Las ONG denuncian el veredicto -de seis a 18 años de cárcel- y señalan que durante la investigación los sospechosos confesaron bajo tortura.
«¡Escandaloso! Pero, por desgracia, no es sorprendente…» Al igual que muchos defensores de los derechos humanos en Moscú, la representante de Human Rights Watch, Tanya Lokshina, denuncia con tanto horror como impotencia las duras sentencias dictadas por un tribunal militar el lunes 10 de febrero contra siete jóvenes activistas antifascistas de extrema izquierda. Estos anarquistas, presentados como peligrosos «terroristas», tendrán que cumplir condenas de seis a dieciocho años de cárcel, aunque sus confesiones les hayan sido arrancadas en gran parte bajo tortura y no se haya descubierto ningún tipo de plan de ataque o atentado.
«Un nuevo ejemplo de arbitrariedad: acusaciones fabricadas, pruebas inventadas, confesiones forzadas mediante violencia, sentencias severas para asustar a la gente», advierte Tanya Lokshina. «Este caso debería abrirnos los ojos: puede ocurrirle a cualquiera de nosotros que critique al sistema. Esta es la Rusia en la que viven nuestros jóvenes.»
Los siete jóvenes, de entre 23 y 31 años, nativos de Penza, en el centro de Rusia, fueron arrestados en 2017 y 2018. Se les acusa de pertenecer a «Red», una organización catalogada como terrorista por los servicios de seguridad. El FSB (Servicio Federal de Seguridad), heredero del KGB, asegura que querían preparar ataques en 2018 durante las elecciones presidenciales y luego, ese mismo año, durante los partidos del Mundial de fútbol. Las acusaciones nunca han sido confirmadas, no existe ninguna prueba.
«Intento de golpe de Estado»
En cambio, existen sospechas firmes sobre el hecho de que el FSB fabricó la acusación. El objetivo sería mantener la idea de que existe una amenaza sobre el gobierno, lo que permite justificar la represión de la oposición. «Este es un caso clásico», dijo Svetlana Gannouchkina, miembro de la organización de derechos humanos Memorial, con indignación. La ONG había añadido a los siete de Penza a la lista de «presos políticos» durante su detención preventiva y el FSB basó la acusación en confesiones dudosas obtenidas de activistas detenidos en otro caso diferente, un asunto de drogas.
En los últimos años, las autoridades han acrecentado los procedimientos judiciales contra diversos grupos políticos con acusaciones de terrorismo o extremismo. No se trata sólo de organizaciones violentas, sino también de diferentes movimientos políticos o religiosos, moderados y críticos con respecto a las autoridades. Entre ellos: «Nueva Grandeza», un grupo de jóvenes que, a través de Telegram, intercambiaron mensajes contra el Kremlin y se comprometían a actuar para «devolver a Rusia su antigua grandeza».
Al menos un agente del FSB se había infiltrado en el grupo y organizaba prácticas de tiro. El juicio por «organización extremista» e «intento de golpe de Estado» está en proceso. Para cuatro de los acusados considerados «peligrosos», la prisión preventiva acaba de ser prorrogada. Durante una audiencia en octubre de 2019, dos de los sospechosos, que habían solicitado la liberación y el arresto domiciliario, se cortaron las venas en el mismo tribunal.
«Estalinismo»
Si bien los cargos de terrorismo contra los siete jóvenes de «Red» no han sido probados, los acusados, por su parte, demostraron detalladamente las falsificaciones que hay detrás de las acusaciones. El FSB se encargó de colocar armas en las casas de algunos de los sospechosos. Múltiples actos de tortura: violencia física, amenazas con pistolas paralizantes o quemaduras con cables eléctricos para obtener las confesiones. El juez no lo tuvo en cuenta y las quejas presentadas por los acusados a la comisión de investigación no fueron recibidas.
En declaraciones formuladas el año pasado sobre este caso y sobre las acusaciones de tortura contra los «investigadores», Vladimir Putin había pedido que se lo mantuviera informado. «El presidente ha ordenado más de una vez que todo se haga de acuerdo con la ley», dijo su portavoz, Dmitry Peskov, después del veredicto. El jefe del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, Valeri Fadeïev, se negó a comentar el caso o la utilización sistemática de la tortura. Las propuestas hechas por las ONG para cambiar la situación han sido hasta ahora ignoradas.
«Esta condena nos recuerda las de la era estalinista», lamentó por su parte Andrei Kolesnikov, historiador y politólogo del Centro Carnegie de Moscú. «Condenar a un joven a 18 años de prisión cuando no mató ni golpeó a nadie, cuando no robó miles de millones, es lo que se llama estalinismo. En la época de Khrouchtchov e incluso la de Breznev, las penas de prisión eran menores en casos similares. Esto es una demostración de la voluntad del Estado de defenderse contra todo tipo manifestación de descontento.» Es un claro mensaje dirigido a los jóvenes en momentos en que el Kremlin, en respuesta al creciente descontento social ocasionado por la disminución del poder adquisitivo, se prepara para enmendar, de manera urgente, la constitución rusa.
Nicolas Ruisseau, corresponsal en Moscú.
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Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa