Ante la ambigüedad de reacciones internacionales de condena frente a una gestión violenta de las protestas, el gobierno de Dina Boluarte agarró el poder derramando sangre desde el primer día. Una cifra superior a 60 muertos, centenares de heridos con secuelas y miles de peruanos de provincia terruqueados (criminalizados como terroristas) es un imparcial balance de las vulneraciones a derechos humanos acontecidos en Perú desde el pasado mes de diciembre. En vísperas de la fiesta nacional del 28 de julio, la figura de Dina Boluarte estaba en juego y tanto gobierno como población mostró sus cartas.
Dos semanas de marchas en Lima
Reforzadas por las delegaciones provinciales llegadas a Lima, diferentes marchas han recorrido la capital del Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y justicia para los caídos. Durante la convocatoria del 19 de julio, conocida como Toma de Lima, diferentes manifestaciones en las que confluyeron un amplio abanico de organizaciones populares de todo el Perú, han sido nuevamente reprimidas con gases lacrimógenos y perdigones. Más allá de Lima, esta convocatoria fue en realidad una movilización nacional, ya que ese día, hubo marchas multitudinarias en unas 20 capitales de provincias de todo el país. En Ayacucho, participamos en la jornada de movilización y constatamos el amplio consenso de las organizaciones en las demandas de justicia y la exigencia de renuncia de Dina, a la cual le han compuesto varias canciones que fueron coreadas en la plaza, al terminar las marchas.
En la Marcha Nacional de Lima, convocada para el 22 de julio, quien suscribe fue gasificado, como el resto de manifestantes, cuando, liderados por mujeres aymaras con la bandera andina en mano, consiguieron llegar a los pies de la figura ecuestre del general San Martin, monumento icónico de la liberación del Perú a La Corona Española. En este momento, bajo una nube de gas corrosivo, la policía desalojó la plaza tirando al suelo a mujeres puneñas y dejó nuevas imágenes del trato que dispensa el Estado peruano a la población indígena. Este hecho enardeció más aún a las organizaciones sociales de la región sur andina del Perú, que anunciaron nuevos bloqueos y la intensificación de la lucha.
Se acercaban las Fiestas Patrias y el gobierno de Dina Boluarte alistaba cuerpos policiales y militares para desfilar por las calles y garantizar el orden. Desde diferentes puntos del país, organizaciones sociales engrasarían las delegaciones provinciales para nuevas marchas en la capital.
El 28 de julio Dina Boluarte desfiló por calles llenas de militares e intentaba no escuchar los gritos de desafecto del público. Esa jornada se repitieron escenas de represión indiscriminada, con lanzamiento de bombas de gas y perdigones, con el resultado de decenas de heridos. Varios dirigentes sociales fueron detenidos, entre ellos el líder social puneño Luis Cruz Laime, al cual se le impuso prisión preventiva, hasta que el día 2 de agosto fue liberado por falta de pruebas incriminatorias.
El grito común de Dina Asesina
La situación en Perú está lejos de estabilizarse. Encumbrada al poder desde el intento fallido de disolución del Congreso por Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, Dina Boluarte parece tener un férreo apoyo de las fuerzas del orden y el ejército. Los grupos mediáticos del país, le apoyan en distribuir un discurso de criminalización y odio racial hacia las poblaciones rurales. El “terruqueo” es la estrategia apodada en Perú para acusar de terrorista a cualquier forma de protesta social y aislar, encarcelar o marginar a cualquier líder social que muestre públicamente su oposición al nuevo régimen. También departamentos enteros del país, como Ayacucho o Puno son etiquedados de terroristas habiendo sufrido precisamente en el pasado el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y el terrorismo de Estado que se dedicó a matar impunemente a la población en la siniestra década de la dictadura de Alberto Fujimori.
A pesar del apoyo fáctico de las fuerzas armadas al gobierno de Dina Boluarte, su aceptación entre la población está en horas bajas y las encuestas se mueven alrededor de un 90% de desaprobación. Cifras que casualmente se acercan al porcentaje de votación que recibió Pedro Castillo en los departamentos más movilizados como Puno, Apurímac y Andahuaylas. Precisamente éstas fueron las regiones más castigadas por la represión con armas letales en las primeras semanas del gobierno interino. Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad, Puno y Juliaca son las localizaciones donde se producen los 60 asesinados apenas a semanas de estrenar el cargo.
Primer ensayo en Andahuaylas
Todavía con la banda presidencial por desplanchar, Dina Boluarte tomó el 9 de diciembre las riendas del país con un desembarco de efectivos de fuerzas especiales del ejército que asesinaron en Andahuaylas a cinco personas y dos más en todo Apurímac. Para evitar que aterrizasen helicópteros con refuerzos de armamento y efectivos, las poblaciones campesinas vecinas al aeropuerto de Huancabamba ocuparon la pista de aterrizaje, donde fueron disparados con balas, dejando dos muertos y decenas de heridos. En la ciudad, efectivos policiales se subieron a la azotea de una casa vecina al cuartel y dispararon hasta matar a dos jóvenes que estaban en una área verde alejada de la movilización. Las movilizaciones se prolongaron varias semanas y en el transcurso de ellas, trascendió también el encarcelamiento de una periodista y una maestra acusadas falsamente de haber participado en el secuestro durante unos minutos de un policía infiltrado en las protestas.
Disparos y muertes en las calles de Ayacucho
El 15 de diciembre, se repitieron escenas letales en Huamanga, capital de Ayacucho. Según testimonios entrevistados, efectivos del ejército se retiraron del aeropuerto para luego acorralar a manifestantes y población que transitaba por las inmediaciones y dejarlas en espacio abierto para disparar a quemarropa. Entre ellos estaba Edgar Prado, padre de Sheila Prado Cisneros, quien entre ríos de lágrimas nos narró como su papá salió del portal de su casa para socorrer un herido, y allí fue impactado por una bala que le destrozó el riñón y el hígado. «Me duele mucho que me digan que estoy perdiendo el tiempo y peor aún que soy terrorista. Yo no pararé hasta encontrar la justicia. Espero recibir atención internacional por este caso, ya que en Perú no hay justicia, a siete meses del asesinato«.
Giovanna Mendoza Huaranca, es presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas y Fallecidos del 15 Diciembre de Ayacucho. Ella perdió su hermano John Henry, que había ido a comprar vasos para realizar una chocolatada caritativa de navidad en su barrio. Su madre, enferma de cáncer, dejó de comer y murió de tristeza a los dos meses. El rastro de dolor por las muertes ha quedado impregnado en las calles de Huamanga, capital de Ayacucho. Pero la represión no termina con las muertes: Toda la cúpula dirigencial del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho fue encarcelada. Cinco de ellos siguen sin libertad, acusados de terrorismo.
La masacre de Juliaca
Pasada la tregua navideña, donde las organizaciones sociales aplazaron las movilizaciones, el 9 de enero se repite la embestida militar. Juliaca es capital comercial del sur de Perú. Con mayoritaria presencia de población quechua y aimara, esta ciudad se alistaba para la movilización cuando, de nuevo desde el aeropuerto, efectivos del ejército empezaron a disparar con fusiles a la población que se encontraba mobilizada en la calle. 16 son los muertos de aquella masacre, a la que hay que añadir un policía, cuyo cuerpo quemado en extrañas circunstancias que implican a otros efectivos policiales, apareció el día siguiente al lado de un coche policial siniestrado. Durante el día y la noche, se improvisaron ambulatorios en varias plazas y en un surtidor de combustible, porque el hospital no daba al abasto. Entrevistando a familiares y periodistas presentes aquel día, nos describen sus pasillos llenos de heridos tirados por un piso encharcado de sangre. La misma impresión fue recogida por los familiares que entraron a la morgue a reconocer los cuerpos desangrados.
Gobernar sobre la muerte
Es difícil comprender las razones de estas y muchas otras muertes ocurridas en otros departamentos rurales como Trujillo, Arequipa, Cusco, Puno o Junín, pero apuntar al escarmiento y la imposición del miedo a protestar no parece descabellado. Tampoco se comprende la tibia reacción internacional ante estos crímenes, los cuales ya han sido verificados por diferentes informes de organismos internacionales1. Queda patente la profunda brecha entre la élite blanca gobernante capitalina y la realidad social de las periferia rural. Por otro lado, es significativa la complicidad y posicionamiento de los grandes grupos mediáticos del país con la tesis «terruqueadora» que maneja el gobierno, la cual juzga y condena en base a prejuicios racistas hacia las regiones rurales movilizadas.
¿Por qué Dina sigue en el poder? Una explicación la tenemos en el inquebrantable apoyo de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú, los cuales se están beneficiando en aumentos presupuestarios en la presente escalada represiva y el encubrimiento en los casos judiciales que se han iniciado por las citadas muertes.
Sin embargo gobernar sobre la muerte de la población rural es un gigante con pies de barro. Y en el suelo del país, en las provincias, son muchas las familias que reclaman justicia y reparación de sus derechos políticos usurpados. La movilización en la capital se detiene momentáneamente, pero en las periferias no se dan por vencidos. La protesta, queda dicho, continuará.
Marc Gavaldà, Colectivo Alerta Amazónica (Proyecto Vulneración de Derechos Humanos en la región Sur Andina de Perú, Fons Autonòma Solidària -Universitat Autònoma de Barcelona http://alertamazonica.wordpress.com)
Nota:
1 Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (2023), Dosier Perú: Crisis de representación políticas y demandas indígenas para la descolonización del Estado. http://www.derechoysociedad.org . Comisión Internacional Derechos Humanos (2023), Situación de Derechos Humanos en Perú en contexto de protestas sociales. http://cidh.org. Human Rights Watch (2023), Informe Mundial 2023 Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/peru
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.