Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal […]
Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo «para la pacificación», y se prometió derechos «culturales» a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.
Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio.
Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros.
¿Por qué el Estado asesina a indígenas en Guatemala?
Casi al mismo tiempo que finalizaba el proceso de desarme de las guerrillas en el país, desde la Guatemala profunda emergió una fuerza social sin precedentes del pueblo maya organizado, demandando sus derechos. Esta histórica fuerza social maya ha sido neutralizada por el Estado ladinocéntrico y neoliberal convirtiendo a la dirigencia indígena en funcionarios públicos sin decisión, ni impacto en el Estado. Así, el Estado se mostró al mundo maquillada de «multicultural y pluriétnica», y desmovilizó a las y los indígenas a nivel nacional.
Ante esta estrategia, el movimiento social maya de alcance nacional se recluyó a los niveles locales. Y desde allí, ya sin la presencia de «dirigentes» indígenas como Dña. Rigoberta Menchú, o el partido político indígena Winaq, desafían al Estado excluyente y empobrecedor resistiéndose a ser expulsados o contaminados por proyectos de hidroeléctrica, minería, monocultivos, etc. Los partidos políticos de la derecha, con la finalidad de someter al movimiento indígena, actualmente edulcoran el Congreso Nacional con 20 diputados «indígenas mayas» y 1 de Winaq (en total representan el 13% del Congreso), pero éstos tramitadores serviles que concesionan el país a las transnacionales no tienen legitimidad social en las bases, y éstas se insubordinan aglutinados alrededor de demandas comunes.
Otra razón para matar y escarmentar indígenas movilizados es Guatemala es prevenir al país de «malos ejemplos». El Gobierno de Otto Pérez y la oligarquía criolla saben que las organizaciones indígenas locales que no pudieron desarticularlas en casi dos décadas de «pacificación», se constituyen, en este momento, en un peligro para el Estado etnofágico y oligárquico. Humanamente es casi imposible contener el viento de la transición hacia estados plurinacionales que sopla desde el Sur, sobre todo, desde Bolivia y Ecuador, impulsado por pueblos indígenas. Habrá que conocer la contrapropuesta que tiene el pueblo maya de los 48 cantones de Totonicapán a la multimillonaria propuesta de reforma constitucional que Otto Pérez impulsa actualmente.
¿Importan los acuerdos y convenios internacionales para el gobierno de Guatemala?
Aunque según los datos oficiales del Estado ladinizante, el porcentaje de la población indígena jamás supera el 30% del total de la población del país. Investigadores indígenas independientes, y la realidad social policromática evidencian que alrededor del 60% de la población del país es indígena maya. Más sin embargo, ni tan siquiera está reconocido en la Constitución Política los idiomas nativos como idiomas oficiales. La hipócrita declaración de «pluriétnico y multicultural» (para encubrir el monoculturalismo y negar la posibilidad de la interculturalidad) no es constitucional en Guatemala.
En 1995, luego de más de una década de negociaciones, el Gobierno-Ejército y URNG, firmaron el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce derechos culturales a indígenas, pero de los 52 compromisos para implementar aquel acuerdo, sólo se cumplieron alrededor de 7 (COJTÍ, 2010).
En 1996 el Estado de Guatemala ratificó el Convenio 169° de la OIT. Gracias a los contenidos de este Convenio organizaciones indígenas locales resisten a las mineras, petroleras, palmeras, etc., mediante consultas populares. Pero el gobierno los manda a matar como si el indígena organizado y consciente fuese enemigo del Estado. En 2007, Guatemala, junto a 133 países, aprobó la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero eso fue sólo para arrancar aplausos en las cumbres internacionales, aparentar de pluralista y multicultural y cosechar el dinero de la cooperación internacional. Existen muchos otros convenios y compromisos internacionales sobre derechos humanos incumplidos por el Estado de Guatemala.
Los pueblos indígenas, en el marco de los contenidos del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, presentaron una propuesta de proyecto de Ley Marco sobre Pueblos Indígenas, pero aquella propuesta ha sido archivada porque los tramitadores de las leyes obedecen a los intereses de los patrones y de las empresas multinacionales.
En estas condiciones, al pueblo indígena organizado no le queda más que las calles para incorporar sus demandas históricamente postergadas en la agenda nacional. Masacrando indígenas el Estado de Guatemala ya no podrá apagar el insipiente sueño de la plurinacionalidad e interculturalidad emergente desde los sectores excluidos del país. El siglo XXI es y será la afirmación de la reconstitución de las identidades y autodeterminaciones de los pueblos indígenas subyugados por el fracasado modelo monocultural del Estado nación. La población y la élite privilegiada de Guatemala deben entender que este pueblo no nació para pasar a la historia de la humanidad repudiada por la tozudez y obstinación mental y moral de sus (des)gobernantes.
Muchos países del mundo, ahora en la oscuridad de la crisis del modelo del sistema-mundo-occidental, quisieran tener la mega diversidad de vidas de Guatemala, para aprender de la diferencia fecunda. Pero no la tienen. Nosotros/as, sí. Optimicemos esta fértil diferencia providencial y atrevámonos a ingresar al siglo XXI con nuestra propia luz intercultural.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.