Por primera vez en la historia de Irlanda, la interrupción del embarazo es legal. La votación se produjo después de dos acalorados debates parlamentarios, que en su primera jornada se prolongó hasta las cinco de la madrugada del jueves. La ley será discutida ahora en el Senado.
El del aborto ha sido un debate que ha provocado una gran controversia en la república irlandesa, predominantemente católica y en la que las declaraciones de las autoridades eclesiásticas todavía juegan un papel central en la vida social y política.
Tanto es así que el partido demócrata cristiano mayoritario en la coalición de gobierno, Fine Gael, ha expulsado a la ministra de Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, que rompió la disciplina de partido al votar en contra de incluir la amenaza de suicidio como peligro para la vida de la madre. Durante esta semana, otros cuatros diputados de Fine Gael han sido expulsados del partido. Catorce de los veinte diputados de Fianna Fail votaron contra la ley a pesar de que su líder, Micheal Martin, les había pedido que la apoyaran.
También un diputado de Sinn Féin, Peadar Toibín, rompió la disciplina de partido con su voto en contra y ha sido sancionado con seis meses de suspensión.
Otros diputados de izquierda, tanto independientes como de formaciones socialistas, votaron en contra de la ley al considerarla «insuficiente» para las necesidades de las mujeres irlandesas, ya que no contempla la posibilidad de abortar en casos de violación o incesto, anormalidad del feto o imposibilidad de supervivencia del feto tras el parto.
La nueva ley, que permite el aborto en el supuesto en que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre, fue aprobada por una mayoría de 127 votos frente a 31 diputados que votaron en contra.
Desde la decisión de la Corte Suprema sobre el «caso X» en 1992, el aborto ha sido reconocido constitucionalmente cuando el embarazo suponía un riesgo para la vida -que no para la salud- de la madre. X era una joven de 14 años violada por su vecino, a la que inicialmente los servicios sociales irlandeses le prohibieron viajar a Gran Bretaña para abortar. Pero en los años transcurridos desde aquella decisión, el Gobierno no introdujo cambios en la legislación. Tres mujeres presentaron sus casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2010 condenó al Estado irlandés por no haber regulado el acceso al aborto, lo que suponía una violación de su obligación en base a la Convención de Derechos Humanos.
Pero fue la muerte de Savita Halappanavar, a causa de la septicemia producida durante un aborto espontáneo que no fue terminado médicamente, la que forzó al Gobierno irlandés a tomar cartas en el asunto.