El Archivo del Terror aportó la prueba clave para condenar a militares argentinos

Los detalles del caso no eran conocidos hasta ahora pese a que comenzó en el 2003. El magistrado paraguayo, por exigencia de grupos de derechos humanos nacionales, se había convertido en un referente importante en el juzgamiento de casos del Operativo Cóndor. Por esa razón, el petitorio de que fuera a Buenos Aires portando las pruebas para ayudar a la Justicia del vecino país no sorprendió. Sin embargo, pese a la negativa de la Fiscalía, finalmente la Corte dispuso el paso trascendental.

Santander habla poco, pero dice mucho. Explica que tras su nombramiento en 2002 había empezado a trabajar de cerca con el defensor de DDHH Martín Almada, uno de los propiciadores del hallazgo del Archivo del Terror.

Detalla que cuando llegó a la judicatura, había un expediente abierto por causa genérica del Operativo Cóndor, la internacional criminal montada y operada entre las décadas del ’70 y el ’80 por las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay (en su primera gran fase). Pero no había procesados, tarea que le cupo, alcanzando principalmente a Alejandro Fretes Dávalos (Cóndor 1 en Paraguay) e individualizando a sospechosos y víctimas.

En esa línea, aparecieron como víctimas indiscutibles del Cóndor -que fueron capturados ilegalmente en el exterior y traídos y desaparecidos en Paraguay-: Antonio Maidana, Agustín Goiburú, Federico Tatter, entre otros. Asimismo, engrosaban la lista unos 120 connacionales desaparecidos en Argentina.

Condena a militares

Las causas contra militares de la dictadura argentina habían comenzado en el año 2000 por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 había solicitado sin éxito la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, entre otros procesados. En ese mismo año también fueron rechazados pedidos similares contra los exdictadores Hugo Bánzer (Bolivia) (+) y Alfredo Stroessner (+) (Paraguay) que estaba exiliado entonces en Brasil. El único procesado hasta entonces era el exdictador argentino Jorge Rafael Videla.

La llegada de Santander a fines de 2003 a la Argentina fue providencial porque la causa estaba semiparalizada. El mismo recuerda que llevó la totalidad de copias digitalizadas de los documentos Cóndor y otros legajos del Archivo del Terror; y que aprovechó para recabar datos importantes para las investigaciones que emprendía en Asunción sobre las causas de víctimas del Cóndor.

«A partir de allí cobró impulso el proceso a los militares y la causa fue a juicio oral y luego condena a muchos militares. Ese fue el aporte nuestro»,rememora el magistrado paraguayo.

En julio de 2004, el juez Jorge Urso, quien llevaba transitoriamente la causa, dictó una histórica orden de aprehensión de 12 exmilitares de la dictadura argentina por crímenes de lesa humanidad bajo el Operativo Cóndor.

La noticia que desencadena una tormenta en el mundo castrense y político, provoca que varios de los procesados comparecieran voluntariamente: general retirado Albano Harguindeguy, primer ministro del Interior de la dictadura, que por primera vez era afectado por una orden de detención por violación de DDHH, aunque ya estuviera procesado en otras causas. También el general Fausto González y los coroneles Eduardo Delio y Hugo Pascarelli concurrieron a darse por detenidos. En la lista también estaban entre otros los generales Ramón Díaz Bessone, ministro de planificación e la dictadura, Reinaldo Bignone y José Antonio Vaquero, que se había salvado de un pedido de extradición del entonces juez español Baltazar Garzón, que enjuiciaba a Pinochet en Europa.

Entonces Santander se reunió con Madres de Plaza de Mayo y paraguayos familiares y víctimas de la dictadura para profundizar las investigaciones de las causas que llevaba. Igualmente recibió colaboración de sus colegas del vecino país. Todo eso también ayudó a impulsar posteriormente un banco de sangre para determinar verificaciones genéticas de eventuales restos de desaparecidos que fueron descubriéndose a lo largo de estos tiempos.

Operar en red para hacer Justicia

La iniciativa de sectores sociales paraguayos de aportar las pruebas del Archivo del Terror mediante un juez local, era la manera de inaugurar un modo necesario de articulación regional, explicó Almada. «Si el Operativo Cóndor actuó en red, es lógico que la búsqueda de Justicia también sea en red; por eso la Corte -paraguaya con su entonces presidente Bonifacio Ríos Ávalos- entendió y obró en consecuencia», significó.

El defensor de DDHH también hace hincapié en que la oposición del fiscal Édgar Sánchez (actual aspirante a ser fiscal general adjunto) a que se envíe un magistrado con los documentos del Cóndor a la Argentina, son inexplicables. «Por eso fuimos a la Corte», puntualiza.

El pasado 22 de diciembre se cumplieron 20 años del descubrimiento del Archivo del Terror en el departamento de Producciones de la Policía en Lambaré, a unos 15 minutos de la capital Asunción. Posteriormente fue enriquecido con legajos y acervos recuperados de otras dependencias policiales y militares, sirviendo de base de numerosas publicaciones y documentaciones, aparte de aperturas de causas judiciales y condenas en América y Europa.

Por sus características, constituye el mayor y más completo acervo de una dictadura latinoamericana, declarado por la Unesco en julio de 2009: Memoria del Mundo.