Con casi 10 mil infectados por el COVID 19 y cerca de un centenar de decesos contabilizados hasta el último jueves de marzo, Suiza sigue esperando en los próximos días un pico nacional de la pandemia. Nunca antes visto en su historia del último siglo -ni aun durante la 2ª Guerra Mundial-, el país funciona hoy en cámara lenta.
Escuelas, colegios y universidades clausurada. Casi todos los comercios -salvo supermercados, panaderías, carnicerías y quioscos- cerrados desde mitad de marzo. Una parte significativa de la industria y la construcción en desempleo parcial. El turismo totalmente congelado. Transporte público, con menos de la mitad de su flota. Aeropuertos con actividad diezmada. Ambiente surrealista, solo apenas mitigado por la primavera que acaba de comenzar.
Situación bastante similar a la de la mayoría de los países europeos. Continente que soporta una invasión silenciosa, sin armas de guerra, pero de resultados devastadores para los seres humanos, la economía y la estabilidad social. Región particularmente dramática el norte de Italia, sumida desde un par de semanas a una tragedia de dimensiones dantescas.
Salud pública, bien social o mercancía
Y junto a la pandemia, la explosión de numerosas paradojas que envuelven tanto a Europa como al planeta entero.
Potencias mundiales, como Italia y Francia, cuentan hoy con estructuras hospitalarias muchas veces destartaladas y que ya estaban al borde del colapso antes mismo de la epidemia: carencias de máscaras para el personal médico o paramédico; insuficientes reactivos para chequear a la gente; e incluso, falta de desinfectante para las manos, esencial para confrontar el avance de la enfermedad.
Radiografía que, con matices, se extiende a otros de los países del continente. Aspecto dramático: la insuficiente cantidad de respiradores mecánicos, esenciales en las estaciones de cuidados intensivos, para los pacientes que como producto de las neumonías graves se debaten entre la vida y la muerte. Y tras esas carencias la concepción sistémica preponderante, que considera a la salud pública como un “gasto”, y viene promoviendo desde años la privatización del sector con sus consecuencias visiblemente nefastas.
Pesadilla particular, por ejemplo, en Francia, que desde 2010 con Sarkozy empezó a protagonizar una privatización acelerada de la salud, con consecuencias inimaginables para el sistema sanitario. 2019 había sido ya un año de intensas movilizaciones de los trabajadores del sector. Iniciadas en marzo, fueron aumentando en potencia hasta que el 15 de noviembre miles de profesionales del sector salieron a la calle en todo el país convocados por el Colectivo Inter-Hospitales. Personal de 268 establecimientos de salud apoyaron la protesta, fundamentalmente centrada en las deficientes condiciones de trabajo en el área, los bajos salarios, y la saturación de las salas de emergencia, insuficientes para la demanda en ese momento cuando todavía no se hablaba de pandemia.
Ante la crisis, la vuelta a las fronteras
La sacrosanta “libre circulación de personas”, a la base misma del Estado continental europeo, desapareció aceleradamente, en pocos días, cuando el tránsito de país a país fue cayendo como piezas de un gran dominó.
Ante la desesperación de asegurar, prioritariamente, la atención sanitaria de sus propios habitantes, muchas de las 26 naciones fueron reinstalando sus antiguas fronteras. Las previas al 14 de junio de 1985, cuando se firmó el Acuerdo de Schengen, con la idea de levantar una muralla migratoria que protegiera el continente, sobre todo, de las crecientes migraciones del sur y del este.
Tratado que, en ejecución desde 1995, regía el libre movimiento al interior del Espacio del mismo nombre, es decir, del conjunto del continente, donde viven más de 400 millones de habitantes. Ante la crisis, de nuevo, el ¡sálvese quien pueda… y como pueda!
Las víctimas del desempleo
Ante la crisis sanitaria, sus imponderables, miedos estructurales reales o ficticios, ya se anticipa la tendencia a una explosión descontrolada del desempleo. Y se empieza a dibujar el rostro de quiénes pagarán el precio principal de los corolarios coronavirales.
Un estudio que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el miércoles 18 de marzo en su sede de Ginebra pronostica, en el peor de los escenarios, 24,7 millones de desempleados producto de la actual situación sanitaria mundial (https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739398/lang–es/index.htm)
“El COVID-19 y el mundo del trabajo: consecuencias y respuestas”, enfatiza que el impacto podría ser más pesado que lo que se vivió durante la crisis del 2008-2009, que implicó 22 millones de desempleada-os adicionales.
La OIT anticipa un aumento exponencial del subempleo y enormes pérdidas de ingresos para los trabajadores. Las eventuales pérdidas podrían ubicarse entre 860.000 millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses cuando concluya el 2020. La pandemia “tendrá un efecto devastador para los trabajadores que ya se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza”. Entre 8,8 y 35 millones de personas más, caerán en la situación de pobreza a nivel mundial. Principales afectados: las mujeres, los migrantes y, en particular en los países en desarrollo, los trabajadores por cuenta propia.
Pandemia con países bloqueados
Paradoja recientemente denunciada por la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Se extiende la pandemia; casi 3 mil millones de personas se encuentran bajo medidas de confinamiento en el mundo y, a pesar de esta realidad dramática, continúan los bloqueos contra algunas naciones, complicándoles la llegada de medicamentos, productos sanitarios, reactivos etc.
Ejemplo concreto en el concierto latinoamericano: las sanciones vigentes contra Cuba y Venezuela. “Las sanciones sectoriales de amplio espectro que aplican a países que enfrentan la pandemia de coronavirus, como Cuba y Venezuela, deben ser reevaluadas de manera urgente”, aseguró Michele Bachelet el martes 24 de marzo (https://news.un.org/es/story/2020/03/1471652)
Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos castigos podrían tener una repercusión negativa sobre el sector salud y los derechos humanos. Es fundamental que se evite “el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación el contagio” afirmó Bachelet desde Ginebra.
Paradoja doble si se piensa que centenares de médicos cubanos se están desplazando en los últimos días en brigadas profesionales de solidaridad a diversos rincones del planeta, entre los cuales Italia, Centroamérica y próximamente, incluso a Argentina.
El trabajo a domicilio, un sofisma
En muchos países, patrones y Estados, recetan el trabajo a domicilio (“home office”) como respuesta a la crisis sanitaria y para asegurar que no se paralice el funcionamiento del sistema.
Sin embargo, según las propias Naciones Unidas, existen actualmente en el planeta 1.800 millones de personas sin vivienda, en tanto el 25 % de la población urbana vive en asentamientos ilegales. Imposible imaginar, por ejemplo, ni confinamiento, ni aislamiento habitacional, ni mucho menos trabajo a domicilio en muchos de los países del África subsahariana, donde predominan las viviendas modestas y el trabajo informal.
Cifras y porcentajes, coincidentes, en términos generales, con los sectores carenciados en situación de pobreza, de miseria extrema, o que arañan algunas de esas categorías.
Consecuencias paradójicas de una situación dramática no prevista hace solo 2 o 3 meses: los miles de muertes (y centenas de miles de enfermos), así como las expresiones con rostro humano de un modelo planetario hegemónico, injusto y antisocial.