Desde su inicio, el gobierno del militar Otto Pérez Molina ha preferido llevar a cabo una agenda que mantuvo oculta durante la campaña electoral y que impuso por sobre una agenda orientada a resolver los problemas que enfrenta la mayoría de nuestro pueblo. Este gobierno se ha volcado, por un lado, a garantizar los negocios […]
Desde su inicio, el gobierno del militar Otto Pérez Molina ha preferido llevar a cabo una agenda que mantuvo oculta durante la campaña electoral y que impuso por sobre una agenda orientada a resolver los problemas que enfrenta la mayoría de nuestro pueblo. Este gobierno se ha volcado, por un lado, a garantizar los negocios a sus financistas y, por otro y de forma complementaria, a garantizar el saqueo de la minería, hidroeléctricas y demás proyectos extractivos.
Con ello no solamente está vulnerando aun más los derechos a la salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros, sino además gesta la profundización de un modelo de «desarrollo» que supedita la seguridad y soberanía alimentaria, las necesidades del área rural y de la economía campesina, la demanda de empleo formal y digno para todas y todos los guatemaltecos, la seguridad que fue una de sus promesas de campaña, sólo para mencionar algunos de los graves efectos de las políticas de este gobierno militar y corporativo.
Una gestión así, entonces, no puede sino generar descontento y protesta social. Ante un modelo basado en la explotación, el expolio y la exclusión exacerbada, los movimientos sociales, comunidades, pueblos y diversos sectores, entre ellos el científico, han reaccionado planteando críticas, propuestas y demandas. Comunidades y pueblos a través de autoridades propias y gobiernos municipales, han llevado su ejercicio ciudadano al extremo, y han realizado más de setenta consultas comunitarias como actos de profunda democracia para decidir sobre actividades que son consideradas lesivas para el ambiente, la economía campesina, local y nacional. Son consultas que desde un gobierno verdaderamente democrática permitirían gestar un modelo de desarrollo alternativo para garantizar la solución de los problemas nacionales, satisfacer las necesidades mayoritarias, convertirnos en un país soberano y no supeditado a la ideología e interés de las empresas transnacionales y grupos corporativos locales.
La falta de respuestas coherentes del Estado y del gobierno actual a la demanda y actitud democrática ciudadana, explican por qué varias comunidades, pueblos y movimientos sociales, además de consultas, han generado otro tipo de acciones para hacerse escuchar ante proyectos impuestos. Y siendo el carácter militar y corporativo del actual gobierno, su respuesta ha sido el uso de la fuerza extrema, como la utilizada en contra del pueblo k’iche’ en la Cumbre de Alaska, o el estado de sitio y represión en Santa Cruz Barillas, la presencia militar y policial en San José del Golfo, entre otros casos ilustrativos.
Estas acciones corroboran la orientación del gobierno señalada al inicio de este artículo: gestión de una política para facilitar el saqueo de nuestros territorios. Pero más allá, no solamente actúa contra los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino además, instituye la continuidad del Estado racista, que sigue negando la existencia de sujetos colectivos como los pueblos indígenas, de sus sistemas jurídicos, de sus formas de organización, consulta, decisión y autoridad, con lo cual viola, asimismo, el Convenio 169 de la OIT (de carácter constitucional al ser materia de Derechos Humanos), instrumento que los faculta a decidir sobre su propio desarrollo, a ser consultados por el Estado cuando existan proyectos que puedan afectarles.
Es esto lo que ocurre con el estado de sitio en municipios de Jalapa y Santa Rosa, donde el pueblo xinca ha desplegado sus formas de organización, toma de decisiones y sus estructuras de autoridad, en contra de un proyecto minero impuesto. Y la respuesta del gobierno ha sido reprimir y establecer un estado de sitio con dantesca presencia militar que recuerda los años de terror implementados por el Estado a través del ejército y la policía, todo ello para perseguir a las autoridades xincas y amedrentar la resistencia de un pueblo que exige decidir sobre su propio destino. Un estado de sitio justificado falsamente en el combate al narcotráfico y crimen organizado, amparado en una constitución de origen contrainsurgente y avalado por medios escritos, radiales y televisivos propiedad de los grupos corporativos y del capital transnacional, sin faltar la venia del capital organizado en el CACIF.
Con este estado de sitio que, como dicen autoridades xincas, es más un estado de guerra contra su pueblo, el gobierno está asumiendo una práctica fascista antagónica a las búsquedas democráticas. Asimismo, está generando las condiciones para lograr todo lo contrario de lo que argumenta para justificar su estado de sitio: ingobernabilidad, orden militarizado e inseguridad para la ciudadanía.
En lugar de llevar escuelas, hospitales, vivienda digna, apoyo a la economía campesina, etc. al pueblo xinca, el gobierno de la mano dura está llevando ametralladoras, tanquetas, amenazas, saqueo minero.
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