Unirá el Pacífico con el Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 de profundidad. Once organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proyecto de canal interoceánico aprobado en Nicaragua tendrá un «grave impacto» en […]
Unirá el Pacífico con el Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 de profundidad. Once organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proyecto de canal interoceánico aprobado en Nicaragua tendrá un «grave impacto» en los derechos humanos y en el medio ambiente del país y provocará el «desplazamiento forzado» de 100.000 personas.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, los activistas aseguraron además que el proyecto ha generado ya actos de intimidación policial contra quienes protestan en contra, especialmente las poblaciones indígenas que viven en los territorios donde está prevista la obra.
Un solo concesionario (la firma china HKND) tiene derechos exclusivos de explotación (sobre el canal) potencialmente por 116 años. Esto otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o agua, dijo Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El canal, cuyas obras fueron inauguradas en diciembre, unirá el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad, y estará listo a fines de 2019, según cálculos de la compañía HKND.
Estamos en presencia de la más grave privatización de la reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país, y hay serios riesgos de corrupción, advirtió en la audiencia Mónica López, activista del grupo COCIBOLCA.
Desplazamiento forzoso de personas Además, la amplia superficie que ocupará el canal provocará un desplazamiento forzoso de mas de 100.000 personas, entre ellas los habitantes de siete zonas protegidas, según cálculos de Mauro Ampiés, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Por tanto, las organizaciones pidieron a la CIDH hacer una visita a Nicaragua para evaluar cómo el proyecto está afectando los derechos humanos e instar al Gobierno nicaragüense a detener el proyecto de militarización de la zona donde se edificará el canal, en palabras de Ampiés.
Denunció, asimismo, que la Policía Nacional disolvió con una violencia desproporcional una protesta de campesinos contra la construcción del canal el pasado 24 de diciembre, lo que dejó más de 70 heridos y decenas de detenidos. Los representantes del Gobierno nicaragüense en la audiencia rechazaron esos argumentos y defendieron el canal, un proyecto de interés e importancia mundial porque reducirá distancias y tiempo en el transporte de mercancías, en palabras de Telémaco Talavera, vocero de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua.
Según Talavera, el Gobierno nicaragüense y la firma HKND garantizarán que las personas que residen ahora en el territorio elegido para la ruta tendrán unas condiciones de vida superiores a las que tienen ahora.
La ruta fue aprobada no por ser la de menor coste económico, sino la de menor impacto social y ambiental, defendió Talavera, que aseguró que ya se están haciendo consultas en las comunidades afectadas. Una de las siete integrantes de la CIDH, la paraguaya Rosa María Ortiz, instó al Gobierno de Nicaragua a asegurar la transparencia del proyecto, que va a durar muchos años si se llega a construir y ameritará un control, porque la tentación hacia la corrupción es muy grande.
Me llama la atención que el estudio de impacto ambiental se hace ahora cuando ya se aprobó la ley. El estudio debería ser previo, dijo Ortiz, que planteó al Estado la posibilidad de hacer un referéndum nacional sobre la construcción del canal.