El 26 de enero pasado, la empresa Pinturas Modelo, propiedad de Grupo Solid, decidió despedir a la totalidad de sus trabajadores, sin dar ningún tipo de explicación, ni de preaviso. Hace dos meses, la empresa Schneider National Logistics, distribuidora en Nicaragua de los productos de PepsiCo, hizo lo mismo con más de 70 trabajadores. En […]
El 26 de enero pasado, la empresa Pinturas Modelo, propiedad de Grupo Solid, decidió despedir a la totalidad de sus trabajadores, sin dar ningún tipo de explicación, ni de preaviso. Hace dos meses, la empresa Schneider National Logistics, distribuidora en Nicaragua de los productos de PepsiCo, hizo lo mismo con más de 70 trabajadores. En ambas empresas, los trabajadores acababan de organizarse y de conformar un Sindicato.
Marcial Cabrera, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Alimentación de Nicaragua (FUTATSCON), explicó a La Rel que el Grupo Solid, de capital guatemalteco, adquirió Pinturas Modelo a mediados del año pasado y que, casi de inmediato, comenzó a desconocer varios de los derechos adquiridos por los trabajadores en las décadas pasadas.
Ante la actitud de los nuevos propietarios, unos 70 trabajadores y trabajadoras decidieron conformar el Sindicato de Trabajadores de Pinturas Modelo (SITRAPMODELO), desencadenando la reacción de la empresa.
«Entre el 19 y el 23 de enero, la empresa despidió a seis trabajadores, cinco de los cuales eran miembros de la junta directiva del sindicato. De inmediato recurrimos ante las autoridades laborales, y la respuesta de la patronal fue el cierre definitivo de operaciones, supuestamente por restructuración administrativa y empresarial», explicó Cabrera.
El 26 de enero, más de 110 trabajadores encontraron los portones cerrados y nadie que les explicara qué estaba pasando.
Un día después, el Ministerio del Trabajo emitió una resolución que declara ilegal el cierre de la empresa y deja «sin efecto y nulos todos los despidos, por no haber agotado la vía administrativa».
En este sentido, las autoridades laborales determinaron que todas las personas despedidas se encuentran activas «devengando salarios y acumulando prestaciones sociales».
Sin embargo, ante la decisión de Grupo Solid de cerrar la empresa, los trabajadores llegaron a un acuerdo que les garantizó el pago de todas sus prestaciones de ley.
«No estamos satisfechos, porque lo más importante era preservar la fuente de trabajo y la estabilidad laboral. Sabemos que tanto el cierre de la empresa como el despido masivo están relacionados con la conformación del sindicato, y eso lo vamos a seguir denunciando, aunque entendemos las necesidades que tienen los trabajadores», dijo Cabrera.
PepsiCo más de lo mismo. «No necesitamos de este tipo de inversión»
Hace poco más de dos meses, unos 70 trabajadores de la empresa Schneider National Logistics, que en Nicaragua se encarga de la entrega de los productos de PepsiCo y que está vinculada directamente a Embotelladora Nacional S.A. (ENSA), fueron despedidos de la misma forma brutal y totalmente ilegal.
La arremetida se dio menos de 24 horas después de haber conformado un sindicato para defender y hacer valer sus derechos laborales.
Pese a la pronta reacción del MITRAB que, también en este caso, dejó sin efecto los despidos y ordenó el reintegro inmediato de los trabajadores, la empresa hizo caso omiso de la resolución y, ahora, enfrenta varias demandas en los tribunales.
«Introducimos dos demandas ante los juzgados laborales, pidiendo el reintegro de los trabajadores y el cumplimiento de la resolución administrativa de las autoridades laborales.
El próximo 6 de febrero se llevará a cabo la primera audiencia», dijo Cabrera.
El directivo de la FUTATSCON dijo no tener la menor duda de que, detrás de estos despidos masivos, hay una actitud abiertamente antisindical de estas empresas transnacionales.
«¿Cómo es posible que, en forma antojadiza y con prepotencia, arrogancia y con desprecio a la vida humana, estas empresas llegan a nuestro país y despiden a casi 200 trabajadores, solo por el hecho de quererse organizar?
Nosotros estamos a favor y abiertos a que las empresas inviertan en nuestro país, pero no a costa de la pérdida de derechos», concluyó Cabrera.
Fuente: Rel-UITA