Un fantasma recorre El Salvador. Es el fantasma de la reforma al sistema de pensiones. Contra esta reforma se han unido como feroz jauría los defensores y voceros de la oligarquía neoliberal, encabezados por la ANEP, FUSADES, el Grupo Altamirano y la Tele Corporación Salvadoreña, que arremeten contra una reforma que podría significar el principio […]
Un fantasma recorre El Salvador. Es el fantasma de la reforma al sistema de pensiones. Contra esta reforma se han unido como feroz jauría los defensores y voceros de la oligarquía neoliberal, encabezados por la ANEP, FUSADES, el Grupo Altamirano y la Tele Corporación Salvadoreña, que arremeten contra una reforma que podría significar el principio del fin de la trampa neoliberal en la que han sumido a la sociedad salvadoreña desde 1989 a la fecha.
¿A qué le tienen tanto miedo estos sectores? ¿Qué les motiva a transformar a los medios de comunicación en artefactos propagandísticos que esparcen mentiras y crean temor sobre esta reforma? ¿Por qué tantos columnistas, analistas y presentadores sacrifican la poca o mucha credibilidad que aún les queda para convertirse en corifeos de las insensateces que emanan de los patrocinadores de la contra-reforma del sistema de pensiones?
Para comprender tal paranoia oligárquica es preciso recordar los objetivos de la privatización de sistema previsional impulsada en 1998, que estaban enfocados en la profundización del modelo económico neoliberal siguiendo a pie juntillas los lineamientos del Consenso de Washington y las propuestas de los grupos empresariales que le dieron vida a FUSADES en 1983.
La reforma de pensiones tenía en primer lugar convertir el derecho humano a una pensión de vejez en un negocio al servicio de la obtención de ganancias del Capital financiero. Debe tenerse en cuenta que durante el período 2000-2014, las administradoras privadas de pensiones (AFP) tuvieron ganancias de $255 millones de dólares lo que les permitió recuperar el capital social invertido 8.8 veces. Esto equivale a una rentabilidad anual promedio de 59%, probablemente una de las tasas más elevadas que existen en la actualidad. ¿No es comprensible que el Capital financiero tenga temor que una reforma al sistema de pensiones pudiera reducir o eliminar esa alta tasa de rentabilidad?
En segundo lugar, la privatización del sistema de pensiones formó parte de la estrategia de debilitamiento económico del Estado salvadoreño que comenzó con la reducción de impuestos a la importación, la privatización de las telecomunicaciones, la concesión de servicios públicos, la firma de acuerdos de comercio e inversión y la eliminación de la política monetaria mediante la dolarización del sistema monetario.
En tal sentido, cualquier mención de una reforma al sistema de pensiones que incluya la restitución total o parcial de un sistema público, inevitablemente producirá en la oligarquía neoliberal un comportamiento hipocondríaco (y hasta alguno que otro brote psicótico) tan solo de imaginar que su preciado paradigma del «más mercado y menos Estado» se encuentra bajo amenaza.
Y en tercer lugar, y no menos importante, la privatización de pensiones de 1998 tuvo un claro objetivo político ideológico: debilitar la conciencia de clase y las relaciones de solidaridad entre la clase trabajadora, que como bien se sabe, constituyen el fundamento del poder de los trabajadores y trabajadoras frente al Capital.
La eliminación del sistema de reparto y su sustitución por un sistema de cuentas individuales y de capitalización individual ha tenido como resultado debilitar el «nosotros (as)» y fortalecer el «yo» entre la clase trabajadora salvadoreña. Con ello se han visto favorecidos los negocios de la oligarquía neoliberal que incrementa su ultra-riqueza a gracias a sindicatos débiles y a trabajadoras y trabajadores desorganizados e inmovilizados, que se someten al Capital sin luchar por sus intereses de clase. Es por esta razón que los trabajadores y trabajadoras son considerados los principales destinatarios de la actual campaña de miedo que ha orquestado la oligarquía neoliberal para mantenerles atados a un sistema privado de pensiones que va en contra de sus derechos e intereses de clase.
La reforma de pensiones anunciada por el gobierno ni es una reforma radical ni tampoco es una reforma integral, pero la clase trabajadora puede convertirla en una oportunidad de comenzar a construir las condiciones políticas que conduzcan en el mediano plazo un sistema público de seguridad social que tenga en el centro la solidaridad intergeneracional, la equidad de género y la justicia social para garantizar las necesidades del cuidado a las personas adultas mayores, independientemente de sí han contribuido o no a un fondo de pensiones.
A diferencia del Capital, los trabajadores y trabajadoras no tienen nada que perder con la reforma al sistema privado de pensiones, pero en cambio sí tienen mucho que ganar con una reforma que ponga al país en el rumbo a un sistema público basado en la universalidad y la solidaridad de las pensiones. Pero para lograr esto y no perder el rumbo entre la demagogia gubernamental y el oportunismo empresarial, como dice Frei Betto, hay que trabajar mucho en la formación ideológica durante todo este proceso.
Julia Evelyn Martínez es profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador.
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