conflictos armados internos, por violadores de los derechos humanos y por regímenes represivos. Estas son las fuerzas que alimentan las razones por las cuales las personas se ven obligadas ante todo a huir.
Muchas otras compañías militares y de seguridad ganan también hasta cientos de millones de euros en grandes proyectos de control y seguridad fronteriza orientados a la logística y el transporte. El constructor naval holandés Damen suministró patrulleros fronterizos no solo a muchos países del sur de Europa, sino que también los vendió, a pesar de la polémica surgida, a Libia y Turquía, entre otros. Sus barcos también se han utilizado en las operaciones del Frontex, en la Operación Sophia y en el Paso entre Calais y Dover.
La compañía española, European Security Fencing, proporcionó alambre de púas para las vallas de concertinas alrededor de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en Marruecos, así como la valla en Calais y las vallas en las fronteras de Austria, Bulgaria y Hungría. Frontex, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y Grecia alquilaron drones de vigilancia fronteriza a Elbit e Israel Aerospace Industries (IAI), que son dos compañías militares israelíes que promocionan de forma habitual sus productos como “probados en combate” o “probados en el campo de batalla” contra los palestinos.
Civipol, una empresa público-privada francesa propiedad del Estado, y varios grandes productores de armas (incluidos Thales, Airbus y Safran) ejecutan una serie de proyectos de seguridad fronteriza financiados por una serie de países miembros de la UE en terceros países. Esto incluye la creación de bases de datos de huellas digitales de todas las poblaciones de Malí y Senegal, lo que facilita la identificación y deportación de sus ciudadanos desde Europa. Estos son solo algunos ejemplos de las empresas que se benefician de los miles de millones de euros que la UE y sus Estados miembros gastan en una amplia gama de compras y proyectos en su intento de detener la migración.
El número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo creció hasta alcanzar la asombrosa cifra de 79,5 millones a finales del año pasado. En lugar de ayudar a eliminar las causas fundamentales de la migración, las políticas fronterizas y migratorias de la UE, así como sus exportaciones de armas al resto del mundo, provocarán más refugiados en el futuro. Las consecuencias de estas políticas ya han sido devastadoras. Como han advertido repetidamente los expertos en el campo de la migración, la militarización de las fronteras empuja principalmente a los migrantes a tomar rutas de migración alternativas que a menudo son más peligrosas y conllevan los riesgos de tener que depender de las redes de contrabando criminal. El mar Mediterráneo se ha convertido en un triste testigo de esta realidad, transformándose en cementerio para el creciente porcentaje de refugiados que intentan cruzarlo.
El enfoque de la UE en materia de seguridad fronteriza no se sostiene por sí solo. Muchos otros países, en particular los occidentales y los que padecen líderes autoritarios, siguen la misma narrativa y políticas. Los gobiernos de todo el mundo, pero particularmente los de EE. UU., Australia y Europa, continúan gastando miles de millones de euros en equipos y servicios de control y seguridad fronterizos. Y planean aumentar los presupuestos aún más en los próximos años. Para las compañías militares y de seguridad son muy buenas noticias: se espera que el mercado global de la seguridad fronteriza crezca más de un 7% anual durante los próximos cinco años hasta alcanzar un total de 65.000 millones de dólares en 2025. Riqueza que pasará a pertenecer a los muy pocos ganadores de políticas cada vez más restrictivas dirigidas contra personas vulnerables que se ven obligadas a huir.
Mark Akkerman es uno de los investigadores de Stop Wapenhandel (la campaña holandesa contra el comercio de armas) y del Transnational Institute (TNI), especializado en temas relativos a la militarización de las fronteras y el papel de la industria militar y de seguridad. Es también activista por un movimiento sin fronteras.
Fuente:
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