La comunidad de Santa Marta (departamento de Cabañas) recuerda anualmente la masacre del río Lempa, ocurrida el 17 y 18 de marzo de 1981; a causa de los ataques terrestres y aéreos perpetrados por el ejército de El Salvador, con la complicidad de Estados Unidos, esos días murieron decenas de campesinos (algunas fuentes hablan de […]
La comunidad de Santa Marta (departamento de Cabañas) recuerda anualmente la masacre del río Lempa, ocurrida el 17 y 18 de marzo de 1981; a causa de los ataques terrestres y aéreos perpetrados por el ejército de El Salvador, con la complicidad de Estados Unidos, esos días murieron decenas de campesinos (algunas fuentes hablan de centenares) entre los miles que pretendían atravesar el río y huir hacia Honduras, después que los militares hubieran penetrado en las aldeas; «quemaron las casas y cosechas, y mataban a cuantas personas encontraban a su paso», según los pobladores.
En la memoria de los comunitarios todavía pervive la huella de la Guardia Nacional, el operativo «Tierra Arrasada», el Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque y el Batallón Atlacatl (el conflicto armado en El Salvador -entre 1980 y 1992- se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos principalmente a manos de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte; a estas cifras se agrega un millón de desplazados internos).
«El río se encontraba desbordado, habían abierto con premeditación las compuertas de la represa ‘5 de noviembre’ ubicada en El Guayabo», explica una nota informativa de la comunidad de Santa Marta que, con motivo del 35 aniversario de la matanza, continuaba reivindicando verdad y justicia. Familias enteras que sobrevivieron a las balas y no murieron ahogadas sufrieron los ataques del ejército hondureño cuando franqueaban el río. Se refugiaron en la aldea Los Hernández, en la frontera con Honduras, donde la población les acogió de manera solidaria; castigados por el hambre y las enfermedades, recibieron el apoyo de la iglesia católica y las ONG; después se desplazaron a la aldea La Virtud, donde llegaron a concentrarse 7.500 personas refugiadas. En octubre de 1987 y con la mediación de ACNUR, un primer contingente de más de mil refugiados regresó a Santa Marta desde el campamento de exiliados de Mesa Grande (Honduras), donde habían permanecido más de seis años. Éste fue el primero de los cuatro retornos.
En la comunidad de Santa Marta viven hoy cerca de 600 familias y 3.000 personas. La historia de la lucha y autoorganización comunitaria puede rastrearse en el libro «Donde anida el Torogoz», de la socióloga cubana Esther Ávalos. La autora presentó el texto hace un año en Santa Marta, durante la celebración del 30 aniversario del retorno. La crónica del periódico Abriendo Brecha dio cuenta de los cambios durante este tiempo: «Hay más de cien jóvenes que han logrado sacar sus carreras universitarias, tanto en El Salvador como en Cuba y Venezuela; además cada año se gradúan entre 60 y 80 jóvenes de bachillerato general; los profesores son de la misma comunidad, al igual que los enfermeros y doctores que atienden a la población».
Manuela Morales Torres es hoy campesina y defensora del territorio en este cantón del municipio de Victoria, donde participa en pequeños proyectos de producción de huevos, carne de pollo o preparados de soya. Manuela Morales ha recordado la experiencia del exilio y la repoblación, en un acto organizado en el centro cultural Ca Revolta de Valencia por las organizaciones Perifèries, CEDSALA, Entrepobles, Intersindical Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. «Empezamos de cero, todo fue destruido por la guerra; hoy tenemos tierras, maíz, frijol, sorgo, hortalizas y frutales», resume. En el acto ha estado presente asimismo Vidalina Morales, campesina y activista que actualmente preside de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta. ADES surgió en 1993 a partir del trabajo de un comité de repobladores del departamento de Cabañas.
Fueron los orígenes. El pasado mes de agosto la entidad sin ánimo de lucro participó en el IX Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, celebrado en Chachimbiro (Ecuador); ADES también acompañó la gran marcha que a finales de septiembre reivindicó el derecho humano al agua en San Salvador, y que terminó con la entrega de 200.000 firmas contra la privatización de este bien básico en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, ADES está actualmente entre las entidades promotoras del Plan de Prevención y Reducción de Embarazos en Niñas y Adolescentes en el municipio de Guacotecti (Cabañas).
Esta asociación de Santa Marta organizó en verano un encuentro entre 65 integrantes de las comunidades campesinas de Cabañas y Cuscatlán, que se capacitaron en la producción de hortalizas, semilleros y abonos orgánicos. Asimismo ha desarrollado, en coordinación con el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), talleres para la conservación de los suelos y las zonas de recarga hídrica; así como la siembra de árboles en los caseríos de El Rodeo y San Felipe, emplazados en el cantón. En El Rodeo, ADES ha apoyado un proyecto para el abastecimiento de agua potable -mediante paneles solares- a 500 personas.
Ejemplos del tejido comunitario son también la Cooperativa Agropecuaria Nueva Heroica y la Organización de Mujeres de Santa Marta, formada por descendientes de la población campesina expulsada de sus tierras durante la guerra y refugiada en Honduras; el colectivo de mujeres cuenta actualmente con 12 lideresas entre 17 y 45 años, que desarrollan programas de arte y deporte, derechos sexuales y reproductivos o de capacidades y liderazgo, entre otros. Asimismo realiza una labor destacada el Comité contra el SIDA de Cabañas (CoCoSI), que en octubre tomó pruebas de VIH a la población masculina de Santa Marta.
La denominación de la escuela, que mantiene además una «filosofía de educación popular», remite a los orígenes: «Complejo Educativo 10 de octubre 1987»; el centro consta de aulas (convencionales y de apoyo), laboratorio, biblioteca, servicios sanitarios, un salón multiusos y dos centros de computadores. Radio Victoria (92.1 FM) cumple este año el 25 aniversario. Nació en Santa Marta, pero con el tiempo se desplazó al municipio de Victoria para mejorar la cobertura, que actualmente trasciende el departamento de Cabañas. La emisora cuenta con una red de corresponsales comunitarios, el noticiero «En voz alta», proyectos de proximidad como «Radio Victoria se acerca a las comunidades» y programas como «De mujeres para mujeres». El periódico Abriendo Brecha, editado por el colectivo Rebelión, emite un programa semanal de noticias y participación ciudadana («Sin farsas») en Radio Victoria. En el número de abril dedicó la portada a los «mártires» de la escabechina del río Lema, los actos conmemorativos en Santa Marta por el asesinato de monseñor Óscar Romero (marzo de 1980) y una entrevista al candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a la alcaldía de Victoria.
En octubre de 2016 Abriendo Brecha informó de una marcha de cinco kilómetros realizada por organizaciones populares de Cabañas contra la iniciativa minera «El Dorado», que la compañía australiana Oceana Gold pretendía explotar en el municipio de San Isidro (Cabañas). Las pancartas mostraron el rechazo a Oceana Gold, que en 2013 adquirió las acciones de la canadiense Pacific Rim, promotora en primera instancia del proyecto para la extracción de oro; los manifestantes defendían además el derecho humano al agua. En 2009 el Gobierno denegó los permisos de explotación a la empresa, por lo que ésta presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En 2016 el tribunal de arbitraje dio la razón al Estado de El Salvador, de manera que Oceana Gold tuvo que compensar con ocho millones de dólares al país centroamericano por los gastos de un pleito que se prolongó durante años.
El proyecto «El Dorado» suscitó gran rechazo popular y movilizaciones -calificadas de «anti-desarrollo» o «canallas» por las empresas- impulsadas por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM) y numerosos colectivos, como ADES o Radio Victoria. Ya en la fase exploratoria, activistas y pobladores de Cabañas denunciaron «la disminución en el acceso al agua potable, mayores niveles de agua contaminada, impactos contra la salud y en el ganado». A las amenazas, que empezaron en 2006, siguió la violencia contra los opositores al proyecto minero. En junio de 2009 fue desaparecido, torturado y asesinado el líder comunitario y luchador antiminero Gustavo Marcelo Rivera Moreno; unos meses después el vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), Ramiro Rivera Gómez, fue liquidado por unos sicarios en el municipio de Sensuntepeque, donde residía; en diciembre de 2009 criminales a sueldo finiquitaron a la líder ambientalista Dora Alicia Recinos Sorto, quien estaba embarazada y regresaba de lavar en el río. En junio de 2011 fue asesinado otro defensor del medio ambiente en el departamento de Cabañas, Juan Francisco Durán Ayala; el día anterior a su desaparición difundía propaganda contra Pacific Rim y a favor de una legislación contra el extractivismo minero en El Salvador.
Ocurrió el 29 de marzo de 2017. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador aprobó una ley que prohibía las actividades de exploración, extracción y explotación de minería metálica en su territorio. Fue el primer país del mundo que promulgó una ley de estas características. La Mesa frente a la Minería, impulsada en 2005, recordó que para alcanzar este punto «fue clave la movilización de las comunidades». Sin embargo, los colectivos ambientalistas han expresado el temor a que pueda derogarse esta legislación, debido a la amplia mayoría derechista en el Congreso tras las últimas elecciones. Otra amenaza son los proyectos mineros transfronterizos, por ejemplo el de Cerro Blanco, cuyos yacimientos de oro y plata pretende explotar la canadiense Bluestone Resources. La mina se localiza en el municipio de Asunción Mita, en el departamento guatemalteco de Jutiapa, pero muy cerca de la frontera con El Salvador. La Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) ha advertido de las amenazas de contaminación sobre «las principales fuentes de agua compartidas».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.