En las últimas décadas, varias municipalidades francesas han utilizado todos los medios a su alcance para hacer desaparecer de la escena pública a las poblaciones marginales. Un fenómeno que sigue ganando terreno y que plantea una cuestión crucial: ¿quién tiene derecho a la ciudad?
Traducción de Correspondencia de Prensa
En Angulema (Charente, sudoeste de Francia), desde el 12 de julio, un decreto municipal prohíbe a las personas «pararse», «sentarse» o «acostarse» en la vía pública si obstruyen la circulación. En respuesta a las numerosas quejas de los vecinos sobre las aglomeraciones de personas en la plaza del Campo de Marte, el gobierno municipal tomó esta sorprendente decisión en pleno verano.
«Queda prohibido sentarse o acostarse cuando constituya un obstáculo para la circulación […] así como permanecer de pie cuando dificulte claramente la circulación de personas, la fluidez del paso o la seguridad en las vías y espacios públicos», señala la ordenanza presentada por el Municipio como medida para combatir la presencia de marginales en la plaza.
La policía municipal, que está empezando a formarse en la materia, podrá sancionar a los infractores con una multa de 35 euros. En la línea de mira: «los grupos de individuos inmóviles o poco móviles, acompañados o no de animales, que muestren un comportamiento perturbador, provocador u obstaculizante». Ubú rey en el texto. Y una nueva y absurda caza administrativa anti-marginales.
La Liga de Derechos Humanos (LDH), a la que se sumaron otros treinta demandantes -asociaciones, representantes electos y vecinos-, presentó un recurso de medidas provisionales ante el tribunal administrativo, que deberá pronunciarse el 1° de agosto. Un colectivo de vecinos y asociaciones también envió una carta al intendente de derecha Xavier Bonnefont, quien ya se había hecho notar en 2014 al querer instalar «vallas anti-sin techo» en los bancos públicos de la plaza del Campo de Marte de Angoulema.
Si bien la oposición municipal reconoce que existen problemas de «tráfico de drogas y de consumo de alcohol en esta plaza», plaza a la que se destina especialmente la ordenanza municipal, se opone a una ordenanza que es «vergonzosa» y que no solucionará nada. «Esta ordenanza es una maniobra de comunicación a costa de los más precarios, afirma el edil de izquierda Raphaël Manzanas. Las infracciones previstas ya están contempladas por la ley: emborracharse o tráfico de drogas en la vía pública ya está castigado con una multa».
La redacción peculiar de la ordenanza municipal deja la puerta abierta a todo tipo de excesos. «Si me paro en la calle a mirar el móvil y estoy obstruyendo la circulación, quedo expuesto a una multa, bromea el concejal de la oposición. Y ¡buena suerte para cobrar las multas a las personas más precarias!»
Según Raphaël Manzanas, «los que se reúnen en esta plaza son náufragos de la vida o personas de paso» por las que el municipio hace muy poco. «Tenemos un centro de acogida diurna mal adaptado, con sólo una o dos duchas, y las estructuras de apoyo social están infradotadas», insiste.
Además de la dimensión social, que no quedará resuelta por una ordenanza municipal, la ocupación de la plaza del Campo de Marte es también un problema de urbanismo «con una gran plaza vacía y mineral en la que no pasa nada. Tenemos un municipio que tiene problemas para gestionar 50 metros cuadrados de espacio público», añade ofendido el político de izquierda.
Seguridad y mercantilización del espacio urbano.
El alcalde de Angulema no es el primer intendente que trata de imponer restricciones administrativas a la ocupación del espacio público, aunque ello suponga excluir de la ciudad a una parte de la población cuyas prácticas se consideran desviadas. Antes que él, Gaël Perdriau, alcalde de Saint-Étienne (Loira), firmó un decreto similar en el verano de 2015, cuando aún era miembro del partido Les Républicains (LR, de derecha). Prohibía «toda ocupación abusiva y prolongada de las calles […], acompañada o no de pedidos a los transeúntes, cuando éstas pudieren obstaculizar la libre circulación de las personas o atentar contra la tranquilidad pública, el buen orden y la higiene».
En realidad, el decreto se dirigía claramente a las personas sin techo, pero sin nombrarlas, llegando a sancionar «la reunión de más de dos perros que realicen una o varias paradas en posición acostada» o «la presencia de más de tres personas en la vía pública que causen molestias inmediatas a los usuarios tocando música audible para los transeúntes o hablando en voz alta». El texto, ya denunciado por la LDH como medida segregadora, había sido validado por el tribunal administrativo de Lyon (Ródano) y finalmente anulado por el Consejo de Estado en 2021.
Desde la década de 1990, varias autoridades locales erigieron en política pública la lucha contra la presencia de personas sin hogar en el centro de sus ciudades. Fue el caso de Carcasona (Aude) y Montpellier (Hérault) en 1993, seguidos al año siguiente por Aviñón (Vaucluse) y Niza (Alpes Marítimos). O a través de medidas contra los sin techo. En los últimos años, los bancos unipersonales y los pinchos han ido apareciendo en las ciudades con la misma rapidez que los porteros automáticos y las cámaras de videovigilancia.
Con el correr del tiempo, la planificación urbana se ha convertido en un instrumento para excluir a las personas acusadas de ser responsables de la inseguridad en el centro de las ciudades. «Las disposiciones contra la mendicidad son, de hecho, el aspecto más visible de las políticas destinadas a utilizar el espacio como herramienta de control de la población», afirma Hugues Bazin, investigador en ciencias sociales del Laboratoire d’innovation sociale par la Recherche-Action (http://recherche-action.fr/labo-social/).
Los urbanistas y los responsables públicos comparten de manera bastante amplia la convicción de que se puede utilizar la planificación territorial para hacer que las ciudades sean más seguras. Además de las medidas contra los sin techo, todo lo que pueda servir de pretexto para una reunión espontánea va siendo eliminado progresivamente. Los bancos son cada vez más escasos en las ciudades, o están equipados con posa razos centrales que impiden que la gente se acueste.
El modelo de banco «sentado-de pie», ligeramente inclinado, es también frecuente en las ciudades que quieren exhibir su dinamismo y ocultar sus poblaciones vulnerables, como lo analizó el filósofo del urbanismo Mickaël Labbé en Reprendre place. Contre l’architecture du mépris (Payot, 2019). «Esta ciudad que busca volverse inhóspita para algunos» dotándose de este mobiliario urbano «defensivo» plantea una cuestión esencial: «¿Quién tiene derecho a la ciudad?».
«El lenguaje de la ciudad articula palabras de desprecio y de no reconocimiento que se instalan en los pliegues del espacio urbano. Un lenguaje que resulta tanto más insidioso cuanto que parece silencioso y sin violencia aparente», escribe Mickaël Labbé. A falta de mobiliario urbano acogedor, los jóvenes de los barrios populares han adoptado la costumbre de instalar sillas de camping plegables al pie de los bloques de edificios.
Según Hugues Bazin, el uso del mobiliario urbano con objetivos securitarios ha preparado el terreno para la ofensiva legal en Angulema. En 2014, la capital de la región de Charente ya había causado indignación al cercar los bancos públicos para impedir que se reunieran las personas sin techo. «La voluntad política de mantener alejadas a las poblaciones indeseables sigue siendo la misma, aunque antes se ocultara tras una lógica técnica, explica el investigador. Gentrificación, medidas contra los sin techo y ahora ordenanzas municipales: la soga se aprieta en torno a los sin techo y contribuye a convertirlos en ciudadanos de segunda clase».
En su opinión, esta voluntad de regular la ocupación del espacio público procede de una lógica neoliberal de mercantilización de las ciudades: «Existe una alianza objetiva entre la securización del espacio y su mercantilización. Los territorios están inmersos en una dinámica competitiva en la que buscan volverse atractivos. La clave del atractivo reside tanto en la seguridad como en la presencia de comercios y lugares de consumo. Pero también depende de la fluidez de los desplazamientos. Todo lo que restrinja la capacidad de desplazarse se convierte en un problema, y cualquiera que ocupe un espacio sin consumir es considerado como un estorbo».
Hugues Bazin concluye: «El efecto de estas políticas de control del espacio público es la devaluación de la ciudadanía en beneficio de nuestra capacidad de consumir».