El rechazo mayoritario al proyecto de Tratado Constitucional Europeo en Francia y Holanda y los resultados de las elecciones celebradas recientemente en Alemania han venido a confirmar la profunda crisis de legitimidad y de proyecto que afecta a unas elites políticas y económicas empeñadas en proseguir su rumbo neoliberal, antidemocrático e imperialista. A pesar de […]
El rechazo mayoritario al proyecto de Tratado Constitucional Europeo en Francia y Holanda y los resultados de las elecciones celebradas recientemente en Alemania han venido a confirmar la profunda crisis de legitimidad y de proyecto que afecta a unas elites políticas y económicas empeñadas en proseguir su rumbo neoliberal, antidemocrático e imperialista.
A pesar de esas crecientes manifestaciones de malestar popular y de los conflictos surgidos entre los distintos gobiernos en torno a la adopción de las Perspectivas Financieras para 2007-2013, el presidente de la Comisión Europea Durao Barroso ha hecho un llamamiento a favor de la rápida aprobación por el Parlamento y el Consejo Europeos de nuevas directivas que, como la «relativa a los servicios en el mercado interior», conocida como directiva Bolkestein, suponen, en nombre de la «competitividad», nuevos ataques a derechos sociales y ambientales fundamentales.
En efecto, durante este mes de octubre se va a abrir la discusión en una Comisión del Parlamento Europeo sobre la citada directiva para ser sometida posteriormente a debate y votación en el plenario de esa institución. Se trata de una directiva que, pudiendo aplicarse a unos servicios que representan el 70 % del PIB comunitario, establece el «principio del país de origen», según el cual las empresas de servicios en la UE deberán cumplir únicamente los requisitos del país de origen donde radique su sede social; los otros Estados miembros en los que actúen o suministren sus servicios, no podrían imponer restricciones, normas o controles de ningún tipo. Se abriría así la veda para que cualquier empresa, cambiando su sede de país o creando una oficina fantasma en donde mejor le convenga, pueda evitar las leyes, normas y restricciones que en el plano salarial, de horarios de trabajo, estándares de consumo o protección ambiental existan en el país adonde se «desplace». El «dumping» social y ambiental, que está favoreciendo ya las «deslocalizaciones» de las multinacionales, se extendería así a muchas medianas y pequeñas empresas sin que puedan librarse de esa carrera los servicios llamados «de interés general», o sea, la educación, la atención sanitaria, la cultura…. ¡Es el momento de parar esa directiva y de denunciar el fraude que supone la continuación de unas políticas que no harían más que acercarnos a un «modelo» estadounidense cada vez más impopular!
Diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas han llamado a movilizarse en toda la UE el próximo 15 DE OCTUBRE contra una directiva que se inserta, además, dentro del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que la OMC quiere hacer aprobar antes de finales de este año, con la clara intención de obtener una elevación progresiva de la liberalización de los servicios y sin que ningún sector -como la sanidad y la educación- esté excluido a priori. Un sitio web (http://www.stopbolkestein.org ) recoge desde hace tiempo adhesiones a esta campaña en defensa de unos servicios públicos de calidad, de los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y de los consumidores en general.
Espacio Alternativo llama a apoyar todas estas iniciativas, así como a la creación y el impulso de plataformas unitarias que contribuyan a ejercer presión sobre el Parlamento Europeo para impedir la aprobación de esta directiva. Será por ese camino como podremos preparar nuevas acciones y encuentros -como el ya previsto del IV Foro Social Europeo en Atenas, en abril 2006- que nos permitan avanzar en la lucha por la armonización al alza de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de unos servicios públicos de calidad y por una Europa solidaria con los pueblos del Sur.
http://www.espacioalternativo.org