Uruguay tiene hoy aproximadamente 3,5 millones de habitantes. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) representa desde 1871 a los latifundistas del país.
Según dato de 2017 el 96% de las tierras uruguayas está en manos privadas; según el Censo Agropecuario de 2011, de las 16 millones de hectáreas con las que cuenta el país, 3 millones, pertenecían a tan sólo 260 productores; y según estimación de los especialistas, hoy al menos la mitad del territorio uruguayo es propiedad de extranjeros (en especial de multinacionales; sólo una de ellas, dedicada a la forestación para la producción de pasta de celulosa, controla más de 250 mil hectáreas). Al mismo tiempo hay que recordar que no hace mucho la ARU se opuso a la promulgación de la Ley que garantizaba la jornada laboral de ocho horas para los trabajadores rurales. Ahora bien en su discurso de mitad de septiembre de 2020, al clausurar la Exposición Rural anual, el actual Presidente de la ARU, Gabriel Capurro, tras reconocer que según datos oficiales un 8% de los uruguayos están en la pobreza, proclamó: “Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana, y es justo que así sea. Las diferencias existen y van existir siempre entre las personas y por lo tanto entre los ingresos, que no pueden ni deben ser iguales”. Y de inmediato, aterrizando esos conceptos, felicitó al actual gobierno derechista por no haber aumentado los impuestos (a los latifundistas, claro), y se pronunció contra la ayuda monetaria directa sin exigencia de contrapartidas a los más necesitados en plena pandemia del COVID19, pues, dijo, eso sería populismo y quebraría la lógica de la retribución habida según el esfuerzo y el mérito; y machacó que son los empresarios quienes crean empleos, y con eso renta y mejoras del nivel de vida de la población en general. Este personaje (que olvida decir que el 85% de los impuestos en Uruguay se captan de los salarios, y sólo el 15% del capital) parece inspirarse en la Teoría de la Justicia de John Rawls, quien sublimando la realidad capitalista, proclamó que son morales las diferencias que supuestamente redundan en beneficio general; de hecho estaba así legitimando las últimas aseveraciones de Capurro, al canonizar como útil para todos el dominio de los capitalistas sobre los medios de producción y su parte de león en la riqueza y renta nacionales.
Por nuestra parte, en óptica ecomunitarista, defendemos (siguiendo y ampliando a Marx) que el principio de distribución que paute a la sociedad (extendida a la Humanidad) sea el que sigue: “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad”.
O sea, reconocemos la diferencia entre las personas, en particular en lo referente a sus capacidades-habilidades productivas y en lo relativo a sus necesidades para desarrollarse plenamente como individuos. Y por eso mismo consideramos que la comunidad debe controlar-gestionar a los medios de producción y repartir los deberes productivos y los frutos de la producción de acuerdo, respectivamente, a aquellas distintas capacidades y necesidades. Eso significa concretamente que en óptica ecomunitarista, si una persona soltera tiene menor capacidad productiva a causa de algún problema físico o mental, y por ello mismo tiene más necesidades que satisfacer para lograr su pleno desarrollo (por ejemplo en atención médica y aparatos para superar sus dolencias), entonces esa persona contribuirá MENOS al fondo social común generado por la comunidad sin patrones, y al mismo tiempo recibirá MÀS de ese fondo común, que otra persona soltera que no padezca aquellos problemas. En esa lógica tampoco interesa la actual escala meritocrática-jerárquica de las profesiones ejercidas temporalmente por cada uno (el Ecomunitarismo pregona el ejercicio rotativo de actividades productivas para las que cada cual se vea inclinado por su vocación y capacitado por su formación, en un sistema de educación universal y gratuita abierta a todos hasta sus niveles más elevados); así si alguien soltero ejerce durante un determinado año la profesión de médico y otra persona se desempeña en ese mismo período como limpiador de calles, pero tiene dos hijos, entonces esta segunda persona tendrá que recibir más del fondo común que la primera, pues sus necesidades familiares son mayores.
Como se ve, al igual que el señor Capurro creemos que las personas son y serán distintas unas de las otras (aquí hemos considerado sólo el aspecto productivo, pero es obvio que esas diferencias se amplían cuando consideramos los gustos, caracteres, etc.); y por eso mismo defendemos un principio de distribución desigual que dé más al que más necesita (en los límites del respeto a los equilibrios ecológicos y de la interculturalidad). Para que ese principio se realice habrá que devolver a la comunidad nacional los medios de producción (como las tierras uruguayas hoy acaparadas por la pequeña oligarquía multimillonaria representada por la ARU), para que sus frutos estén al servicio del desarrollo pleno de cada persona.