Al Grupo de los 20 (G-20) de países industrializados y emergentes le espera un año y medio de intensos debates antes de reencontrarse, bajo la mirada de organizaciones sociales decepcionadas de sus decisiones en su cumbre en México, enfocadas en las finanzas. Al concluir la séptima reunión de jefes de Estado y de gobierno, realizada […]
Al Grupo de los 20 (G-20) de países industrializados y emergentes le espera un año y medio de intensos debates antes de reencontrarse, bajo la mirada de organizaciones sociales decepcionadas de sus decisiones en su cumbre en México, enfocadas en las finanzas.
Al concluir la séptima reunión de jefes de Estado y de gobierno, realizada el lunes 18 y el martes 19 en la noroccidental ciudad de Los Cabos, el bloque acordó encontrarse en septiembre de 2013 en la ciudad rusa de San Petersburgo, para revisar el cumplimiento de sus compromisos y adoptar otros.
Organizaciones de la sociedad civil se declararon «más que decepcionadas» por acuerdos que excluyeron la adopción de medidas agresivas contra la crisis alimentaria, la pobreza y el cambio climático.
Los gobernantes solo tuvieron ojos y tiempo para debatir y hacer planteamientos sobre la llamada crisis de la zona euro, con la situación de emergencia de Grecia y España gravitando sobre discursos y resoluciones. El G-20 ha asumido en los últimos cuatro años una especie de papel de directorio sobre la crisis financiera mundial, por encima de otros bloques.
El fortalecimiento de los mecanismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo prioridad sobre asuntos como el empleo, la equidad de género y la protección ambiental, se quejaron organizaciones participantes en la paralela Cumbre de los Pueblos, realizadas en La Paz, a 120 kilómetros al norte de Los Cabos.
«El G-20 no ha estado a la altura de las necesidades de los pueblos. La declaración está bastante débil, no menciona acciones para detener la volatilidad de los precios de los alimentos, la producción de biocombustibles y apoyos a los pequeños agricultores», denunció a IPS el director de la oficina mexicana de Oxfam Internacional, Carlos Zarco.
Oxfam fue una de las organizaciones que pidieron a los gobernantes del G-20 detener la volatilidad de los precios de la comida, crear reservas estratégicas de alimentos, frenar y regular el acaparamiento de tierras, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y regular los paraísos fiscales.
La declaración final de Los Cabos aludió a temas como estabilización económica y recuperación global, empleo y protección social, comercio, fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y reforma del sector financiero y promoción de la inclusión financiera
Asimismo, se refirió a la mejora de la seguridad alimentaria y abordaje de la volatilidad de los precios de las materias primas, desarrollo, crecimiento verde y lucha anticorrupción.
«Reconocemos que el aumento de la producción y la productividad sobre una base sustentable, que considera la diversidad de las condiciones agrícolas, es uno de los retos más importantes que el mundo enfrenta», cita el documento pactado por las delegaciones.
En ese sentido, los gobernantes concluyeron en que «un sistema comercial más estable, predecible, libre de distorsiones, abierto y transparente tiene un rol crítico que jugar para promover la seguridad alimentaria».
Al G-20 pertenecen el Grupo de los Ocho países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia), junto a Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, así como a la Unión Europea (UE) como tal.
A las deliberaciones de dos días asistieron en calidad de invitados Colombia, Chile, Perú, Benín, Camboya y España, presente en las citas desde 2008.
La agenda para la cumbre incluía cinco prioridades, entre las que figuran estabilidad económica y reforma estructural para el crecimiento y el empleo, fortalecimiento de los sistemas financieros e inclusión financiera para el crecimiento económico y la mejora de la arquitectura financiera internacional.
Además, mitigar los efectos negativos sobre el nivel de precio y la volatilidad de las materias primas y promover el desarrollo sustentable. Pero fueron los temas financieros los que acapararon la atención.
John Kirton, codirector del Grupo de Investigación del G-20 en la estatal Universidad de Toronto, vio avances significativos, pero olvidos preocupantes.
«Hubo una forma coherente de abordar las prioridades para crear empleos, crecimiento, regulación financiera, reforma de las instituciones financieras. También algunas sorpresas útiles en la agenda de las mujeres y por primera vez analizó cuestiones de seguridad social», señaló el académico.
Además, tocó por primera vez desde 2008 temas como una agenda de género y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pero, a su juicio, hubo omisiones sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, la salud humana y los emprendedores jóvenes, de los que hay 75 millones desempleados en el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, presente en la cumbre.
En la primera cumbre del G-20 en América Latina, el Grupo de Investigación publicó el Reporte de Cumplimiento Final de los compromisos asumidos en la anterior reunión, celebrada en 2011 en Francia, en el cual halló una observancia de 77 por ciento, algo mayor que la del año precedente, en Corea del Sur.
Los más cumplidos fueron Gran Bretaña, la UE, Italia, Canadá y Australia y los temas con mayor grado de respeto fueron tecnologías limpias, restricciones a la exportación de alimentos e instituciones financieras.
En 2011 los gobernantes asumieron 282 compromisos, de los cuales el análisis -elaborado también por expertos del Instituto de Investigación de Organizaciones Internacionales de la Alta Escuela de Economía de la Universidad de Investigación Nacional- se enfocó en 16 prioridades.
En la Declaración de Los Cabos, el bloque se comprometió en al menos 95 acciones, aunque no hubo alusiones al documento final de la anterior cumbre.
Una medida llamativa fue la decisión de aportar 456.000 millones de dólares al FMI, de los cuales China se hizo cargo de 46.000 millones y México desembolsará 10.000 millones. En abril, el gobierno del conservador Felipe Calderón entregó al organismo internacional otros 8.000 millones.
Ese financiamiento generó molestia entre la sociedad civil mexicana, pues no vieron la misma premura en destinar fondos a la lucha contra la pobreza o el cambio climático.
«No es justo el desbalance entre la importancia que los estados le dan al sistema financiero y el abandono del sistema social», resaltó Zarco.
Entre los pocos anuncios sobre alimentación, Australia Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Italia y la estadounidense Fundación Bill y Melinda Gates lanzaron la iniciativa «Ag Results», que busca mejorar la producción alimentaria en países en desarrollo mediante la entrega de incentivos por logros obtenidos.
La iniciativa, que aspira a sumar 100 millones de dólares en tres años, ofrecerá incentivos financieros para organizaciones que sean capaces de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías a precios accesibles para productores en países en desarrollo.